El silencio de los republicanos

Tras m¨¢s de 60 a?os y, justo ahora, cuando algunos de los vencidos de la Guerra Civil espa?ola, republicanos desconocidos, simples ciudadanos de la calle en su mayor¨ªa, comienzan a contar en los medios de comunicaci¨®n sus historias de muertes, represalias y humillaciones, surge un aspecto de la situaci¨®n que plantea un dilema ¨¦tico nada desde?able: ?debe el periodista reflejar en su trabajo testimonios que, directa o indirectamente, relacionen a personas con cr¨ªmenes, represalias o actuaciones habidas durante la Guerra Civil, sabiendo que en su mayor parte se refieren a personas fallecidas, y que no existen pruebas documentales que los avalen, ya que ni siquiera las hubo en su d¨ªa o, si existieron, fueron destruidas? ?Deben estos testimonios, ante tal dificultad (no hay m¨¢s que recordar los problemas existentes todav¨ªa hoy, y que han derramado r¨ªos de tinta, para afirmar con exactitud qui¨¦n denunci¨® y llev¨® a la muerte al poeta Federico Garc¨ªa Lorca), continuar silenciados para siempre, contribuyendo as¨ª a ocultar una parte fundamental de nuestra reciente historia?

Estas preguntas vienen al hilo de un reciente reportaje sobre la represi¨®n que sufri¨® el cuerpo de maestros republicanos en la guerra y posguerra civil espa?ola, publicado por este peri¨®dico en las p¨¢ginas del suplemento de Educaci¨®n, el 27 de enero ¨²ltimo, bajo el ep¨ªgrafe La guerra en las aulas, en el que se daba cuenta de los castigos sufridos por este colectivo, el m¨¢s penado por la represi¨®n franquista a decir de algunos historiadores.

Tres asesinatos

Una de las entrevistadas, Mar¨ªa C. Florentina P¨¦rez, maestra, hija y hermana de maestros asesinados, afirmaba en su relato que conoc¨ªa la raz¨®n de aquellas tres muertes acaecidas en los primeros momentos de la guerra. Y hac¨ªa referencia a una venganza personal del alcalde del pueblo en el que viv¨ªan por un pleito en el que el padre de Florentina hab¨ªa actuado como cal¨ªgrafo.

Un lector, Luis Andr¨¦s Osorio Gull¨®n, se ha dirigido a esta defensora alegando la credibilidad de un medio como EL PA?S, y para "evitar la posible proyecci¨®n de grave falta de objetividad y sensacionalismo" que, a su juicio, "puede manchar la informaci¨®n sobre determinados episodios de la triste campa?a contra los maestros a ra¨ªz de la ¨²ltima guerra civil espa?ola". Osorio, cita textualmente una frase de la redactora Carmen Mor¨¢n, autora del reportaje: "A los tres muertos de Florentina no se les acus¨® de nada. Pero ella sabe la raz¨®n de que les enterraran con los primeros fogonazos de la contienda: el alcalde del pueblo". Para afirmar a continuaci¨®n que, una vez le¨ªdo el texto -que no mencionaba el nombre del citado alcalde-, advirti¨® a la periodista sobre la gravedad de la imputaci¨®n criminal hecha a una persona que, por la descripci¨®n period¨ªstica y de la informante, pudiera estar viva y corresponder a un familiar suyo.

El lector afirma que solicit¨® a la periodista, "ante la falta de contraste con la persona que pudiera identificarse en el reportaje, y dadas las afirmaciones vertidas en el mismo, que averiguara m¨¢s datos para llegar a la certeza de la persona conocida, que entonces era 'el alcalde de X, un m¨¦dico dentista', puesto que habr¨ªa posibilidad de completar la actuaci¨®n responsable que, como profesional del periodismo, le corresponde para fundamentar la informaci¨®n publicada". La defensora omite en esta columna el nombre del pueblo, que s¨ª cita en su carta el lector, para no aumentar su preocupaci¨®n.

La redactora confiesa su dificultad para contrastar el testimonio de Mar¨ªa Florentina P¨¦rez con otras fuentes, como establece el Libro de estilo de EL PA?S, dado que ni siquiera conoc¨ªa el nombre del alcalde mencionado -la entrevistada se neg¨® a facilitarlo- y a quien supuso en todo momento fallecido, lo que hizo saber al se?or Osorio cuando contact¨® con ella.

Carmen Mor¨¢n afirma que al insistir ¨¦ste en la gravedad de la acusaci¨®n hecha, "una delaci¨®n que pod¨ªa haber conducido no a uno, sino a tres asesinatos", le comunic¨® su derecho a escribir una carta al director, o la posibilidad de rectificar, dando su versi¨®n de los hechos, en cuyo caso tendr¨ªa que citarle como fuente. Ninguna de estas f¨®rmulas pareci¨® convencerle. "El se?or Osorio", dice Mor¨¢n, "reconoci¨® finalmente que la persona mencionada era un familiar y que todav¨ªa estaba vivo, pero no neg¨® nada de lo publicado. Al saber esto acud¨ª de nuevo a la entrevistada, que ten¨ªa 20 a?os en el momento de los hechos, quien se ratific¨® en todo lo dicho, sin retirar ni una sola coma. Es m¨¢s, a?adi¨® otros detalles que corroboraban la historia".

Venganzas personales

Esta defensora del lector ha querido saber la opini¨®n de distintos historiadores sobre la oportunidad de publicar o no, cuando comienzan a aflorar despu¨¦s de a?os de silencio, estos testimonios de dif¨ªcil contraste. Javier Tusell reconoce que los historiadores tienen una noticia cada vez m¨¢s aproximada acerca del volumen de la represi¨®n que se produjo tras la guerra civil en Espa?a y de la que tuvo que ver en la retaguardia de cada bando durante ella, pero admite que "los casos concretos resultan, sin embargo, muy dif¨ªciles de investigar por la carencia de documentaci¨®n escrita y por la reserva de los archivos p¨²blicos en materia referida a la intimidad de las personas. Es verdad que, sobre todo en peque?as poblaciones, la represi¨®n estuvo entremezclada con venganzas personales". Y a?ade: "Los testimonios orales, cuando se refieren a sucesos de ese car¨¢cter y tan lejanos, debieran expresarse como un juicio personal, de veracidad posible pero sujeta a una comprobaci¨®n dif¨ªcil".

Por su parte, el historiador Santos Juli¨¢ diferencia claramente entre los hechos acaecidos en los primeros momentos de la guerra civil y durante ella, y los sucedidos en la posguerra. "Lo que pas¨® en la guerra fue, casi siempre, producto de actuaciones incontroladas. Mucha gente fue llevada al pared¨®n sin juicio alguno; no fueron ejecutados, fueron asesinados. Lo que sucedi¨® en la gran represi¨®n de la posguerra se puede comprobar porque est¨¢ documentado y archivado. En principio tenemos que fiarnos de los testimonios de las v¨ªctimas y arriesgarnos a que pueda salir alguien que diga lo contrario, porque no hay modo de probarlo". No obstante, este historiador sostiene que se?alar a alguien concreto como culpable de una actuaci¨®n, como un asesinato, es suficientemente grave para que se haga previo contraste con otras fuentes. "?Es posible?, es muy complicado, y creo que s¨®lo podr¨ªa hacerse a trav¨¦s de una investigaci¨®n independiente, una especie de Comisi¨®n de la Verdad, como se ha hecho en algunos pa¨ªses. ?sa ser¨ªa una f¨®rmula para que la gente pudiera hablar de lo que pas¨® e investigar con toda fiabilidad. Habr¨ªa que sugerirlo para estos casos, porque el lado nacional tuvo la Causa General, pero del lado republicano no ha existido nada similar a una investigaci¨®n oficial".

Para el historiador Francisco Morente Valero, profesor de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, que en su tesis La depuraci¨®n del magisterio nacional relaciona hasta 60.000 maestros depurados, se trata de una cuesti¨®n compleja de dif¨ªcil soluci¨®n. "Chocan en ella dos principios importantes, uno de los cuales resultar¨¢ da?ado sea cual sea la decisi¨®n que se adopte. Frente a la presunci¨®n de inocencia que a todos nos ampara, est¨¢ el derecho de las v¨ªctimas no s¨®lo a que se reconozca su condici¨®n de tales, sino tambi¨¦n a que se conozca y se sancione, siquiera sea moralmente, a los victimarios, y m¨¢s en una cuesti¨®n como la que se plantea, caracterizada por la imposibilidad de las v¨ªctimas de denunciar su situaci¨®n durante las largas d¨¦cadas de la dictadura y por la imposibilidad igualmente de obtener cualquier compensaci¨®n por su sufrimiento dadas las peculiares caracter¨ªsticas de nuestra transici¨®n a la democracia". Dicho esto, Morente Valero a?ade que, en casos como el citado, el periodista debe extremar la aplicaci¨®n de los principios deontol¨®gicos de la profesi¨®n: la comprobaci¨®n de las fuentes y el contraste de las opiniones, aunque admite que "en muchas ocasiones ser¨¢ imposible encontrar pruebas documentales o testigos directos de lo que afirma". En este caso extremo, a?ade, habr¨ªa que publicar los datos "reflejando que se trata de la versi¨®n no contrastada de una parte, evitando que de la lectura se pueda deducir que estamos ante unos hechos irrefutables".

?Cumpli¨® la autora del reportaje con los requisitos que recomiendan los historiadores? No, en cuanto al contraste de otras fuentes o documentos, como tambi¨¦n establece el Libro de estilo de EL PA?S en los casos dudosos o delicados. Por ello, hubiera sido necesario extremar la cautela haciendo constar, al menos, que la versi¨®n de la entrevistada no hab¨ªa podido ser contrastada. Pero tambi¨¦n es cierta, como bien aseguran los expertos consultados, la dificultad de contrastar o documentar en la actualidad determinados hechos de la contienda, menos a¨²n cuando, como en el presente caso, el interesado rechaza aportar su versi¨®n de los mismos.

Los lectores pueden escribir a la Defensora del Lector por carta o por correo electr¨®nico (defensor@elpais.es) o telefonearla al n¨²mero 913 377 836.