Un a?o de desgobierno del Poder Judicial

El actual Consejo General del Poder Judicial, quinto en la era de la democracia, ha cumplido su primer a?o de mandato. Naci¨® al calor del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, acuerdo hist¨®rico parlamentario que trataba por primera vez en Espa?a de dise?ar una Administraci¨®n de justicia moderna y eficaz adaptada a las exigencias m¨¢s elementales de una sociedad democr¨¢tica avanzada, y ofreci¨® su primera imagen p¨²blica frente a un nuevo acto de sabotaje al Estado de derecho protagonizado por una banda criminal que mat¨® en el Pa¨ªs Vasco a un hombre justo servidor de la sociedad -el juez Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n-, contundente imagen de unidad que, aun obvia, concit¨® el aplauso de todos por su inmediata reacci¨®n de firmeza ante la barbarie terrorista.

Tanta expectativa de cambio en un servicio p¨²blico b¨¢sico para la ciudadan¨ªa y tan firme manifestaci¨®n de repulsa frente a la quiebra de la pac¨ªfica convivencia no sirvieron, no obstante, para que presidente y consejeros del Poder Judicial, aun con sus inevitables diferencias, ofrecieran a los ciudadanos y a la carrera judicial un programa serio y riguroso de iniciativas pol¨ªticas de consenso que llenara de contenido la agenda de un ¨®rgano constitucional de coordinaci¨®n en materia de justicia como es el Consejo. Antes bien, pronto este Consejo evidencia una inquietante falta de rumbo, que ha sido la t¨®nica dominante de su actividad en todo el a?o: as¨ª, inicia el desmantelamiento de un modelo consolidado a lo largo de anteriores mandatos en materia de formaci¨®n judicial y Escuela Judicial, modelo que cuenta con un reconocimiento dentro y fuera de la carrera judicial y prestigio internacional; se desentiende del contrastado Libro Blanco y sus concretas propuestas para solucionar algunos males de la Administraci¨®n de justicia en Espa?a que redact¨® el anterior Consejo; despliega un control disciplinario sobre jueces y tribunales poco serio -las inspecciones, pura rutina, no permiten descubrir la verdadera realidad del estado de cosas judicial y, lo que es peor, detectar las disfunciones y corregirlas-, cuando no err¨¢tico para un Estado de derecho -bot¨®n de muestra, el viaje de ida y vuelta de la investigaci¨®n abierta a la juez Ruth Alonso por dictar una resoluci¨®n ajustada a la legalidad vigente-; mantiene, m¨¢s all¨¢ de encuentros puramente protocolarios, un anormal alejamiento de la carrera judicial a la que representa, que proyecta desconfianza en muchos de los jueces y magistrados que ejercen la funci¨®n jurisdiccional en situaciones realmente dif¨ªciles -excesiva carga laboral, inadecuadas infraestructuras, etc.-; desprecia a las asociaciones judiciales, a las que, no s¨®lo les ha dirigido en este tiempo escas¨ªsimas convocatorias de trabajo, sino que ni siquiera las llama para compartir con todos -ciudadanos de bien e instituciones- el dolor por la muerte del compa?ero hace un a?o asesinado. Y eso cuando, adem¨¢s y para mayor desaz¨®n, en no pocas ocasiones se ha producido en su seno el enfrentamiento de una mayor¨ªa "conservadora" que, con el presidente a la cabeza, hac¨ªa descarado seguidismo pol¨ªtico del Ministerio de Justicia, y una minor¨ªa "progresista", atenazada precisamente por esa condici¨®n hasta el punto de impedirse a s¨ª misma proyectar con imaginaci¨®n sus alternativas.

En fin, todos ellos s¨ªntomas preocupantes de desgobierno del Poder Judicial, que muestran un Consejo que en su primer a?o de mandato no ha dado la talla pol¨ªtica necesaria para hacer frente a sus compromisos constitucionales ante la sociedad, y no por falta de capacidad y de voluntad de sus integrantes, con seguridad desencantados por el pobre bagaje ofrecido. Queda mucho mandato y el marco de acuerdo parlamentario en materia de justicia permite abrigar la esperanza de que el actual Consejo sabr¨¢ regenerarse para liderar con consenso y vigor las importantes reformas que en materia de justicia tiene pendiente nuestro pa¨ªs, impulso pol¨ªtico reflexivo en el que va a contar siempre con la colaboraci¨®n de todos los colectivos implicados, particularmente de las asociaciones judiciales, sin duda de Jueces para la Democracia.

El actual Consejo General del Poder Judicial, quinto en la era de la democracia, ha cumplido su primer a?o de mandato. Naci¨® al calor del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, acuerdo hist¨®rico parlamentario que trataba por primera vez en Espa?a de dise?ar una Administraci¨®n de justicia moderna y eficaz adaptada a las exigencias m¨¢s elementales de una sociedad democr¨¢tica avanzada, y ofreci¨® su primera imagen p¨²blica frente a un nuevo acto de sabotaje al Estado de derecho protagonizado por una banda criminal que mat¨® en el Pa¨ªs Vasco a un hombre justo servidor de la sociedad -el juez Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n-, contundente imagen de unidad que, aun obvia, concit¨® el aplauso de todos por su inmediata reacci¨®n de firmeza ante la barbarie terrorista.

Tanta expectativa de cambio en un servicio p¨²blico b¨¢sico para la ciudadan¨ªa y tan firme manifestaci¨®n de repulsa frente a la quiebra de la pac¨ªfica convivencia no sirvieron, no obstante, para que presidente y consejeros del Poder Judicial, aun con sus inevitables diferencias, ofrecieran a los ciudadanos y a la carrera judicial un programa serio y riguroso de iniciativas pol¨ªticas de consenso que llenara de contenido la agenda de un ¨®rgano constitucional de coordinaci¨®n en materia de justicia como es el Consejo. Antes bien, pronto este Consejo evidencia una inquietante falta de rumbo, que ha sido la t¨®nica dominante de su actividad en todo el a?o: as¨ª, inicia el desmantelamiento de un modelo consolidado a lo largo de anteriores mandatos en materia de formaci¨®n judicial y Escuela Judicial, modelo que cuenta con un reconocimiento dentro y fuera de la carrera judicial y prestigio internacional; se desentiende del contrastado Libro Blanco y sus concretas propuestas para solucionar algunos males de la Administraci¨®n de justicia en Espa?a que redact¨® el anterior Consejo; despliega un control disciplinario sobre jueces y tribunales poco serio -las inspecciones, pura rutina, no permiten descubrir la verdadera realidad del estado de cosas judicial y, lo que es peor, detectar las disfunciones y corregirlas-, cuando no err¨¢tico para un Estado de derecho -bot¨®n de muestra, el viaje de ida y vuelta de la investigaci¨®n abierta a la juez Ruth Alonso por dictar una resoluci¨®n ajustada a la legalidad vigente-; mantiene, m¨¢s all¨¢ de encuentros puramente protocolarios, un anormal alejamiento de la carrera judicial a la que representa, que proyecta desconfianza en muchos de los jueces y magistrados que ejercen la funci¨®n jurisdiccional en situaciones realmente dif¨ªciles -excesiva carga laboral, inadecuadas infraestructuras, etc.-; desprecia a las asociaciones judiciales, a las que, no s¨®lo les ha dirigido en este tiempo escas¨ªsimas convocatorias de trabajo, sino que ni siquiera las llama para compartir con todos -ciudadanos de bien e instituciones- el dolor por la muerte del compa?ero hace un a?o asesinado. Y eso cuando, adem¨¢s y para mayor desaz¨®n, en no pocas ocasiones se ha producido en su seno el enfrentamiento de una mayor¨ªa "conservadora" que, con el presidente a la cabeza, hac¨ªa descarado seguidismo pol¨ªtico del Ministerio de Justicia, y una minor¨ªa "progresista", atenazada precisamente por esa condici¨®n hasta el punto de impedirse a s¨ª misma proyectar con imaginaci¨®n sus alternativas.

En fin, todos ellos s¨ªntomas preocupantes de desgobierno del Poder Judicial, que muestran un Consejo que en su primer a?o de mandato no ha dado la talla pol¨ªtica necesaria para hacer frente a sus compromisos constitucionales ante la sociedad, y no por falta de capacidad y de voluntad de sus integrantes, con seguridad desencantados por el pobre bagaje ofrecido. Queda mucho mandato y el marco de acuerdo parlamentario en materia de justicia permite abrigar la esperanza de que el actual Consejo sabr¨¢ regenerarse para liderar con consenso y vigor las importantes reformas que en materia de justicia tiene pendiente nuestro pa¨ªs, impulso pol¨ªtico reflexivo en el que va a contar siempre con la colaboraci¨®n de todos los colectivos implicados, particularmente de las asociaciones judiciales, sin duda de Jueces para la Democracia.