El Gobierno de CiU lleva a los tribunales a Jim¨¦nez de Parga por negar las nacionalidades hist¨®ricas

Los Gobiernos catal¨¢n y vasco hicieron ayer efectiva su anunciada recusaci¨®n del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Jim¨¦nez de Parga, por sus pol¨¦micas declaraciones en las que neg¨® la existencia de las comunidades hist¨®ricas y se mostr¨® partidario de modificar la Constituci¨®n en este punto. Pero mientras Ajuria Enea limita la recusaci¨®n de Jim¨¦nez de Parga a la decisi¨®n del alto tribunal sobre la Ley de Partidos y la ilegalizaci¨®n de Batasuna, la Generalitat de Catalu?a va m¨¢s all¨¢ y reclama la abstenci¨®n del presidente en los 48 conflictos de competencias pendientes de sentencia y adem¨¢s presentar¨¢ una demanda civil contra ¨¦l. El Gobierno catal¨¢n juzga "ofensivas" e "impropias de su cargo" las controvertidas afirmaciones del presidente del TC.

"Si tenemos que actuar de esta manera es para que no parezca que las declaraciones [de Jim¨¦nez de Parga] son un patinazo sin importancia", afirm¨® ayer el conseller en cap, Artur Mas, en la rueda de prensa posterior a la reuni¨®n del Gobierno. Converg¨¨ncia i Uni¨® ha hecho un gran despliegue pol¨ªtico en la recusaci¨®n de Jim¨¦nez de Parga. Los nacionalistas catalanes han llevado sus propuestas de dimisi¨®n del presidente del Tribunal Constitucional tanto al Gongreso de los Diputados como al Parlamento de Catalu?a.

Y ayer, el Ejecutivo de Jordi Pujol aprob¨® tres medidas. La primera, pedir a los miembros del alto tribunal que tomen la iniciativa y reclamen el cese de Jim¨¦nez de Parga en el caso de que ¨¦ste no dimita por su propia voluntad. Segunda, presentar una demanda por la v¨ªa civil contra el presidente pues, en opini¨®n del Gobierno, las afirmaciones "pueden comportar una infracci¨®n de las obligaciones inherentes en el ejercicio de su cargo". Y tercera, recusar al presidente en cada uno de los recursos que la Generalitat interponga ante el tribunal y en todos los pendientes de sentencia, que suman un total de 48. Seg¨²n el Ejecutivo, "hay que tener en cuenta que en todos estos casos es objeto de controversia el patrimonio competencial de la Generalitat de Catalu?a y, en consecuencia, el ¨¢mbito de sus potestades de Gobierno".

Ley de medidas fiscales

La Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos podr¨ªa ser la primera norma en la que la Generalitat recusara a Jim¨¦nez de Parga. El Gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) solicit¨® ayer al Consejo Consultivo un informe de constitucionalidad de esta ley que, a su entender, puede invadir competencias auton¨®micas en materia de costas, comunicaciones y aeropuertos.

Artur Mas precis¨® que la Generalitat de Catalu?a contin¨²a confiando en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por tanto, el Gobierno catal¨¢n seguir¨¢ utilizando esta v¨ªa. "Pero una cosa es el tribunal y sus miembros y otra muy distinta su presidente", agreg¨®. "Nuestro objetivo es que se restablezca el estado normal de las cosas y nuestra confianza en el sistema", manifest¨® el conseller en cap.

La Mesa del Parlamento vasco tambi¨¦n aprob¨® ayer la propuesta de suspensi¨®n y cese del presidente del Tribunal Constitucional que firmaron los tres socios del Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida. A su vez, el Ejecutivo de Juan Jos¨¦ Ibarretxe materializ¨® ayer por la ma?ana su segundo escrito de recusaci¨®n contra el presidente del Tribunal Constitucional en el recurso contra la Ley de Partidos. El Gobierno aut¨®nomo estima que Jim¨¦nez de Parga tiene ya un criterio formado y expresado p¨²blicamente sobre la ilegalizaci¨®n de Batasuna y que adem¨¢s tiene animadversi¨®n hacia el propio Gobierno vasco, por lo que su juicio sobre el recurso no ser¨ªa imparcial. El portavoz, Josu Jom Imaz, exigi¨® ayer que esta petici¨®n de recusaci¨®n se analice antes del recurso, que el TC tiene previsto ver el d¨ªa 11.

A la recusaci¨®n contra Jim¨¦nez de Parga de los Gobiernos catal¨¢n y vasco se sumar¨¢ la que aprobar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 13 el Parlamento catal¨¢n cuando d¨¦ luz verde al recurso contra la ley estatal de testamento vital.