Jueces y fiscales progresistas se quedan solos en contra de la centralizaci¨®n

S¨®lo las asociaciones judiciales progresistas y minoritarias Jueces para la Democracia (JpD) y la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) se oponen tajantemente a la centralizaci¨®n de la vigilancia judicial penitenciaria para determinados delincuentes, mientras que las mayoritarias Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociaci¨®n de Fiscales (AF), a las que se une la minoritara y moderada asociaci¨®n judicial Francisco de Vitoria (FV), se muestran netamente a favor.

"La APM apoya la creaci¨®n de juzgados centrales de vigilancia penitenciaria", seg¨²n su portavoz, Vicente Magro, quien se refiere a "la necesidad de concentrar en la organizaci¨®n judicial espec¨ªfica de la Audiencia Nacional todas aquellas materias que, por sus especiales caracter¨ªsticas, exigen la centralizaci¨®n de su conocimiento".

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn-Caro, presidente de la AF, es "favorable a los jueces centrales para vigilar a delincuentes a nivel nacional", aunque ser¨¢ un "trabajo m¨¢s inc¨®modo, porque tendr¨¢n que viajar mucho".

Cristina Cadenas, portavoz de FV, admite que "racionalmente, no tienen justificaci¨®n los juzgados centrales, pero hay razones de otra ¨ªndole que justifican que la ejecuci¨®n de la pena se centralice para condenados por la Audiencia Nacional". Reconoce que "la tutela judicial de los presos no resultar¨¢ favorecida, pero tampoco perjudicada si se ponen los medios necesarios".

La proximidad, b¨¢sica

Juan Luis Rasc¨®n, portavoz de JpD, considera que "la proximidad a las c¨¢rceles es un principio b¨¢sico de la vigilancia penitenciaria, por lo que, radicando en Madrid los juzgados, es imposible que los jueces tutelen los derechos y libertades de los internos, que van a resultar resentidos".

Rasc¨®n estima que la "excusa de unificar criterios podr¨ªa servir para crear un solo tribunal penal en Madrid" y califica de "lamentable el argumento del PSOE de que la ley s¨®lo se aplique a presos terroristas, porque eso es poder y no querer, o querer y no poder".

Antonio Camacho, de la UPF, cree que "el juzgado central no va apermitir el necesario contacto personal del juez de vigilancia con los internos, dada su lejan¨ªa f¨ªsica respecto a unos presos distribuidos en distintas c¨¢rceles de Espa?a".

El fiscal F¨¦lix Pantoja, ¨²nico vocal del Consejo General del Poder Judicial que se opuso al informe favorable a la ley, razona que el juez de vigilancia "se encuentra vinculado al centro penitenciario en el que el penado cumple condena, ya que el criterio subjetivo de atenci¨®n a la reinserci¨®n fundamenta el contenido jurisdiccional del ¨®rgano".