Balza niega que se exija a los escoltas datos privados de sus protegidos

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, acus¨® ayer al portavoz del PP en la Comisi¨®n de Interior del Parlamento de Vitoria, Carlos Urquijo, de comportamiento "indecente" y "juego sucio" por intentar hacer ver que su departamento exige y recibe informes sobre las actividades privadas de personas escoltadas.

La negativa de estas pr¨¢cticas por el consejero motiv¨® que Urquijo leyera textualmente uno de los partes que los escoltas, en este caso un ertzaina, seg¨²n dijo, elaboran a diario. En ¨¦l constan con todo detalle los movimientos durante una jornada de una persona con protecci¨®n y se reflejan momentos como un encuentro con sus padres, la visita a la oficina de su c¨®nyuge o la devoluci¨®n de una pel¨ªcula en un v¨ªdeoclub. Urquijo dijo que ese tipo de informes "tienen que ver poco con la seguridad y mucho con el espionaje y el cotilleo".

El consejero obtuvo de Urquijo la fecha del parte con el fin de identificar a qui¨¦n corresponde y advirti¨® al parlamentario popular: "De esto s¨®lo puede salir o un expediente a un ertzaina por hacer mal su trabajo o una acusaci¨®n formal de juego sucio hacia usted por haber preparado esto con un escolta, y creo m¨¢s lo segundo que lo primero". Balza asegur¨® que los escoltas tienen instrucci¨®n expresa de no reflejar en sus partes m¨¢s datos sobre actividades privadas que el municipio donde se desarrollan y dijo que sus pr¨¢cticas est¨¢n coordinadas y son similares a las del Ministerio del Interior con los escoltas que de ¨¦ste dependen.

Esta pol¨¦mica se suscit¨® despu¨¦s de que 15 guardas jurados denunciaran haber sido despedidos por sus empresas por haberse negado a entregar partes en los que se recog¨ªan datos muy concretos sobre la vida privada de sus protegidos. El consejero record¨® que de ellos, 10 correspond¨ªan a empresas contratadas por el Ministerio del Interior. Balza a?adi¨® que es "falso" que los despidos se debieran a ese tipo de razones y record¨® que las empresas alegaron que rescindieron los contratos por no entregar la pistola antes de marcharse de vacaciones, no devolver los coches de servicio, insultar a superiores o no acudir a prestar el servicio previsto.