El derecho de la represi¨®n

Hace pocos d¨ªas, en un acto dirigido por el presidente de la Generalitat se present¨® La revoluci¨®n y el deseo, el libro de memorias de Miguel N¨²?ez, dirigente del PSUC y uno de entre tantos mujeres y hombres que dieron lo mejor de s¨ª mismos en la larga noche de la dictadura franquista para el restablecimiento de la democracia. El libro se inscribe en un lento proceso de recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica de la lucha contra el r¨¦gimen de Franco. Un libro al que ser¨ªa de desear que pronto se a?adiese la nueva edici¨®n de Mujeres en las c¨¢rceles franquistas, de Tomasa Cuevas, una sencilla y valiente mujer, torturada salvajemente por la polic¨ªa, hoy postrada en una silla de ruedas y casi olvidada en un geri¨¢trico de Barcelona. Un proceso necesario en el que la transici¨®n pol¨ªtica hacia la democracia, tan positiva por muchas razones, dej¨® en el camino la reparaci¨®n de los que m¨¢s la hicieron posible. La desmemoria de su dif¨ªcil lucha es un indigno y vergonzoso comportamiento pol¨ªtico, del que la izquierda con responsabilidades de gobierno no queda exenta. Ahora, a casi 25 a?os de la Constituci¨®n, la publicaci¨®n de memorias como las de N¨²?ez ha de servir para no dejar en el olvido lo que fue la represi¨®n practicada por un r¨¦gimen de infausta memoria.

No hay duda de que el final de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939 fue ficticio, la dictadura sigui¨® s¨®rdida y cruel

Una represi¨®n de 40 a?os, que empieza a ser algo m¨¢s conocida, pero de la que probablemente queda m¨¢s lejos la percepci¨®n de la brutalidad de su marco legal. Es decir, del arsenal de leyes que constituy¨® el derecho de la represi¨®n construido entre 1936 y 1975. Un aparato legal de normas y tribunales de excepci¨®n que en palabras del general Mola, "hab¨ªa de inspirar un horror saludable" en la nueva Espa?a que se dispon¨ªan a perpetrar; y al que se a?ad¨ªa el propio Franco afirmando que "el saldo de la contienda no debe hacerse a la manera liberal con amnist¨ªas monstruosas y funestas que son m¨¢s bien enga?o que gesto de perd¨®n".

No hay duda de que el final de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939 fue ficticio. Porque ya durante la contienda e inmediatamente despu¨¦s, la dictadura inici¨® una batalla continuada, s¨®rdida e igual de cruel contra el opositor pol¨ªtico. Para ello se pertrech¨® de un aparato legal, en una legalidad impuesta por la fuerza de una rebeli¨®n militar contra el r¨¦gimen democr¨¢tico de la II Rep¨²blica, que se iniciaba a trav¨¦s de las Leyes de Prerrogativa de 1938 y 1939 que otorgaban a Franco la potestad legislativa, es decir el poder absoluto. Y que sigui¨® con la Ley de Responsabilidades Pol¨ªticas tambi¨¦n de 1939, una aberraci¨®n jur¨ªdica al tratarse de una ley de car¨¢cter penal y sancionador que se aplicaba retroactivamente hasta cinco a?os antes de su promulgaci¨®n, contra todos los que hubiesen contribuido a crear o agravar la subversi¨®n; es decir, contra todos los que a la postre hubiesen dado su apoyo a la Rep¨²blica. Y aquel mismo a?o el r¨¦gimen modificaba el C¨®digo Penal para exculpar de todo tipo de responsabilidad a todos aquellos que, nada menos que desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936, cometieron actos que "lejos de todo prop¨®sito delictivo obedecieron a un impulso del m¨¢s fervoroso patriotismo y en defensa de los ideales que provocaron el Glorioso Alzamiento contra el Frente Popular". En definitiva, que se exim¨ªa de responsabilidad a todos los que, practicando el terrorismo o el homicidio, hab¨ªan atentado contra las instituciones republicanas desde su inicio. Era evidente, pues, que con estos singulares mimbres legales, la oposici¨®n al r¨¦gimen se presentase especialmente dura, como as¨ª lo ponen de manifiesto los libros de memorias que se vienen publicando en los ¨²ltimos a?os.

Las condiciones de la detenci¨®n ante la polic¨ªa y despu¨¦s ante el juez supon¨ªan lisa y llanamente la negaci¨®n de los derechos humanos y la institucionalizaci¨®n de la tortura. El periodo de detenci¨®n no estaba sometido a l¨ªmites, la polic¨ªa dispon¨ªa de barra libre para hacer con el detenido lo que creyese m¨¢s oportuno, incluida la desaparici¨®n f¨ªsica porque el registro no era preceptivo. La tortura era medieval en las ¨¦pocas m¨¢s duras y fue una pr¨¢ctica habitual hasta la muerte del dictador. Por otra parte, el control judicial llevado a cabo por la jurisdicci¨®n militar sobre los derechos del detenido era nulo. En realidad era un aval a los Conesa, Creix, Polo y otras excrecencias humanas, profesionales de la tortura, que lo hubiesen llevado a cabo en Via Laietana, la Puerta del Sol o cualquier otro centro de detenci¨®n del pa¨ªs. Un aval en el que destac¨® con luz propia el coronel Enrique Aymar, de memoria imborrable para sus v¨ªctimas.

Cuando el detenido pasaba a disposici¨®n judicial, los derechos a la tutela judicial eran ignorados. Si alegaba los malos tratos recibidos el juez respond¨ªa que con aquello de que era su palabra contra la de la polic¨ªa, sin que en dichas diligencias pudiese exigirse la actuaci¨®n pericial de un m¨¦dico forense. Y el atestado policial era considerado siempre como prueba de cargo, por lo que algo que pueda asimilarse con el derecho a la presunci¨®n de inocencia brillaba por su ausencia. La concomitancia entre polic¨ªa y juez pod¨ªa ser tal que nada imped¨ªa que el detenido volviese a ser interrogado por la polic¨ªa. Entre la detenci¨®n y el juicio pod¨ªan pasar varios a?os con la considerable inseguridad jur¨ªdica, como as¨ª ocurri¨® con una masiva detenci¨®n de militantes del PSUC en 1949 cuyo juicio no se celebr¨® hasta 1953. Finalmente, el ingreso en prisi¨®n supon¨ªa acceder a un recinto donde continuaban las vejaciones para el opositor pol¨ªtico por otras v¨ªas. Y que s¨®lo la dignidad y coraje del preso y la solidaridad del exterior permit¨ªan atenuar. Es por todo ello por lo que el recuerdo de estos ciudadanos es un deber moral de la sociedad. Porque preservar la memoria hist¨®rica es una garant¨ªa de libertad.

Marc Carrilloes catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra.