El regreso de ETA conden¨® a Batasuna

El 12 de octubre de 2002, el lehendakari Ibarretxe declar¨® que el verdadero objetivo de su propuesta de nuevo marco pol¨ªtico (estatus de libre asociaci¨®n) era "erradicar la violencia de ETA" de una vez por todas y alcanzar una "libertad plena" para toda la ciudadan¨ªa. En el folleto difundido a fines de a?o por el Gobierno vasco para popularizar esa propuesta se resumen los contenidos del proyecto en 10 puntos: reconocimiento jur¨ªdico de nuestra identidad nacional y del derecho de la sociedad vasca a ser consultada, libertad de relaciones con Navarra y Pa¨ªs vasco-franc¨¦s, poder judicial aut¨®nomo, garant¨ªa de decisi¨®n de nuestras instituciones sin injerencias, reconocimiento de selecciones deportivas vascas, gesti¨®n de la Seguridad Social, titularidad de las infraestructuras, derecho de ratificaci¨®n de decisiones exteriores que afecten a competencias vascas, voz propia en Europa como Comunidad Pol¨ªtica Libre Asociada.

El primer problema que plantea la propuesta del 'lehendakari' es que, contra lo que proclama, no sirve para acercar el fin de ETA y s¨ª para desencadenar una din¨¢mica de ruptura interna de la sociedad vasca

La movilizaci¨®n c¨ªvica contra el secuestro y asesinato de Miguel ?ngel Blanco, concejal del PP de Ermua, alertar¨ªa al PNV del riesgo de que la derrota pol¨ªtica de ETA arrastrase la de todo el nacionalismo

Hay, por tanto, una continuidad entre el Plan Ibarretxe y otros anteriores en los que tambi¨¦n se ligaba el fin de la violencia y el asentamiento de la convivencia a la obtenci¨®n de nuevas cotas de autogobierno; es decir, a la satisfacci¨®n de determinadas reivindicaciones o aspiraciones nacionalistas.

Aunque ese planteamiento se remonta a la transici¨®n, fue sobre todo a partir de mediados de los noventa cuando el nacionalismo lo desarroll¨® de forma expl¨ªcita. En febrero de 1994, el miembro de la direcci¨®n del PNV, Juan Mar¨ªa Ollora, encargado por su partido de explorar v¨ªas de superaci¨®n de la violencia, present¨® sus primeras conclusiones en una conferencia pronunciada en la Universidad de Leioa. En ella planteaba ya claramente la hip¨®tesis de que la clave de la soluci¨®n era el reconocimiento del derecho de autodeterminaci¨®n. Era lo que consideraba "ir a las causas" en nombre de las cuales ETA justificaba su permanencia. Aunque son posibles otras interpretaciones, hay razones para pensar que en aquel momento el PNV, o al menos Ollora, era sincero en su planteamiento: el objetivo no era sacar partido del fin de la violencia, como m¨¢s tarde pudo pensarse, sino tratar de convencer a ETA de que desistiera de la manera considerada m¨¢s factible o menos costosa.

Ese planteamiento se plasmar¨ªa tres a?os despu¨¦s en una declaraci¨®n p¨²blica, resultado de un debate interno, en la que el PNV se declaraba dispuesto a "moverse y arriesgar" para alcanzar la paz, aunque no a dejarse llevar a "estrategias, t¨¢cticas o colaboraciones incompatibles con nuestro ser pol¨ªtico, es decir, sin abandonar y desvirtuar nuestra alternativa ni nuestra estrategia". Una pista para interpretar el sentido de esa advertencia era la referencia cr¨ªtica incluida en el texto a quienes hab¨ªan intentado utilizar el Pacto de Ajuria Enea como un "pacto antiterrorista". La idea parec¨ªa ser que hab¨ªa que tomar iniciativas a favor del fin de la violencia, pero evitando que implicasen un enfrentamiento directo del nacionalismo democr¨¢tico con el nacionalismo violento.

Rebeli¨®n c¨ªvica

Con esa mentalidad recibi¨® el PNV la rebeli¨®n c¨ªvica provocada por el secuestro y asesinato, en julio de 1997, de Miguel ?ngel Blanco, concejal de Ermua. Aquella movilizaci¨®n alertar¨ªa a ese partido del riesgo de que la derrota pol¨ªtica de ETA arrastrase la de todo el nacionalismo. M¨¢s concretamente, de la posibilidad de que las fuerzas no nacionalistas se unieran, pese a su rivalidad en el escenario de la pol¨ªtica espa?ola, y fueran capaces de alcanzar en Euskadi una mayor¨ªa suficiente para gobernar. La reflexi¨®n de los dirigentes m¨¢s pr¨®ximos a Herri Batasuna (HB), como Egibar, convergi¨® con la del sector m¨¢s pragm¨¢tico en la necesidad de recomponer la unidad de la comunidad nacionalista para "hacer visible" la mayor¨ªa nacionalista, impedida por el "obst¨¢culo" de la violencia. El ideal de la unidad abertzale se hac¨ªa as¨ª compatible con los intereses pol¨ªticos del nacionalismo instalado: para seguir gobernando, y partiendo de que dejar de hacerlo ser¨ªa una desgracia irreparable para el futuro del pueblo vasco, era necesario alg¨²n tipo de acuerdo con HB, y para que tal cosa no provocase la fuga del voto moderado, resultaba imprescindible que ETA se eclipsara.

Ese c¨¢lculo est¨¢ detr¨¢s de los pactos secretos del PNV (y EA) con ETA del verano de 1998, as¨ª como de su proyecci¨®n p¨²blica en el Pacto de Lizarra. Un acuerdo que lleva hasta el final la l¨®gica de la estrategia de convencimiento amistoso del mundo de ETA. El partido que gobernaba desde 1980 gracias al Estatuto de Gernika asume, a cambio de una tregua temporal pero ampliable de ETA, lo esencial del planteamiento de esa organizaci¨®n respecto a la incapacidad de la autonom¨ªa para satisfacer las demandas aut¨¦nticas del pueblo vasco y a la necesidad, por ello, de romper con el marco pol¨ªtico vigente mediante la imposici¨®n de uno nuevo que abra paso a la independencia y a la integraci¨®n de Navarra y el Pa¨ªs vasco-franc¨¦s. Ese planteamiento exige, a su vez, la ruptura de cualquier lazo con las fuerzas no nacionalistas.

La vuelta a la violencia por parte de ETA dej¨® sin sentido ese c¨¢lculo, abriendo un nuevo periodo en el que la frontera se sit¨²a entre quienes consideran necesario derrotar a ETA y quienes temen que tal cosa ocurra. Lo que fracasa con Lizarra no es s¨®lo una estrategia del PNV, sino el planteamiento, compartido por la mayor¨ªa de los partidos (y medios de comunicaci¨®n), de que era posible hacer entrar en raz¨®n a ETA con una determinada combinaci¨®n de medidas pol¨ªticas y policiales. La idea era que la consolidaci¨®n de la democracia y del sistema auton¨®mico, unido al debilitamiento policial de ETA, provocar¨ªa en esta organizaci¨®n una reacci¨®n similar a la que llev¨® a la rama Pol¨ªtico-militar a su autodisoluci¨®n a comienzos de los ochenta. Interesaba mantener un partido pol¨ªtico que compartiera los planteamientos de ETA de manera que, llegado el momento, jugara el mismo papel de EIA (antecedente de Euskadiko Ezkerra) en relaci¨®n a ETA (p-m). Los intentos del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, entre 1983 y 1986, de oponerse a la legalizaci¨®n como partido de la entonces agrupaci¨®n electoral Herri Batasuna fueron impugnados por gran parte de la opini¨®n publica con argumentos similares al expuesto. La decisi¨®n final de los jueces, ordenando, tras una serie de recursos, la inscripci¨®n de HB en el registro, fue una proyecci¨®n de ese consenso social.

La experiencia de Lizarra

Pero la experiencia de Lizarra demostr¨® que era una ilusi¨®n; que ETA, como todas las organizaciones totalitarias, aspira al poder, y que las concesiones pol¨ªticas parciales no s¨®lo no le hacen desistir, sino que reafirman su convicci¨®n de que s¨®lo la lucha, la lucha armada, paga. Pensar que ETA fuera a plegar velas porque se a?adieran m¨¢s competencias a las del Estatuto, o se reformase ¨¦ste en el sentido querido por el PNV, era algo que ya se ve¨ªa improbable en los tiempos del Pacto de Ajuria Enea y del posterior intento de prolongarlo con el llamado Plan Ardanza. El Pacto de Lizarra fue mucho m¨¢s all¨¢ (hasta la aceptaci¨®n de lo esencial del programa de ETA y HB en relaci¨®n al autogobierno) que lo previsto en tales planes, pero no sirvi¨® para convencer a ETA ni para que su brazo pol¨ªtico se distanciase de ella.

Aunque en un primer momento no se comprendieron las implicaciones que ten¨ªa el desenlace del experimento, la ruptura de la tregua fue la condena de HB, o de su sucesora, Batasuna, a la ilegalidad. As¨ª lo han admitido personas que en su d¨ªa fueron muy influyentes en la gestaci¨®n, tanto del Pacto de Ajuria Enea como del Plan Ardanza. En un art¨ªculo publicado el 15 de septiembre de 2002, Jos¨¦ Luis Zubizarreta, principal asesor del anterior lehendakari, afirmaba que "cuando la tregua se rompi¨®, todo el mundo pudo darse cuenta de que los esquemas de Ajuria Enea no ten¨ªan futuro. El brazo pol¨ªtico se hab¨ªa demostrado absolutamente incapaz de propiciar la paz mediante la integraci¨®n del entramado en el sistema. Era perfectamente in¨²til, prescindible".

Si ni siquiera hab¨ªa servido Lizarra, menos pod¨ªa servir la propuesta de salida negociada de Ajuria Enea o del Plan Ardanza. Porque sus planteamientos se basaban en una hip¨®tesis refutada por la pr¨¢ctica: la de que exist¨ªa la posibilidad de convencer a ETA sin derrotarla. Ya no hab¨ªa motivo para seguir ignorando -escribe ahora Zubizarreta- "los trapos sucios que, por la paz, se hab¨ªan disimulado durante a?os".

De esos trapos sucios se estaba encargando desde tiempo atr¨¢s el juez Garz¨®n. Una vez que se conocieron en detalle, y no ya como hip¨®tesis period¨ªsticas, sino como pruebas de cargo incluidas en un sumario, la vuelta atr¨¢s resultaba imposible: ning¨²n Gobierno podr¨ªa dejar de intentar hacer posible la ilegalizaci¨®n judicial de un partido del que consta que se presenta o no a las elecciones, participa o no en las instituciones, elabora sus listas o vota en las asambleas legislativas de acuerdo con decisiones tomadas en instancias en las que la ¨²ltima palabra la tiene una organizaci¨®n terrorista que, a su vez, se financia mediante secuestros y extorsiones y que asesina a los concejales, diputados o dirigentes de los dem¨¢s partidos.

Pese a que estas y otras muchas singularidades de Batasuna eran conocidas desde hac¨ªa tiempo, el PNV se opuso de una manera muy en¨¦rgica a su ilegalizaci¨®n. Es posible que haya un componente hip¨®crita en esa oposici¨®n. Tal vez el PNV desea la ilegalizaci¨®n de Batasuna con su voto en contra: para garantizar que ser¨¢ el destinatario de los votos de esa formaci¨®n, una vez disuelta. Porque, aunque la apertura del nacionalismo tradicional hacia la izquierda abertzale no result¨® eficaz para acabar con la violencia, s¨ª sirvi¨®, en cambio, para que Batasuna perdiera la mitad de sus esca?os en favor del otro nacionalismo, ya reunificado en la coalici¨®n PNV-EA. Se cerraba as¨ª, por una v¨ªa no prevista, el c¨ªrculo de la nueva estrategia: el ideal de la unificaci¨®n abertzale bajo hegemon¨ªa nacionalista era funcional desde el punto de vista electoral, y ahora proporcionaba adem¨¢s una coartada moral: serv¨ªa para minar a ETA, rest¨¢ndole apoyos. El sue?o de cualquier partido: que su programa m¨¢ximo resulte rentable electoralmente y adem¨¢s virtuoso.

Ese aval moral es decisivo para tranquilizar la conciencia de quienes son acusados de jugar con ventaja; de plantear propuestas, como la de la autodeterminaci¨®n, a sabiendas de que quienes discrepen de ella en p¨²blico se convierten en objetivos potenciales de la persecuci¨®n del mundo de ETA.

La ilegalizaci¨®n de Batasuna

La ilegalizaci¨®n de Batasuna aparece, por tanto, como el desenlace casi inevitable de un proceso cuyo momento cr¨ªtico fue la ruptura de la tregua por parte de ETA, en enero de 2000. Es decir, el mismo mes en que se celebra en Bilbao la Asamblea Nacional del PNV, en la que ese partido rompe a su vez con lo esencial de la tradici¨®n autonomista mantenida durante d¨¦cadas y aprueba, como base doctrinal alternativa, una ponencia soberanista (titulada Ser para decidir) que anticipa los argumentos que acabar¨¢ incorporando Ibarretxe a su discurso rupturista.

El primer problema que plantea la propuesta del lehendakari es que, contra lo que proclama, no sirve para acercar el fin de ETA, y s¨ª para desencadenar una din¨¢mica de ruptura interna de la sociedad vasca. ETA ha definido el plan de Ibarretxe como "una apuesta por la prolongaci¨®n de la guerra". Por su parte, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, dej¨® claro (Deia, 20-10-02) que la base para cualquier acuerdo que abriera paso a una tregua no podr¨ªa ser ese plan, sino la propuesta, planteada en el verano de 1999, de apertura de "un proceso constituyente en el conjunto del pa¨ªs". Es decir, aquel plan que se iniciaba con la convocatoria de elecciones en Euskadi, Navarra y Pa¨ªs vasco-franc¨¦s, en r¨¦gimen de circunscripci¨®n ¨²nica y al margen de toda legalidad, que al portavoz del PNV le pareci¨® en su d¨ªa "estramb¨®tica", y cuyo rechazo por ese partido fue invocado por ETA como causa de la ruptura de la tregua.

La iniciativa de Ibarretxe traslada la fractura que ya exist¨ªa entre los partidos a la sociedad: por una parte, por su pretensi¨®n de buscar en las organizaciones sociales (patronales, sindicatos, universidades) el aval que no encuentra en los partidos de la oposici¨®n al tripartito que preside; por otra, porque la consulta soberanista colocada al final del proceso fuerza desde el inicio del mismo din¨¢micas excluyentes: con Espa?a o con Euskadi independiente. Esa consulta tendr¨ªa por objetivo "desbloquear" (la expresi¨®n es de un int¨¦rprete cualificado de Ibarretxe) el conflicto institucional que se plantear¨ªa si el plan fuera aprobado en el Parlamento vasco, pero no convalidado en el Parlamento espa?ol. Aunque es posible que ni siquiera Ibarretxe haya calculado los efectos de un desaf¨ªo de tal magnitud, tambi¨¦n lo es que algunos de los que le han animado a ir por ese camino no es que no teman, sino que buscan ese enfrentamiento entre dos legitimidades. El refer¨¦ndum ser¨ªa la materializaci¨®n de la ruptura.

Se trata, por tanto, de un planteamiento sectario y peligroso. No se argumenta por qu¨¦ ser¨ªa necesario modificar un marco que ha sido capaz de suscitar el consenso de partidos que representan a m¨¢s del 80% de la poblaci¨®n para sustituirlo por otro que, como m¨¢ximo, contar¨ªa con el acuerdo de los representantes del 50%, y ello para dar satisfacci¨®n al 10%. Tal como ha sido planteada, la f¨®rmula de Ibarretxe no supone una mera reforma de los contenidos competenciales del Estatuto, sino la liquidaci¨®n de su fundamento esencial: el de constituir un pacto interno de convivencia entre nacionalistas y no nacionalistas. Estos ¨²ltimos son invitados a sumarse a un proyecto cuyo desenlace -con calendario incluido- no puede ser otro que la autodeterminaci¨®n para la independencia: el programa nacionalista m¨¢ximo. La inquietud est¨¢ justificada porque la l¨®gica de ese planteamiento lleva a situaciones que el nacionalismo democr¨¢tico no plantea, pero que el no democr¨¢tico tiene previstas hace tiempo: el establecimiento de dos clases de ciudadanos, los vascos de pleno derecho, y los otros, que, como advert¨ªa un bolet¨ªn de ETA de 1999, "tendr¨ªan que votar en sus consulados", porque "en Euskal Herria no se hacen elecciones espa?olas".

En un comunicado fechado el mismo d¨ªa en que Ibarretxe presentaba su propuesta, ETA declaraba "objetivos militares" a todas las sedes y actos pol¨ªticos del PP y PSOE. Lo que no impidi¨® que quienes quedaban excluidos de esa amenaza, y algunos que se niegan a reconocer estar incluidos, rechazaran el intento de poner fuera de la ley al entramado coactivo en cuyo centro est¨¢ ETA, argumentando que se trataba de una "imposici¨®n" que no respeta "la opini¨®n mayoritaria" de los vascos.

?C¨®mo es posible, c¨®mo hemos llegado a esto? Pues as¨ª: mirando para otro lado.