Listas inaceptables

El Defensor del Pueblo ha hecho un sombr¨ªo diagn¨®stico sobre las listas de espera de la sanidad p¨²blica, en las que m¨¢s de 300.000 personas aguardan turno para una operaci¨®n quir¨²rgica, que en el caso de unos 18.000 pacientes supera los seis meses, el tiempo m¨¢ximo recomendado por los especialistas. ?ste es un mal antiguo y cr¨®nico, "cl¨ªnica y socialmente inaceptable", seg¨²n acertada calificaci¨®n del Defensor, que corroe el sistema sanitario y que los responsables del Gobierno del PP hicieron creer en alguna ocasi¨®n que hab¨ªan conseguido erradicar.

El informe pone al descubierto una realidad que las administraciones p¨²blicas -estatal y auton¨®mica, sea cual sea su color pol¨ªtico- intentan ocultar o dulcificar. Al equipo del Defensor del Pueblo le ha costado lo suyo obtener datos en centros hospitalarios y de salud p¨²blicos, a pesar de que la Constituci¨®n ordena a las administraciones suministr¨¢rselos. En ocasiones, sus t¨¦cnicos han debido recurrir a t¨¢cticas de camuflaje, como hacerse pasar por pacientes para obtener informaci¨®n. Quiz¨¢s las administraciones sanitarias practican el oscurantismo informativo ante la escasa solvencia y credibilidad que le merecen los datos de que disponen. Pero es intolerable la falta de transparencia informativa en un servicio p¨²blico, y tanto m¨¢s cuando obstaculiza la labor del Defensor del Pueblo.

La existencia de listas de espera razonables no es en s¨ª misma cuestionable. Es consecuencia de las inevitables carencias y limitaciones del sistema p¨²blico de salud. Pero las ingentes cantidades de pacientes que aguardan su primera cita con el especialista -casi un mill¨®n y medio- y las descomunales listas de espera quir¨²rgicas s¨®lo pueden deberse a una preocupante falta de agilidad del sistema sanitario y a una gesti¨®n deficiente de sus recursos. Ante el fen¨®meno evidente de un crecimiento de la demanda, originado por una mayor esperanza de vida y por el propio progreso de la medicina, el sistema sanitario p¨²blico sigue sin encontrar respuestas adecuadas ni en cuanto a gesti¨®n ni en cuanto a dotaci¨®n presupuestaria.

Si grave es la existencia de unas listas de espera tan abultadas, m¨¢s grave es, por el riesgo que implica para la salud, que entre los pacientes que aguardan una intervenci¨®n quir¨²rgica el 6% haya superado el l¨ªmite m¨¢ximo de seis meses de espera recomendado y que el 22% de los pacientes que tienen cita con el especialista lleven m¨¢s de dos meses sin que esa cita se haya cumplido, en contra las normas del Ministerio de Sanidad. El Tribunal Supremo ha establecido una clara responsabilidad objetiva por parte de la Administraci¨®n sanitaria, incluso con derecho a indemnizaci¨®n en caso de secuelas, por la tardanza excesiva o por una gesti¨®n de las listas que no alcance los niveles de diligencia exigibles en el tratamiento de las dolencias diagnosticadas.

El informe del Defensor del Pueblo se produce un a?o depu¨¦s de haber concluido el proceso de transferencias sanitarias a todas las comunidades aut¨®nomas. Pero ser¨ªa un error responsabilizar a las autonom¨ªas por una situaci¨®n heredada y que es todav¨ªa directamente imputable al Gobierno central, cuya pol¨ªtica presupuestaria de d¨¦ficit cero se ha hecho sentir especialmente en la sanidad p¨²blica. Al Gobierno le corresponde, seg¨²n el anteproyecto de la futura Ley de Cohesi¨®n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el control de la calidad del sistema sanitario, que debe incluir la exigencia de unos tiempos m¨¢ximos de espera en el acceso a las prestaciones, as¨ª como una especie de distrito ¨²nico sanitario que garantice la asistencia en cualquier emergencia, como reclama el Defensor del Pueblo en su informe. Y aunque la responsabilidad financiera sobre la sanidad recaiga ahora sobre las comunidades aut¨®nomas, no hay que olvidar que las fuentes de financiaci¨®n est¨¢n en un presupuesto estatal cuya asignaci¨®n sanitaria respecto del PIB sigue estando todav¨ªa muy por debajo de la media europea.