Los jueces de Cajasur

La pretensi¨®n de Miguel Castillejo de situar a la caja que preside desde hace 25 a?os fuera de la ¨®rbita de la Junta de Andaluc¨ªa ha desencadenado un fuego cruzado de normas y decisiones administrativas opuestas, un laberinto legal que concluye siempre a las puertas de un juzgado. De hecho, el conflicto abierto entre el presidente de Cajasur -secundado por los otros cinco can¨®nigos en el Consejo de la entidad, pero con la oposici¨®n de la cabeza de la Iglesia en su di¨®cesis, el obispo de C¨®rdoba-, y el Ejecutivo andaluz ha dejado un reguero de recursos que afecta a todos los ¨¢mbitos jur¨ªdicos: desde el Constitucional a Juzgados de Primera Instancia, desde la v¨ªa contencioso-administrativa a la querella.

La sentencia del Constitucional sobre la Ley de Cajas tendr¨¢ un 'efecto domin¨®'

Cajasur abri¨® fuego en el Constitucional. El Gobierno central se hizo eco de la petici¨®n de Castillejo y recurri¨® la Ley andaluza de Cajas, aprobada en diciembre de 1999, ante el Alto Tribunal, por estimar que vulneraba los acuerdos con la Santa Sede. La norma auton¨®mica rebajaba la representaci¨®n de la Iglesia en la caja del 35% al 9% -el porcentaje fijado para los fundadores en el resto de las entidades andaluzas-, y consideraba que el concordato con el Vaticano s¨®lo permit¨ªa a la Iglesia decidir c¨®mo elegir a sus representantes.

El Gobierno present¨® su recurso en febrero de 2000 y el Tribunal suspendi¨® la ejecuci¨®n de los art¨ªculos de la norma andaluza. Esta sentencia tendr¨¢ un efecto domin¨® sobre el resto de litigios, pero los tiempos de decisi¨®n del Constitucional son muy prolongados, por lo que es probable que otros tribunales se pronuncien antes.

El Gobierno central quiso blindar a Cajasur en la Ley Financiera, aprobada el pasado mes por el Congreso de los Diputados. En la nueva norma estatal, el Ministerio de Econom¨ªa se reserva la tutela de las cajas con "fundaci¨®n directa" de la Iglesia, un requisito que s¨®lo cumple Cajasur. La respuesta de la Junta no se ha hecho esperar: ha puesto nuevas condiciones a la caja para poder acogerse a la Ley Financiera, a trav¨¦s de una ley y de un decreto. Los servicios jur¨ªdicos de Cajasur, liderados por Diego Jordano (un ex diputado popular) ya han anticipado que considera "inconstitucionales" los intentos del Ejecutivo andaluz por mantener la supervisi¨®n de la caja cordobesa, lo que augura nuevos recursos.

El Constitucional tambi¨¦n tendr¨¢ que atender sendos recursos del Gobierno andaluz y el Parlamento auton¨®mico (que lo aprueba ma?ana) contra la Ley Financiera impulsada por el PP por "invasi¨®n de competencias".

La decisi¨®n del Consejo de Administraci¨®n de Cajasur de acogerse a la Ley Financiera, adoptada el d¨ªa 26 de noviembre, fue llevada d¨ªas despu¨¦s a un Juzgado de Primera Instancia por la Diputaci¨®n de C¨®rdoba (controlada por el PSOE), que exige que se le consulte para esta decisi¨®n al ser cofundadora de la caja (condici¨®n que la direcci¨®n de Cajasur le niega). La Diputaci¨®n pretende que el juez suspenda el acuerdo del Consejo de Administraci¨®n. La Junta tambi¨¦n anunci¨® medidas jur¨ªdicas contra esta decisi¨®n del Consejo de Cajasur y contra la de pasado martes de adaptar ya sus estatutos a la Ley Financiera (ver gr¨¢fico), aunque a¨²n no ha concretado cu¨¢les.

La p¨®liza millonaria que pag¨® Cajasur (2,9 millones) para garantizarle a Castillejo el cobro ¨ªntegro de su sueldo (210.000 euros) cuando abandone la caja, tambi¨¦n tendr¨¢ su reflejo en los tribunales. Por ahora, la Junta ha abierto un expediente administrativo a Cajasur al estimar que se trata de una indemnizaci¨®n por cese, un pago prohibido por la normativa andaluza. La entidad cordobesa recurrir¨¢ a la v¨ªa contencioso-administrativa si el expediente acaba en una sanci¨®n contra la caja y Castillejo.

Adem¨¢s, la pol¨¦mica suscitada por la p¨®liza desat¨® un torrente de reproches. El secretario cordob¨¦s del PSOE, Jos¨¦ Antonio Ruiz Almenara, acus¨® a Castillejo de "comprar voluntades", declaraciones que llevaron a la caja a presentar una querella contra el dirigente socialista por "injurias graves".