El Poder Judicial respaldar¨¢ el aumento a 40 a?os de la pena m¨¢xima y objetar¨¢ la retroactividad de la ley

El primer informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma penal que propone el Gobierno se saldar¨¢ con el respaldo a la mayor parte del anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Medidas de Reforma para el Cumplimiento ?ntegro y Efectivo de las Penas. As¨ª se deduce del borrador de informe que ultiman los ponentes Adolfo Prego, propuesto por el PP, y Luis Aguiar, vocal a iniciativa del PSOE, que avala la constitucionalidad de la elevaci¨®n a 40 a?os de c¨¢rcel de la pena m¨¢xima y objeta la pretendida retroactividad de la futura ley.

Uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos del anteproyecto que informar¨¢ el CGPJ es la elevaci¨®n del l¨ªmite m¨¢ximo de cumplimiento de penas de c¨¢rcel a 40 a?os, que en algunos sectores jur¨ªdicos ha sido considerada inhumana o degradante, prohibida por el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n.

El texto gubernamental eleva el tope de 40 a?os de c¨¢rcel para el condenado por dos o m¨¢s delitos, alguno de los cuales est¨¦ castigado con m¨¢s de 20 a?os, y cuando el delincuente haya sido condenado por dos o m¨¢s delitos de terrorismo "y alguno de ellos est¨¦ castigado por la ley con pena de prisi¨®n superior a 20 a?os".

La dureza de esta medida queda reforzada para los terroristas y miembros de organizaciones criminales, ya que los beneficios penitenciarios a estos delincuentes se referir¨¢n a la totalidad de las penas impuestas. Adem¨¢s quedar¨¢n excluidos de la posibilidad de que el juez de vigilancia penitenciaria les aplique el r¨¦gimen general de cumplimiento, previo pron¨®stico de reinserci¨®n.

El borrador de informe estima que la fijaci¨®n en 40 a?os del tiempo m¨¢ximo de c¨¢rcel no constituye cadena perpetua ni es contrario a la Constituci¨®n. El texto propone, sin embargo, que no se cierre el paso a la reinserci¨®n de los terroristas, como ocurrir¨ªa si se mantiene como est¨¢ el art¨ªculo 78 de la futura ley.

Aplicaci¨®n retroactiva

Los dos ponentes discrepaban ayer y trataban de alcanzar un acuerdo antes del jueves sobre la eficacia en el tiempo de las nuevas normas penales. Ambos coinciden en que una ley sin disposiciones transitorias y que dispone que entrar¨¢ en vigor "el d¨ªa siguiente al de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado" exige una aclaraci¨®n sobre el alcance de su aplicaci¨®n retroactiva.

Aguiar defiende "la radical irretroactividad de las normas penales" y espera alcanzar un acuerdo con Prego, partidario de una irretroactividad m¨¢s matizada. Aguiar invoca preceptos constitucionales como el art¨ªculo 9.3 ["irretroactividad de las disposiciones sancionadoras"] y el 25.1 ["Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito (...), seg¨²n la legislaci¨®n vigente en aquel momento"].

El proyecto de informe de la Comisi¨®n de Estudios e Informes del CGPJ est¨¢ previsto que se apruebe el pr¨®ximo jueves, mientras que el pleno del Consejo del 4 de febrero aprobar¨¢ el informe definitivo, no vinculante para el Gobierno. La presencia en dicha comisi¨®n de representantes de los sectores conservador y progresista permite anticipar que el consenso que se alcance el jueves tendr¨¢ reflejo en el acuerdo del pleno.