El fiscal general autoriza a Anticorrupci¨®n a investigar la denuncia contra Cajasur

Cajasur, la caja de ahorros cordobesa fundada por la Iglesia cat¨®lica, tiene otro frente abierto. La Fiscal¨ªa General del Estado ha autorizado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a investigar la gesti¨®n de la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, quien desde hace cuatro a?os mantiene una pugna sin cuartel con la Junta de Andaluc¨ªa, gobernada por el socialista Manuel Chaves. La investigaci¨®n es consecuencia de la denuncia presentada por la Junta, que ha detectado irregularidades que, en su opini¨®n, constituyen delitos de apropiaci¨®n indebida y falsedad en documento contable.

El enorme embrollo en el que se encuentra Cajasur vivi¨® ayer un nuevo cap¨ªtulo, que para el Ejecutivo andaluz se antoja decisivo. El Gobierno auton¨®mico present¨® la denuncia ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, dirigida por Carlos Jim¨¦nez Villarejo, el pasado d¨ªa 20. Esta denuncia se fundamenta en la inspecci¨®n que desde octubre de 2002 ha realizado la Junta en Cajasur, una inspecci¨®n que suspendi¨® "provisionalmente" un d¨ªa antes de presentar la documentaci¨®n ante el fiscal.

La inspecci¨®n auton¨®mica pretend¨ªa analizar la gesti¨®n de la caja en los tres ¨²ltimos a?os, aunque se ha centrado en 2001, seg¨²n fuentes de la Junta. De los datos recabados, el Gobierno andaluz ha llegado a la conclusi¨®n de que hay operaciones de la caja que, supuestamente, ocultan apropiaciones indebidas de fondos de la entidad y del presupuesto de la obra social que ascienden a 10,3 millones de euros. Asimismo, la Consejer¨ªa de Econom¨ªa aprecia un posible delito de falsedad documental al no reflejar la caja su situaci¨®n econ¨®mica real.

Tras recibir la denuncia, Jim¨¦nez Villarejo solicit¨® al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, la competencia para investigar el asunto, autorizaci¨®n que recibi¨® ayer. La consejera de Econom¨ªa andaluza, Magdalena ?lvarez, subray¨® ayer la importancia de esta investigaci¨®n toda vez que deben concurrir tres hechos para que intervenga la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n: la cuant¨ªa econ¨®mica del delito, el que ¨¦ste afecte a numerosas personas y el hecho de que se trate de un "bien social".

P¨®liza del presidente

La inspecci¨®n de la Junta fue la que detect¨® la p¨®liza de 2,9 millones de euros que suscribi¨® Cajasur en favor de Castillejo, de 73 a?os, lo que permitir¨¢ a ¨¦ste cobrar una renta vitalicia de al menos 213.000 euros cuando abandone la presidencia de la entidad. Esta p¨®liza garantiza que la mitad de esta renta la heredar¨¢n las cuatro hermanas de Castillejo, de mayor a menor, hasta el fallecimiento de la ¨²ltima. La Consejer¨ªa de Econom¨ªa ha declarado ilegal esta p¨®liza al entender que se trata de una indemnizaci¨®n, una figura prohibida por la Ley de Cajas de Ahorros auton¨®mica, mientras que Cajasur sostiene que es un complemento de pensi¨®n a la pensi¨®n de jubilaci¨®n de Castillejo.

Cajasur ha intentado por todos los medios frenar la inspecci¨®n auton¨®mica con dos argumentos: el primero es que, tras acogerse a la Ley Financiera, la caja est¨¢ fuera de la tutela de la Junta de Andaluc¨ªa, y el segundo, que en la inspecci¨®n ha participado la consultora privada KPMG. El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) aval¨® la competencia de la Administraci¨®n auton¨®mica para realizar la inspecci¨®n en Cajasur, aunque orden¨® el cese de las tareas de KPMG, que cumpl¨ªa tareas auxiliares.

El l¨ªo competencial es consecuencia de que Cajasur se acogi¨® en diciembre del a?o pasado a la Ley Financiera en virtud de su fundaci¨®n eclesi¨¢stica. Esta ley ha permitido a la caja situarse bajo el paraguas del Ministerio de Econom¨ªa y escapar, parcialmente, de la tutela auton¨®mica.

Cajasur, que cuenta con seis can¨®nigos en su Consejo de Administraci¨®n, es la ¨²nica caja que depende del Gobierno central para la aprobaci¨®n de sus estatutos y su obra social. La Ley Financiera fue el ¨²ltimo paso que dio el Ejecutivo del PP para mantener el status de la caja, con primac¨ªa de la Iglesia cat¨®lica. Anteriormente, en 2000, recurri¨® la Ley de Cajas andaluza, que regulaba que Cajasur deb¨ªa regirse como el resto de las cajas andaluzas en cuanto a la composici¨®n de sus ¨®rganos de gobierno, lo que menguaba la representaci¨®n de la Iglesia (en el Consejo de Administraci¨®n pasaba de un 35% a un 9%). El Tribunal Constitucional todav¨ªa no se ha pronunciado sobre este recurso.

Paralelamente, la Junta y el PSOE han recurrido al Constitucional la Ley Financiera por entender que vulnera competencias auton¨®micas.