El PSOE atribuye un delito a los altos cargos que no asistan a la comisi¨®n del 'caso Prestige'
La incomparecencia del delegado del Gobierno desata una bronca en el Parlamento gallego
El rechazo del Gobierno a la comparecencia de varios altos cargos estatales y a entregar la documentaci¨®n del caso Prestige acabar¨¢ en los tribunales. El art¨ªculo 502 del C¨®digo Penal establece que "las autoridades o funcionarios p¨²blicos" que no comparezcan en una comisi¨®n de investigaci¨®n a la que hayan sido citados "legalmente" incurrir¨¢n en "delito de desobediencia" y ser¨¢n suspendidos de su cargo entre seis meses y dos a?os. El PSOE se acogi¨® a esta norma para pedir ayer al fiscal que estudie si el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fern¨¢ndez de Mesa, que no acudi¨® a la comisi¨®n, ha cometido un delito.
La primera sesi¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la cat¨¢strofe del Prestige, que ensuci¨® 900 kil¨®metros de litoral gallego y oblig¨® a prohibir la pesca y el marisqueo en sus costas, tuvo que suspenderse 15 minutos en medio de una gran bronca entre los portavoces de la oposici¨®n y el presidente, del PP.
Los 12 miembros de la comisi¨®n de investigaci¨®n llegaron ayer al Parlamento gallego sin saber a qui¨¦n iban a poder dirigir sus preguntas. La v¨ªspera, la presidencia de la C¨¢mara hab¨ªa confirmado que el delegado del Gobierno en Galicia, cuya comparecencia hab¨ªa sido solicitada un¨¢nimemente por PP, PSOE y BNG, no acudir¨ªa porque as¨ª lo hab¨ªa decidido el Ejecutivo central. ?ste, bas¨¢ndose en el argumento constitucional de que los cargos de la Administraci¨®n central s¨®lo tienen obligaci¨®n de "someterse al control" del Congreso y no al de una C¨¢mara auton¨®mica, hab¨ªa vetado la presencia tanto de Fern¨¢ndez de Mesa como de cualquier persona "dependiente de la Administraci¨®n central o vinculada a ella".
Por eso, los grupos de oposici¨®n pidieron que la comisi¨®n ocupara sus primeros minutos en debatir si esta "alteraci¨®n del plan de trabajo aprobado por unanimidad" hace una semana era aceptable, y si el Parlamento gallego deb¨ªa pedir explicaciones al Gobierno central.
Los portavoces del PSOE, Dolores Villarino, y del BNG, Alfredo Su¨¢rez, plantearon sus propuestas y reclamaron que la comisi¨®n las sometiese a votaci¨®n inmediatamente. Su¨¢rez record¨®, adem¨¢s, que hace dos a?os el Ejecutivo s¨ª entreg¨® documentaci¨®n propia -que ahora rechaza facilitar- al Parlamento gallego con motivo de otra comisi¨®n de investigaci¨®n sobre un asunto estrictamente regional, relacionado con la propiedad de unos terrenos.
Y ah¨ª empez¨® la bronca. El presidente de la mesa, Jos¨¦ Manuel Barreiro, del PP, que hasta ese momento hab¨ªa seguido los discursos con indiferencia, reaccion¨® velozmente y se neg¨® a autorizar la votaci¨®n, alegando que los escritos deb¨ªan pasar antes por la presidencia del Parlamento.
Villarino y Su¨¢rez pusieron el grito en el cielo, recriminaron al presidente su "autoritarismo" y le pidieron a voces que les dejara "hablar". Barreiro, visiblemente nervioso, les neg¨® el uso de la palabra en varias ocasiones, les interrumpi¨® otras tantas y finalmente suspendi¨® la sesi¨®n, se dio media vuelta y sali¨® de la sala, dejando a la oposici¨®n con la palabra "esc¨¢ndalo" en la boca.
Acciones penales
Antes, en medio de la trifulca, la socialista Villarino hab¨ªa logrado explicar atropelladamente su propuesta: que la comisi¨®n inste a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a que inicie "las acciones penales procedentes por la presunta comisi¨®n de un delito" por parte del delegado del Gobierno. Su argumento, el art¨ªculo 502 del C¨®digo Penal, que dice: "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisi¨®n de investigaci¨®n de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut¨®noma, ser¨¢n castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario p¨²blico, se le impondr¨¢ adem¨¢s la pena de suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a dos a?os".
El Gobierno sostiene que seg¨²n la Constituci¨®n no es "legal" la citaci¨®n de personas dependientes de la Administraci¨®n central en una C¨¢mara auton¨®mica. El PSOE replica que hay "doctrina constitucional" que establece que las comisiones auton¨®micas pueden llamar a comparecer a "cualquier alto cargo no dependiente de la Administraci¨®n auton¨®mica".
El fragor de la discusi¨®n desvi¨® la atenci¨®n de la ¨²nica comparecencia que se produjo: la de los comandantes de los dos helic¨®pteros contratados por la Xunta para rescatar a la tripulaci¨®n del Prestige, que no aportaron datos nuevos.
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, rechaz¨® ayer de nuevo la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Congreso, pese a la doctrina que el presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar defendi¨® cuando hac¨ªa la oposici¨®n al PSOE: "Siendo yo presidente de Castilla y Le¨®n impuls¨¦ la reforma del Reglamento en la que se pueden crear comisiones de investigaci¨®n sin necesidad de que la mayor¨ªa lo apruebe. Y as¨ª ha funcionado y se han creado comisiones de investigaci¨®n por la minor¨ªa, sin necesidad de que la mayor¨ªa lo apruebe, y har¨¦ lo mismo, y espero contar con los apoyos necesarios, en el Congreso de los Diputados", declar¨® en 1993.
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