El Gobierno elevar¨¢ de 3 a 10 a?os la pena m¨¢xima para quien trafique con inmigrantes

La inmigraci¨®n, "que debe ser legal y ordenada", seg¨²n el Gobierno, ser¨¢ una de las banderas de la campa?a del Partido Popular para las elecciones del 25 de mayo. El PP dedic¨® a la inmigraci¨®n la ¨²ltima de sus convenciones de preparaci¨®n del programa electoral y aprovech¨® esta convocatoria de partido para que el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, ?ngel Acebes, anunciaran una bater¨ªa de medidas contra las redes que trafican con inmigrantes irregulares y para la expulsi¨®n inmediata de los que delincan. El tr¨¢fico de personas es ahora un delito menor castigado con un m¨¢ximo de tres a?os. Esa pena m¨¢xima se elevar¨¢ hasta a 10 a?os con agravantes si se trafica con menores.

"Los inmigrantes deben de tener todos los derechos, pero tambi¨¦n cumplir con todos los deberes. Los mismos derechos y deberes que nosotros, y eso implica acatar y respetar nuestras leyes y nuestro sistema de valores", sentenci¨® ayer Mariano Rajoy, interrumpido por los aplausos de los militantes de su partido reunidos en Barcelona. Afirm¨® que los inmigrantes deben asumir este sistema de valores, y argument¨® que para ¨¦l "es el mejor" porque "es el de las democracias occidentales, el de la libertad y el del respeto a los derechos humanos".

Esta declaraci¨®n de principios fue el andamio sobre el que el PP, representado ayer por el vicepresidente y el ministro del Interior, construy¨® su defensa de un paquete de reformas legales sobre la inmigraci¨®n que el partido del Gobierno conf¨ªa tengan un amplio respaldo de la ciudadan¨ªa porque "Espa?a ha rechazado la inmigraci¨®n ilimitada y ve absurdo el principio de papeles para todos".

El contenido ideol¨®gico de las medidas, resumidas en el cuadro, ha sido expuesto en m¨²ltiples ocasiones por el Partido Popular: no puede ser lo mismo la inmigraci¨®n "legal que la clandestina" y la integraci¨®n de los inmigrantes debe basarse "en el trabajo y en la educaci¨®n". En palabras de Acebes, "Espa?a ha sido, es y ser¨¢ un pa¨ªs de acogida, pero sin poner en riesgo la convivencia que garantiza la legalidad y la integraci¨®n".

Lucha contra las mafias

La diferencia con discursos previos, muy criticados, del PP, es que la lucha contra la ilegalidad se dirigir¨¢ ahora "contra las mafias que trafican con seres humanos". El C¨®digo Penal s¨®lo prev¨¦ condenas de seis meses a tres a?os para estos delitos. Se cambiar¨¢ para que la pena m¨¢xima sea, con car¨¢cter general, de ocho a?os, y suba hasta 10 a?os si el destino del inmigrante irregular fuera la prostituci¨®n. Adem¨¢s, sea cual sea ese destino, se considerar¨¢n agravantes las siguientes circunstancias: tr¨¢fico con menores, formar parte de redes organizadas o haber puesto en peligro la vida o la seguridad del inmigrante.

El Gobierno tambi¨¦n culpa a esas mafias de que los inmigrantes irregulares delincan. Ahora, por el art¨ªculo 89 del C¨®digo Penal, queda en manos del juez decidir si las penas privativas de libertad inferiores a seis a?os pueden ser sustituidas por la expulsi¨®n del territorio. Rajoy empez¨® a dar esta batalla en el verano de 2001 siendo ministro del Interior. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados reclam¨® a los grupos parlamentarios su apoyo para pedir a los jueces que ejercieran esa potestad. Los diputados le dijeron que entend¨ªan sus argumentos, que hablara con los jueces, y ah¨ª qued¨® todo.

Ahora se modificar¨¢ ese art¨ªculo 89 para que la expulsi¨®n no sea optativa, sino obligatoria, inmediata y autom¨¢tica si la pena no implica el ingreso en prisi¨®n provisional. Y obligatoria despu¨¦s de cumplida la condena si el inmigrante debiera de ingresar en la c¨¢rcel. A¨²n m¨¢s: el expulsado no podr¨¢ volver a Espa?a en 10 a?os y el Ejecutivo pretende convencer a sus socios de la Uni¨®n Europea para que esa expulsi¨®n por 10 a?os opere en todo el territorio Schengen, es decir, en los pa¨ªses comunitarios en los que hay total libertad de movimiento de personas. Para ello propone registrar a los expulsados por delincuentes en una lista negra que les impida pedir un visado o un permiso de trabajo en los pa¨ªses de la Uni¨®n.

"Que las redes que trafican con personas tengan claro el mensaje de que a Espa?a se puede venir a trabajar y a convivir, pero no a delinquir", clam¨® Acebes en medio de un un¨¢nime aplauso de sus correligionarios. Hasta ahora, seg¨²n el an¨¢lisis del Gobierno, los "robos, hurtos y otros delitos menores son la excusa que utilizan los inmigrantes irregulares para quedarse y no ser expulsados". El problema es que ahora, aunque haya una orden administrativa de expulsi¨®n, ¨¦sta se paraliza mientras se celebra el juicio y, como el delito es menor o es simplemente una falta, el presunto delincuente no ingresa en prisi¨®n. "Es una situaci¨®n insostenible en la que se incentiva un encadenamiento de faltas o peque?os delitos para evitar la expulsi¨®n", destac¨® Acebes.

Si la legalidad es una de las patas de la estrategia de inmigraci¨®n del PP, la integraci¨®n es la otra. Rajoy se encarg¨® de defenderla. Presumi¨® de que en Espa?a la educaci¨®n es un derecho para todos para apostillar que es tambi¨¦n obligatorio tener a los ni?os, y ni?as, escolarizados hasta los 16 a?os. Eso no implica, subray¨®, atentar contra "ninguna cultura o religi¨®n pues en Espa?a la gente es libre y hay libertad de culto, pero tambi¨¦n hay una Constituci¨®n y un sistema de valores".

Leyes que hay que cumplir

En el auditorio de militantes populares barceloneses que le escuchaban hab¨ªa muchas personas mayores. Did¨¢ctico, Rajoy les dijo que aqu¨ª "no se corta una mano al que roba ni se lapida a las ad¨²lteras, como es natural, pero hay leyes que hay que cumplir".

Dos de ellas van a ser reformadas para garantizar que ese cumplimiento impulse la integraci¨®n de los inmigrantes. Se modificar¨¢ el t¨ªtulo III del C¨®digo Penal, que regula los delitos de lesiones, para que la ablaci¨®n sea un delito espec¨ªfico, con un castigo que a¨²n no ha decidido el Gobierno. Esta medida ha sido reclamada por el Congreso y por el Senado, y cuenta con el respaldo de las asociaciones feministas y de derechos de la mujer.

En la misma l¨ªnea de medidas para la integraci¨®n de las mujeres inmigrantes, el Gobierno reformar¨¢ el C¨®digo Civil para que puedan acogerse a la regulaci¨®n espa?ola sobre separaci¨®n y divorcio aquellos inmigrantes que no puedan hacerlo con la ley de sus pa¨ªses de origen. Con este anuncio, el PP se suma, en plena precampa?a electoral, a la defensa del divorcio como medida de convivencia en la familia.