El juez ve indicios de delito del alcalde de Castell¨®n en el concurso del suelo de Renfe

El titular del juzgado n¨²mero 1 de Castell¨®n ha admitido a tr¨¢mite la querella presentada por los diez concejales del grupo municipal socialista contra el alcalde de Castell¨®n, Jos¨¦ Luis Gimeno, y el empresario Luis Batalla por la adjudicaci¨®n del suelo de Renfe liberado tras el soterramiento de la v¨ªas. El auto de admisi¨®n menciona los tres presuntos delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y falsedad en documento oficial y ambos habr¨¢n de declarar ante el juez el d¨ªa 20.

La denuncia fue presentada el pasado d¨ªa 9 de diciembre como consecuencia de las actuaciones urban¨ªsticas y la adjudicaci¨®n de la urbanizaci¨®n de los terrenos liberados tras el soterramiento de las v¨ªas del tren, un espacio de m¨¢s de 40.000 metros cuadrados en el que se construir¨¢n viviendas, un hotel y, seg¨²n se ha anunciado, El Corte Ingl¨¦s. El proceso comenz¨® con una modificaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) en la que, seg¨²n los socialistas, se daba un tratamiento urban¨ªstico especial a los terrenos liberados por el soterramiento de la v¨ªa, con "el claro objetivo de obtener una porci¨®n del suelo lo suficientemente amplia para albergar una gran superficie comercial (El Corte Ingl¨¦s), por lo que se cambi¨® el desarrollo urban¨ªstico de esta zona", tal como indican los socialistas.

Las obras se adjudicaron a Calviga, filial de Lubasa, despu¨¦s de desestimar otra oferta que ni siquiera fue estudiada, ya que la mesa de contrataci¨®n la rechaz¨® por motivos formales.

El juez, Horacio Badenes, se?ala en su escrito que "se hace necesario proceder a la investigaci¨®n judicial" de los hechos denunciados. Adem¨¢s mantiene que, "en este momento procesal", se admite a tr¨¢mite la querella ¨²nicamente contra Gimeno y Batalla, pese a que en el escrito de denuncia figuraban adem¨¢s los ediles Alberto Fabra y Jos¨¦ Pascual, cuatro funcionarios y la Caja Rural San Isidro, entidad que sell¨® los recibos que se presentaron como prueba de la presunta falsedad en documento oficial. En este sentido, el juez ordena a la polic¨ªa judicial que investigue el lugar en el que se hizo el pago, la personas o personas que atend¨ªan dicho establecimiento y la persona que realiz¨® el pago y la forma del mismo.

Adem¨¢s, el juez indica que no se descarta que la querella se ampl¨ªe "contra las personas individualizadas en el escrito de querella". Una vez abiertas las diligencias previas, Badenes requiri¨®, en dos ocasiones, documentaci¨®n al secretario del Ayuntamiento. Con el auto de admisi¨®n de la querella solicita adem¨¢s las copias de los convenios firmados con Renfe y "cualquier protocolo que se haya realizado al respecto".

El portavoz del grupo municipal socialista, Ignacio Sub¨ªas, manifest¨® ayer, al conocer la admisi¨®n de la querella, que "por fin se van a esclarecer los hechos". Sub¨ªas reiter¨® que "a nadie le agrada la situaci¨®n, pero nosotros s¨®lo cumplimos con nuestra obligaci¨®n, como servidores p¨²blicos, de defender los intereses de los ciudadanos de Castell¨®n". Por su parte, el portavoz adjunto del grupo, Miguel Alcalde, sostuvo que la decisi¨®n, "muy meditada", de presentar la querella se produjo "cuando los hechos colmaron lo admisible", con el "mayor pelotazo urban¨ªstico de la historia de Castell¨®n", seg¨²n dijo.

El equipo de gobierno popular protagoniz¨® horas despu¨¦s una aut¨¦ntica puesta en escena. Jos¨¦ Luis Gimeno se rode¨® de todos sus concejales, a excepci¨®n del presidente de la Diputaci¨®n, Carlos Fabra, y del edil, tambi¨¦n director del Hospital General, Nicol¨¢s Mart¨ªnez, para intentar demostrar su tranquilidad por la admisi¨®n de la querella en un proceso que, seg¨²n dijo, "demostrar¨¢ la transparencia del procedimiento". "El pelotazo del que nos acusan los socialistas", dijo, "s¨®lo ha podido darse por y en beneficio de la ciudad de Castell¨®n". Y sostuvo que la ¨²nica intenci¨®n de los socialistas con la presentaci¨®n de la querella ha sido la de "tratar de impedir una mejora con el solo objetivo de que el PP no pudiera, electoralmente, patrimonializar la urbanizaci¨®n" de los terrenos.