Beneficios m¨¢s caros

El Gobierno se apresta a aprobar una serie de medidas legales para endurecer la concesi¨®n de los beneficios penitenciarios -b¨¢sicamente, la progresi¨®n al tercer grado en r¨¦gimen de semilibertad y la concesi¨®n judicial de la libertad condicional- a los reclusos condenados por terrorismo y por otros delitos graves, en especial la sustracci¨®n de fondos p¨²blicos, en inequ¨ªvoca referencia a la pol¨¦mica concesi¨®n del tercer grado penitenciario al antiguo director general de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n.

No deja de ser llamativo que esa reforma se anuncie tras la reuni¨®n, ayer en Madrid, de la plana mayor del Partido Popular para tratar sobre la crisis del Prestige. Del contenido de esa reuni¨®n apenas ha trascendido nada, salvo que habr¨¢ una campa?a oficial para informar a la opini¨®n p¨²blica sobre la buena actuaci¨®n del Gobierno y el irresponsable comportamiento del PSOE en todo lo relacionado con dicha crisis. Parece evidente que el Gobierno ha puesto en marcha una contraofensiva pol¨ªtica en la que todo vale: el uso partidista de la alarma social provocada por algunas controvertidas excarcelaciones de terroristas y la criminalizaci¨®n del PSOE por lo que los ministros m¨¢s concernientes por el accidente del Prestige dejaron de hacer o hicieron rematadamente mal, en una rid¨ªcula pero preocupante inversi¨®n de los papeles atribuidos a Ejecutivo y oposici¨®n en los reg¨ªmenes de democracia parlamentaria.

No se trata, como siguen insistiendo portavoces del Gobierno de una manera confusa, de establecer el cumplimiento ¨ªntegro de las penas, rompiendo los limites actuales m¨¢ximos de 20, 25 y 30 a?os, lo que en muchos casos supondr¨ªa instaurar la pena de cadena perpetua o prisi¨®n de por vida, claramente incompatibles con la Constituci¨®n de 1978. Ni tampoco de garantizar su cumplimiento efectivo, es decir, el tiempo de condena establecido por los jueces en sus sentencias, algo que est¨¢ asegurado con el vigente C¨®digo Penal de 1995 al desaparecer la redenci¨®n de penas por el trabajo. Se trata de establecer un r¨¦gimen m¨¢s r¨ªgido de ejecuci¨®n de la pena para los condenados por determinados delitos.

Un mayor rigor en la concesi¨®n de los beneficios penitenciarios no es incompatible con la Constituci¨®n,si no supone anular la finalidad resocializadora de la pena. Es el primer requisito exigible a la reforma: el respeto de los l¨ªmites constitucionales. El segundo es el mayor consenso pol¨ªtico posible, algo que el Gobierno parece no haber tenido en cuenta. Una reforma normativa en materia de terrorismo habr¨ªa exigido la convocatoria previa del Pacto Antiterrorista o del Pacto sobre la Justicia, como ha se?alado la oposici¨®n. Que el PSOE y otros se hayan mostrado p¨²blicamente favorables a medidas parecidas no exime al Gobierno de cumplir lo pactado y acordar los cambios.

La reforma responde a una fundada inquietud social por los casos de reclusos que, por efecto de los beneficios penitenciarios, acortan de hecho sus condenas o vuelven incluso a delinquir mientras los disfrutan, una situaci¨®n especialmente hiriente en el caso de los condenados por terrorismo. La propuesta de aplicar tales beneficios -sobre todo la progresi¨®n al tercer grado y la concesi¨®n de la libertad condicional- de acuerdo con la totalidad de la condena judicial, muy superior por lo general al l¨ªmite de 30 a?os en los procesos por terrorismo, puede devolver a la pena el car¨¢cter retributivo que en estos supuestos parece faltarle.

Pero el Gobierno no deber¨ªa atribuirse los m¨¦ritos de la reforma, si es que los tiene. El vigente C¨®digo Penal contempla en su art¨ªculo 78 lo que propone el Gobierno y suele aplicarse, si bien a criterio de los jueces. Quiz¨¢ el Ejecutivo se propone ahora apartar a los jueces y poner el asunto bajo su directo control a trav¨¦s de la v¨ªa jer¨¢rquica de Instituciones Penitenciarias. En todo caso, deber¨ªa aclarar que su reforma no tiene car¨¢cter retroactivo. No podr¨¢ aplicarse a los ya condenados por terrorismo y mucho menos a los que todav¨ªa cumplen condenas de este tipo de acuerdo con el anterior C¨®digo Penal, los cuales podr¨¢n seguir redimiendo penas por el trabajo.