Uno o dos jueces controlar¨¢n desde Madrid a 1.525 reclusos dispersos en 77 c¨¢rceles

Los grupos parlamentarios de IU y PNV han elaborado sendas enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de creaci¨®n de juzgados centrales de vigilancia penitenciaria para los presos condenados por la Audiencia Nacional, entre otras razones por entender que uno o dos jueces no pueden controlar desde Madrid a 1.525 presos distribuidos en 77 c¨¢rceles ni cumplir el criterio de "proximidad a los centros de cumplimiento" dise?ado por la legislaci¨®n penitenciaria y el anterior Consejo General del Poder Judicial. El PSOE enmendar¨¢ el proyecto de ley para que s¨®lo se aplique a terroristas.

El proyecto de ley, sometido a tr¨¢mite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, crea en la ciudad de Madrid uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria -probablemente dos, aunque el anteproyecto preve¨ªa uno- con competencia sobre la ejecuci¨®n de penas de c¨¢rcel, control judicial de la potestad disciplinaria de la Administraci¨®n penitenciaria y amparo de los derechos y beneficios de los internos, siempre respecto a los condenados por la Audiencia Nacional, actualmente 1.525.

Ahora, esas competencias sobre los 40.054 presos penados, sin distinci¨®n entre los tribunales que los condenaron ni los delitos que cometieron, las ejercen 38 juzgados de vigilancia penitenciaria, distribuidos por toda Espa?a en funci¨®n del precepto seg¨²n el cual "los jueces de vigilancia penitenciaria tendr¨¢n su residencia en el territorio en el que radiquen los establecimientos penitenciarios sometidos a su jurisdicci¨®n" (v¨¦ase gr¨¢fico adjunto). En 1997, el CGPJ, en su Libro Blanco de la Justicia, plante¨® redefinir el n¨²mero de jueces de vigilancia necesarios, desde "el criterio de proximidad a los centros de cumplimiento".

Dichas normas legales y criterios judiciales sufrieron un duro golpe cuando la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao Ruth Alonso excarcel¨® al etarra F¨¦lix Gil Ostoaga. El mismo d¨ªa que se divulg¨® la noticia, el ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, anunci¨® el proyecto de ley, que no figura en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia ni en el programa electoral del PP.

"Atajos antijur¨ªdicos"

La enmienda de IU a la totalidad critica las "relajaciones y menoscabos al Estado de Derecho" que "la amenaza terrorista provoca"; niega que "salt¨¢ndose los principios y garant¨ªas (...) se pueda alcanzar antes la erradicaci¨®n del c¨¢ncer terrorista" y se opone a los "atajos antijur¨ªdicos contra ETA", como el de la creaci¨®n de juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, en contra de "la distribuci¨®n geogr¨¢fica" de esos juzgados.

Seg¨²n IU, "el pretendido juez central no tendr¨¢ inmediaci¨®n respecto de la mayor parte de los establecimientos y contribuir¨¢ a la posibilidad de que en un mismo establecimiento se apliquen dos criterios interpretativos: uno, del juez de vigilancia ordinario, y otro del juez central de vigilancia".

La diputada del PNV Margarita Ur¨ªa fundament¨® la enmienda a la totalidad de su grupo en "la inconstitucionalidad del proyecto de ley, dada la dificultad que significar¨¢ el alejamiento de las c¨¢rceles de los jueces centrales de vigilancia para la reinserci¨®n social de los penados privados de libertad, establecida en la Constituci¨®n".

Ur¨ªa invoc¨® que el Tribunal Constitucional ha recordado que "los presos son titulares de todos sus derechos, excepto de los que resulten privados por la sentencia".