El alcalde de Castell¨®n y el empresario Luis Batalla acuden ma?ana al juzgado

El alcalde de Castell¨®n, Jos¨¦ Luis Gimeno, y uno de los mayores adjudicatarios de la capital de La Plana, Luis Batalla, est¨¢n llamados a declarar, ma?ana, ante el juez. Ambos habr¨¢n de contestar a las preguntas referentes a la operaci¨®n urban¨ªstica que acab¨® con la adjudicaci¨®n, a una de las empresas del segundo, de parte de los terrenos liberados tras el soterramiento de la v¨ªa f¨¦rrea. Una operaci¨®n que, en su conjunto, ha sido calificada por el concejal socialista Miguel Alcalde como "el mayor pelotazo urban¨ªstico de la historia de Castell¨®n" y por la que se enfrentan a una querella, admitida a tr¨¢mite, por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y falsificaci¨®n en documento p¨²blico.

El principio del caso se remonta al a?o 1994, cuando el Ayuntamiento de Castell¨®n y Renfe firmaron un convenio por el que ambas instituciones fijaban el destino de los m¨¢s de 43.000 metros cuadrados que resultar¨ªan liberados del uso ferroviario. Seg¨²n el acuerdo ¨¦stos "ser¨¢n transmitidos al ayuntamiento mediante expropiaci¨®n forzosa".

En 1995 se iniciaron las obras y un mes antes de que se aprobara el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), en febrero de 2000, se inaugur¨® el nuevo trazado ferroviario enterrado. En este espacio de tiempo, en varias ocasiones, como ocurri¨® en marzo y junio de 1998 seg¨²n las actas plenarias, el Ayuntamiento cifr¨® el coste de la expropiaci¨®n de los terrenos en menos de 1.000 millones de pesetas, lo que ahora equivale a menos de 6 millones de euros, y la urbanizaci¨®n de los mismos en otra cantidad semejante. Es decir, 2.000 millones de pesetas para obtener m¨¢s de 43.000 metros cuadrados de suelo urbanizado. Sin embargo, el convenio nunca fue ejecutado, seg¨²n dijeron, por la falta de acuerdo en el justiprecio de la expropiaci¨®n y pese a que las dos administraciones eran del mismo signo pol¨ªtico (PP).

Y empez¨® el "baile" de 2001, a?o en el que El Corte Ingl¨¦s dio a conocer su inter¨¦s por ubicarse en la capital de La Plana. Durante este a?o, el grupo municipal decidi¨® modificar los planes que ten¨ªa para esa zona, la recalific¨®, en parte, la ampli¨® y le otorg¨® mayor edificabilidad a costa de un ¨¢rea colindante. En medio de este proceso, firm¨® un nuevo convenio por el que renunciaba a los planes del 94. Renfe se quedaba con dos parcelas, recalificadas, de m¨¢s de 7.000 metros cuadrados y el Ayuntamiento, con el resto. Entre tanto, el grupo de gobierno popular decidi¨® que para urbanizar toda esta superficie utilizar¨ªa como moneda de cambio el solar que ha de ocupar El Corte Ingl¨¦s, de 6.000 metros cuadrados. As¨ª, determin¨® "cambiar" el desarrollo de la zona por la propiedad del suelo y adjudic¨® las obras a Calviga, una de las empresas de Batalla, no sin antes desestimar otra oferta, que ni siquiera se estudi¨®, al entender que no reun¨ªa los requisitos que se precisaban.

En cifras, la decisi¨®n del gobierno municipal se tradujo en que el Consistorio se "ahorraba" 2.000 millones de pesetas aunque ser¨¢n las arcas p¨²blicas las que costear¨¢n una de las infraestructuras fundamentales para la urbanizaci¨®n de la zona; un colector que cuesta 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas). Sin embargo, los beneficios de sus compa?eros de viaje, Renfe y la adjudicataria Calviga, son m¨¢s palpables. El pasado mes de octubre de 2002 , la empresa p¨²blica obtuvo 49,7 millones de euros (m¨¢s de 8.200 millones de pesetas) en la subasta de sus dos parcelas (7.100 metros cuadrados). Y Calviga posee los 6.000 metros cuadrados restantes para edificar un centro comercial de siete alturas y cinco plantas subterr¨¢neas (mayor edificabilidad que los terrenos de Renfe) por el que no se sabe lo que est¨¢ dispuesto a pagar El Corte Ingl¨¦s y con la obligaci¨®n de gastar algo m¨¢s de 16 millones de euros (unos 2.700 millones de pesetas) en la urbanizaci¨®n de la zona.