Dignificar el salario m¨ªnimo interprofesional

El salario m¨ªnimo interprofesional (SMI) es el umbral por debajo del cual no debe existir ninguna retribuci¨®n laboral, desempe?ando una importante funci¨®n en el mercado laboral como garant¨ªa de rentas a favor de los trabajadores que se encuentran en situaciones econ¨®micas y sociales m¨¢s dif¨ªciles. El SMI pretende establecer o mantener niveles salariales dignos en aquellas actividades donde no existe un r¨¦gimen eficaz para la fijaci¨®n de salarios y en las que ¨¦stos son excepcionalmente bajos, lo que exige la intervenci¨®n p¨²blica fijando condiciones m¨ªnimas laborales, y en particular un importe monetario m¨ªnimo imprescindible para mantener un nivel de vida suficiente.

En nuestro pa¨ªs, el Estatuto de los Trabajadores en su Art¨ªculo 27 sanciona la obligaci¨®n del Gobierno de regular anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales m¨¢s representativas, el SMI, teniendo en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participaci¨®n del trabajo en la renta nacional y la coyuntura econ¨®mica general, con una revisi¨®n semestral para el caso en que no se cumplan las previsiones oficiales en materia de precios. Es evidente que la norma intenta asegurar, al menos, que este salario mantenga su poder adquisitivo. Por otro lado, la Carta Social Europea, que Espa?a suscribi¨® en 1980 y tiene car¨¢cter de convenio internacional promovido por el Consejo de Europa, indica la necesidad de que el SMI nunca sea inferior al 60% del salario medio neto.

La convergencia con la UE debe ser algo m¨¢s que equipararnos en los par¨¢metros monetarios

El SMI espa?ol es uno de los m¨¢s reducidos de la UE, casi dos veces inferior al promedio comunitario, est¨¢ por debajo de la retribuci¨®n m¨ªnima fijada en EE UU o Jap¨®n y es similar, por poner un ejemplo, al establecido en Polonia o Hungr¨ªa. Adem¨¢s, fruto de su deficiente actualizaci¨®n, el salario m¨ªnimo en Espa?a se est¨¢ distanciando de la evoluci¨®n del salario medio y ha sufrido p¨¦rdidas constantes de poder adquisitivo en los ¨²ltimos a?os.

Tan s¨®lo desde 1996, ha crecido 6 puntos menos que el pactado en convenios colectivos y 5 puntos porcentuales menos que el salario medio, representa en estos momentos alrededor del 37% de esa magnitud, y ha perdido desde aquel a?o 4 puntos de poder de compra. Por un lado, pues, se aleja de la recomendaci¨®n de la Carta Social que promueve el derecho a una remuneraci¨®n justa; por otro, acumula p¨¦rdidas de poder adquisitivo violentando el esp¨ªritu del Estatuto de los Trabajadores. En suma, en un per¨ªodo de expansi¨®n econ¨®mica, los trabajadores con menos ingresos no s¨®lo no se han beneficiado del crecimiento econ¨®mico y los aumentos de la productividad, ni siquiera han podido resarcirse de las imprevisiones del Gobierno en materia de inflaci¨®n. Ni se revisa semestralmente el SMI al ser la inflaci¨®n real superior a la prevista, ni se garantiza el mantenimiento de su capacidad adquisitiva. A¨²n m¨¢s, el Gobierno no negocia con los sindicatos ni establece la preceptiva consulta, tan s¨®lo comunica su decisi¨®n de mantener el SMI en condiciones precarias.

Todo ello est¨¢ provocando que nuestro SMI dif¨ªcilmente pueda considerarse como una verdadera garant¨ªa de rentas para los trabajadores m¨¢s desfavorecidos: para los que reciben directamente este salario y para los que sirve de referencia. Es cierto que una actualizaci¨®n del SMI, ajustada a la ley y a los compromisos internacionales, tendr¨ªa un reflejo presupuestario por su impacto en algunas prestaciones sociales o ciertos servicios p¨²blicos que se articulan en funci¨®n de su cuant¨ªa (subsidio por desempleo, pensiones m¨ªnimas, rentas de inserci¨®n, subvenciones, becas o ayudas a la vivienda). Y seguramente ¨¦sta es la principal raz¨®n que explica las reticencias e incumplimientos legales por parte del Gobierno a la hora de abordar esta cuesti¨®n, para nosotros inaplazable. As¨ª, frente al colectivo de trabajadores que cobran el SMI en el ¨¢mbito laboral, el colectivo de beneficiarios de transferencias presupuestarias referidas al SMI es cuantitativamente mucho m¨¢s importante. Todos estos datos abundan en la necesidad de desconectar el SMI de las pol¨ªticas presupuestarias y circunscribirlo exclusivamente al ¨¢mbito laboral, que es el que le corresponde por ley.

Con su maltrato a los perceptores del SMI, el Gobierno muestra una nula sensibilidad en materia social. Nuestros menores niveles de gasto social y el insuficiente desarrollo de los servicios p¨²blicos son una parte del problema y no una coartada para negar la posibilidad de que el SMI sea una garant¨ªa retributiva m¨ªnimamente digna, pero el Gobierno insiste en una pol¨ªtica econ¨®mica empe?ada en conseguir el equilibrio presupuestario con menos presi¨®n fiscal para las rentas m¨¢s altas y con bajos costes laborales. Es el Gobierno del Partido Popular quien ha renunciado a 8.400 millones de euros con las dos reformas en el IRPF y ¨¦sta s¨ª que es una verdadera restricci¨®n para que nuestro pa¨ªs recorte el diferencial que nos separa de la UE en protecci¨®n social, diferencial que no ha dejado de aumentar en los ¨²ltimos a?os.

Lo anterior no impide que se puedan considerar otras referencias diferentes al SMI para algunas pol¨ªticas sociales, circunscribiendo el salario m¨ªnimo al ¨¢mbito laboral, pero es inaceptable mantener su continua reducci¨®n en t¨¦rminos reales a la vez que se reduce la protecci¨®n social. El acercamiento en materia social a los par¨¢metros comunitarios debe formar parte del tan aireado proceso de convergencia real, que el Gobierno reduce a crecer por encima del promedio comunitario. Una condici¨®n necesaria pero no suficiente.

Dignificar el SMI implica actualizarlo para que recupere el poder adquisitivo perdido en los ¨²ltimos a?os. Significa aproximarlo con los ritmos pertinentes al 60% del salario medio neto. Implica, claro est¨¢, establecer un mecanismo permanente de revisi¨®n autom¨¢tica para asegurar su poder de compra. Supone, en fin, respetar la legalidad de nuestro pa¨ªs y las prescripciones internacionales. Deseamos, adem¨¢s, que el Gobierno comprenda que la convergencia con nuestros socios comunitarios debe ser algo m¨¢s que equipararnos en los par¨¢metros financieros y monetarios. En definitiva, exige la apertura cuanto antes de una verdadera negociaci¨®n que resuelva estas cuestiones.

Gaspar Llamazares, Jos¨¦ Mar¨ªa Fidalgo y C¨¢ndido M¨¦ndez son, respectivamente, coordinador general de IU, secretario general de CC OO y secretario general de UGT.