La vivienda protegida y el 'plan Ibarretxe'

La dificultad de miles de j¨®venes para acceder a una vivienda donde emanciparse y desarrollar su proyecto de vida se revela como una de las asignaturas pendientes, de hondo calado social, en Euskadi; una problem¨¢tica ante la que ha de ofrecerse una respuesta contundente. Y sospecho que no podr¨¢ ser atendida en sus justos t¨¦rminos a menos que pongamos al conjunto del entramado institucional de acuerdo, coordinando iniciativas para paliar este d¨¦ficit que tiene que ver con el derecho ciudadano a una vivienda digna.

Como alcalde de San Sebasti¨¢n conozco de primera mano el problema y tambi¨¦n los intereses que se esconden tras ¨¦l. Por eso, es realmente desalentador el panorama de confrontaci¨®n que se ha evidenciado en el Parlamento vasco con ocasi¨®n de la reciente comparecencia del consejero de Vivienda, se?or Madrazo, y la ausencia de un debate monogr¨¢fico donde establecer un diagn¨®stico y soluciones compartidas. Pero no es el momento de los reproches est¨¦riles, porque creo que entre todos debemos contribuir, desde nuestra particular experiencia institucional, a combatir el grave problema social de la carest¨ªa de la vivienda, aunque esta cuesti¨®n no entre en el gui¨®n del famoso Plan del lehendakari.

Ir¨¦ al grano: pido solemnemente al conjunto de instituciones vascas, as¨ª como a la propia sociedad, un Pacto por la vivienda de protecci¨®n oficial. Se trata de comprometer al Gobierno vasco, a las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias, Diputaciones, los ayuntamientos de las tres capitales y Eudel en una serie de medidas dirigidas a unos objetivos primordiales: beneficiar e impulsar la vivienda protegida, as¨ª como poner en marcha pol¨ªticas pactadas en materia de suelo, planeamiento urban¨ªstico y control sobre la utilizaci¨®n de la VPO.

Asumiendo de antemano que las bases que aqu¨ª propongo pueden ser discutibles y que lo importante es que alcancemos unos compromisos de calado que muestren la voluntad concertada de las instituciones, quisiera adelantar en las l¨ªneas siguientes lo que en mi opini¨®n debiera contemplar dicho pacto para que sea efectivo.

En el marco de este acuerdo debieran planificarse operaciones convenidas entre el Gobierno y los ayuntamientos, de modo que compartan suelos para construir VPO en alquiler y en cesi¨®n de derecho de superficie. Previamente se fijar¨ªa una relaci¨®n de municipios especialmente afectados por el problema de la carest¨ªa de la vivienda, as¨ª como los compromisos concretos que adquieren las partes y el calendario de actuaciones en convenios sobre suelo y vivienda.

Otro de los objetivos debiera ser agilizar la aplicaci¨®n y gesti¨®n de los presupuestos de la CAV en ayudas a los ayuntamientos para la compra de suelo y la promoci¨®n de viviendas de VPO en r¨¦gimen de alquiler y la incorporaci¨®n, como actuaci¨®n subvencionable por el Departamento de Vivienda, de las operaciones de apartamentos para j¨®venes en alquiler en suelos de equipamiento. Esta iniciativa del Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n, con cerca de 200 apartamentos, no tiene a d¨ªa de hoy apoyo alguno del Ejecutivo auton¨®mico.

Es prioritario garantizar la aprobaci¨®n este a?o de una ley del Suelo en el Parlamento vasco que d¨¦ respuesta a las insuficiencias y a las graves limitaciones que la actual ley estatal, retr¨®grada y especulativa, encierra. No lo es menos la puesta en marcha de los suelos p¨²blicos que en estos momentos est¨¢n paralizados o en situaci¨®n de indefinici¨®n en algunas localidades de la CAV. Tambi¨¦n debiera el Ejecutivo vasco asumir su participaci¨®n en la financiaci¨®n de los sistemas generales a realizar en los barrios de VPO, de modo que se garantice la r¨¢pida ejecuci¨®n y la calidad de los parques y las redes viarias que sirven a los vecinos.

Otros objetivos b¨¢sicos de ese Pacto se refieren a aspectos detectados en los ¨²ltimos a?os. As¨ª, es urgente eliminar las actuales tutelas de las diputaciones sobre los ayuntamientos para aprobar cualquier modificaci¨®n de los planes generales. Esta situaci¨®n retrasa las promociones de vivienda, es absurda y contraviene la autonom¨ªa municipal. De no prosperar este planteamiento, ser¨ªa interesante al menos que trat¨¢semos de acortar los plazos de seis meses de que disponen las diputaciones para aprobar los planes urban¨ªsticos municipales. Los entes forales siempre agotan dicho plazo y provocan retrasos en la ejecuci¨®n de los proyectos.

Tambi¨¦n es importante pasar de las grandes declaraciones a los programas concretos. Desde el Ayuntamiento de Donostia, por ejemplo, proponemos mecanismos que vienen funcionando satisfactoriamente para exportarlos a otros ¨¢mbitos. As¨ª, podr¨ªa extenderse el plan de captaci¨®n de viviendas privadas, conocido como Alokabide, y que persigue poner en alquiler pisos cerrados o con problemas, a precios razonables y con control del uso y garant¨ªa por parte del ayuntamiento sobre el pago de rentas de los alquileres a los propietarios

A esta serie de medidas deber¨ªan a?adirse otras, como la necesidad de acordar medidas fiscales que graven las viviendas vac¨ªas y la de aplicar de verdad los mecanismos legales para evitar el uso indebido y los fraudes en la adquisici¨®n de una vivienda protegida, para lo cual es obligado el control exhaustivo de la utilizaci¨®n real del parque de viviendas. Como un ¨®rgano permanente de garantice la aplicaci¨®n ¨¢gil y el seguimiento de todos estos contenidos, propongo la creaci¨®n de una comisi¨®n interinstitucional con presencia de representantes municipales.

La raz¨®n ¨²ltima que me empuja a lanzar esta propuesta no es otra que la de dejar a un lado las luchas partidistas para que en ning¨²n caso perjudiquen o paralicen las operaciones de VPO en las poblaciones de Euskadi. Que nunca m¨¢s se impida, por ejemplo, el desarrollo de proyectos como el del Ensanche de Altza, en la capital donostiarra, que ha sido rechazado por PNV y PP, pese a contemplar 2.539 pisos de VPO (sobre un total de 3.000) y contar con el apoyo del propio Gobierno vasco mediante un convenio en vigor.

Od¨®n Elorza es alcalde (PSE-EE) de San Sebasti¨¢n.