Justicia cero

El Pacto de Estado sobre la Justicia, rubricado hace a?o y medio por el Gobierno y el partido socialista, se est¨¢ revelando m¨¢s como un cat¨¢logo de buenas intenciones que como un programa de medidas concretas para modernizar y mejorar el entramado judicial. De momento, se ha centrado en reformas legislativas sin duda necesarias, como la de la justicia r¨¢pida en relaci¨®n con el aumento de la delincuencia, pero en lo referente a la mejora de la infraestructura sigue pr¨¢cticamente in¨¦dito. Sin nuevos juzgados de guardia en las grandes ciudades y sin un incremento de plazas judiciales en zonas urbanas de alta litigiosidad o acusada delincuencia, la modernizaci¨®n y agilizaci¨®n de la justicia, incluidos los juicios r¨¢pidos prometidos por el Gobierno, seguir¨¢ siendo un brindis al sol y una permanente frustraci¨®n para los ciudadanos.

En los presupuestos para 2003, el Gobieno ha previsto la creaci¨®n de 30 nuevas plazas judiciales. Por primera vez se rebaja dr¨¢sticamente la media de 126 plazas/a?o creadas desde 1989. Pero lo m¨¢s grave es que ese n¨²mero queda lejos de las 140 nuevas plazas anuales consideradas necesarias para atender el incremento de la demanda judicial en el pr¨®ximo decenio. No hay que olvidar que 12 millones de espa?oles acuden anualmente a la justicia y que dos de los seis millones de asuntos que llegan a los juzgados cada a?o quedan sin resolver. En ese escenario, cobra sentido la llamada de atenci¨®n que han hecho, aunque de momento sin ¨¦xito, los ocho vocales de la minor¨ªa del Consejo del Poder Judicial para que esta instituci¨®n inste al Gobierno a aumentar las plazas de juez de acuerdo con las previsiones de incremento de la demanda judicial en el pr¨®ximo decenio.

La reforma de la justicia no es s¨®lo cuesti¨®n de dinero, pero no es cre¨ªble sin un compromiso presupuestario razonable. Y no lo es la reducida oferta de plazas judiciales que se hace en los Presupuestos de 2003, si se tiene en cuenta la inversi¨®n de 1.500 millones de euros, estimada por el entonces ministro de Justicia para la puesta en pr¨¢ctica del pacto durante los pr¨®ximos ocho a?os. No deja de ser una paradoja que la desertizaci¨®n judicial -falta de candidatos a juez-, denunciada hace alg¨²n tiempo, se traduzca ahora en falta de plazas donde puedan ejercer los nuevos jueces, como sucede con los 75 actualmente pendientes de ocupar destino, y puede sucederles a otros 300 en los pr¨®ximos dos a?os. Algo tendr¨ªa que decir el PSOE sobre una aplicaci¨®n del d¨¦ficit cero a la justicia, que vac¨ªa de contenido y desnaturaliza el rimbombante pacto firmado con el Gobierno hace a?o y medio.