La Junta exige en sus alegaciones a la renta agraria que Trabajo asigne m¨¢s dinero a pol¨ªticas activas de empleo

El Gobierno andaluz hizo ayer p¨²blicas sus alegaciones al proyecto de decreto que regular¨¢ la renta agraria, la nueva prestaci¨®n ideada por el Ministerio de Trabajo para los jornaleros a los que el decretazo dej¨® sin posibilidad de acceder al subsidio agrario. La Junta reitera las principales reclamaciones de los sindicatos, que optaron por este tr¨¢mite de alegaciones para tratar de modificar los "flecos pendientes" del sistema, que aceptaron en enero. A estas reclamaciones, el Ejecutivo auton¨®mico a?ade la necesidad de evaluar el "montante econ¨®mico" para su desarrollo, que intensifica las pol¨ªticas activas de empleo en el medio rural.

La renta agraria, adem¨¢s de establecer una prestaci¨®n similar al subsidio, lleva aparejada un "plan personal de inserci¨®n laboral": un "asesor de empleo" asignado al jornalero, adem¨¢s de incluirlo en ofertas de trabajo, determinar¨¢ qu¨¦ planes p¨²blicos de formaci¨®n y empleo son los m¨¢s adecuados.

El jornalero puede ser incluido en un curso de formaci¨®n profesional, en talleres de empleo, escuelas-taller o casas de oficio (pol¨ªticas activas de empleo que combinan formaci¨®n y trabajo) o en planes de empleo municipales (las obras de infraestructuras del antiguo PER). El jornalero est¨¢ obligado a aceptar estas propuestas.

- M¨¢s fondos. La Junta exige que el decreto incluya la necesidad de "dotar al servicio p¨²blico de empleo correspondiente de los recursos humanos y materiales necesarios" para desarrollar estos planes de inserci¨®n laboral. Y tambi¨¦n propone "nuevos criterios de reparto de los fondos". Esta propuesta hace referencia, sobre todo, a la distribuci¨®n del dinero de las pol¨ªticas activas de empleo, una competencia la Junta reclama desde hace seis a?os y cuyo traspaso ha sido fijado por el Gobierno para mayo. La Consejer¨ªa de Empleo prev¨¦ que el desarrollo de la renta agraria exigir¨¢ m¨¢s centros de formaci¨®n y empleo y m¨¢s funcionarios, por lo que plantea una revisi¨®n al alza de los fondos asignados a Andaluc¨ªa (240 millones).

- Discriminaci¨®n de inmigrantes. La Junta coincide con los sindicatos en que "debe suprimirse" el requisito de diez a?os de residencia por "ser constitutivo de una discriminaci¨®n indirecta por raz¨®n de nacionalidad en relaci¨®n con los trabajadores extranjeros".

- Peonadas PER. La Junta considera "deseable" que se incluyan las peonadas echadas en el antiguo PER para computar el n¨²mero de jornales (un m¨ªnimo de 35) que condicionan el importe de la prestaci¨®n, tal y como pasa en el subsidio.

- Duraci¨®n. La Junta cree "razonable" eliminar "cualquier limitaci¨®n" al periodo de cobro de esta nueva prestaci¨®n, limitado por el Ministerio a seis veces.

- Discriminaci¨®n de g¨¦nero. La Junta tambi¨¦n cree que existe "una discriminaci¨®n indirecta por raz¨®n de g¨¦nero" en la exigencia de cotizaci¨®n previa (entre cinco y veinte a?os) a los mayores de 45 a?os, un requisito que muchas mujeres no podr¨¢n cumplir.

- Competencias. Los servicios jur¨ªdicos auton¨®micos estiman que algunos art¨ªculos en los que se liga la gesti¨®n de pol¨ªticas activas de empleo al Inem vulneran la "distribuci¨®n competencial" que atribuye esa gesti¨®n a las autonom¨ªas.