Calviga alega haber perdido unas actas que le reclama el juez que instruye la querella contra Gimeno

La empresa Calviga, filial del grupo Lubasa, ha presentado un escrito en el que alega haber perdido unas actas que el juez que instruye la querella contra su presidente, Luis Batalla, y uno de sus directivos, Alberto Oller, hab¨ªa reclamado. En la misma querella, presentada por los socialistas en el Ayuntamiento de Castell¨®n por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y falsificaci¨®n en documento p¨²blico, figuran como imputados el alcalde de Castell¨®n, Jos¨¦ Luis Gimeno, y el concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, que ha de comparecer ma?ana ante el juez. El titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Castell¨®n, Horacio Badenes, recibi¨® el lunes la misiva del letrado de la empresa, Manuel Giner, en la que manifiesta la imposibilidad de aportar la documentaci¨®n requerida porque "no la encuentran". ?sta se refiere a m¨¢s de una treintena de actas que se levantaron durante las reuniones que han mantenido los directivos de Promoci¨®n y Urbanismo del grupo en los tres ¨²ltimos a?os, tal como se?al¨® el propio Oller quien dijo que, aunque no se recopilan en ning¨²n libro, s¨ª suelen guardarse.

Fuentes de la acusaci¨®n particular han querido resaltar la alegaci¨®n ya que, a su entender, "se est¨¢ ocultando una documentaci¨®n que puede ser vital para el desarrollo de la querella". Seg¨²n las mismas fuentes, el directivo de Batalla declar¨® que las decisiones urban¨ªsticas de Calviga se toman, mensualmente, en reuniones de comit¨¦s formados por ocho o diez personas.

El juzgado fue escenario ayer de la declaraci¨®n, como imputado, del funcionario Juan Barreda, uno de los testigos de la mesa de contrataci¨®n que inform¨® a favor de la propuesta de Calviga para la adjudicaci¨®n de la urbanizaci¨®n de los terrenos liberados tras el soterramiento de la v¨ªa f¨¦rrea, operaci¨®n que ha motivado la querella. Barreda, que acudi¨® asistido por el letrado Jos¨¦ Ferrando, se ratific¨® en sus informes y mantuvo que la mesa de contrataci¨®n en la que ejerci¨® de testigo no tiene car¨¢cter vinculante, sino que ¨²nicamente realiza funciones informativas. Adem¨¢s, se?al¨® que la mesa estaba compuesta por otras tres personas, el concejal Jos¨¦ Pascual, el oficial mayor, Francisco Javier Llobet, que actuaba como fedatario y un segundo testigo.

El juez interrog¨® como testigo a la responsable del departamento jur¨ªdico de Urbanismo, Mar¨ªa Jos¨¦ Dom¨¦nech, que defendido la legalidad de la modificaci¨®n del PGOU.