El Supremo impone 2 a?os y 3 meses de c¨¢rcel al due?o de una discoteca por exceso de ruido

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 2 a?os y 3 meses de prisi¨®n (con petici¨®n de indulto parcial) al administrador de una sala de fiestas de Palencia por producir un nivel de ruido tan excesivo que da?¨® f¨ªsica y ps¨ªquicamente a varios vecinos del inmueble. Entre los afectados figuran ni?os de pocos a?os que en alg¨²n caso llegaron a precisar de tratamiento hipn¨®tico para superar los cambios de car¨¢cter provocados por las alteraciones de sue?o. Este primer fallo del Supremo sobre contaminaci¨®n ac¨²stica como modalidad del delito contra el medio ambiente subraya el "reiterado y contumaz" comportamiento del administrador de la sala y su "decidida voluntad de no desistir de la grave situaci¨®n de peligro creada".

Jos¨¦ Garc¨ªa de Juan regentaba la sala de fiestas y restaurante Chap¨®, sita en la calle del Obispo Nicol¨¢s Castellanos n¨²mero 3 de Palencia, cuya licencia de apertura especificaba que en ning¨²n momento pod¨ªa transmitir m¨¢s de 30 decibelios a las viviendas y locales colindantes, y obligaba a instalar un limitador sonoro en los equipos musicales.

Sin embargo, las quejas de los vecinos por el ruido de la sala se prolongaron desde 1996 durante varios a?os, sin que un rosario de expedientes, multas, e incluso cierres temporales hiciesen mella en el ¨¢nimo del administrador. En 1997, Garc¨ªa de Juan puso m¨¢s aparatos de sonido "para distribuir mejor la m¨²sica".

A lo largo de 1998 la Polic¨ªa Municipal hizo una decena de mediciones en viviendas y dormitorios de los vecinos dando resultados siempre por encima de los 30, incluso de m¨¢s de 41 decibelios entre las dos y las seis y media de la madrugada. En las actas levantadas por la polic¨ªa se hac¨ªa constar que el ruido "resultaba m¨¢s molesto de lo que en principio registra el son¨®metro" o que en alguna de las viviendas "dorm¨ªan personas menores de tres a?os".

Estas mediciones dieron lugar a media docena de multas de 150.000 a 1.000.001 pesetas algunas de las cuales fueron levantadas por el juzgado. Se lleg¨® a suspender temporalmente la actividad de la sala, pero pocos meses despu¨¦s se dej¨® sin efecto la medida y a¨²n se comprob¨® que el limitador de ruido hab¨ªa sido manipulado.

La sala Chap¨® ten¨ªa unos ingresos de explotaci¨®n de m¨¢s de 90 millones de pesetas en 1998, mientras los vecinos, seg¨²n la sentencia del Supremo, padec¨ªan "de forma reiterada y continuada" durante fines de semana, puentes y v¨ªspera de fiestas, en un per¨ªodo aproximado de nueve meses, trastornos de sue?o, fatiga, irritabilidad, etc¨¦tera.

Contaminaci¨®n peligrosa

El Tribunal Supremo declara que el nivel de ruido provoc¨® "no s¨®lo una contaminaci¨®n ac¨²stica que hay que calificar de grave y potencialmente peligrosa, sino que en este caso, adem¨¢s, esa gravedad se ha concretado en serio peligro para la integridad f¨ªsica y ps¨ªquica, y la intimidad personal y familiar".

La sentencia recuerda que el art¨ªculo 45 de la Constituci¨®n dispone que deber¨¢n establecerse "sanciones penales, o en su caso, administrativas", para quienes realicen conductas atentatorias al medio ambiente. Se reconoce, por tanto, a nivel constitucional, el triple frente de protecci¨®n del medio ambiente: civil, penal y administrativo. "La protecci¨®n jur¨ªdica del medio ambiente ha de hacerse combinando medidas administrativas con medidas penales", a?ade el Supremo.

La afectaci¨®n de esos bienes jur¨ªdicamente protegidos, "ha alcanzado tal intensidad por la conducta del acusado, como responsable de la sala de fiestas, que ha determinado en ni?os de pocos a?os problemas y alteraciones de sue?o, irritabilidad, cambios de car¨¢cter, necesitando algunos de ellos tratamiento hipn¨®tico. Igualmente otros vecinos mayores de edad han precisado de tratamiento m¨¦dico por cefaleas, irritabilidad, nerviosismo, alteraci¨®n del sistema del sue?o, insomnios y disminuci¨®n de atenci¨®n y rendimiento e incluso ha llegado a incrementar el n¨²mero de brotes en un vecino que padece de esclerosis en placas, brotes que disminuyeron cuando se traslad¨® de domicilio, traslado que igualmente tuvieron que realizar otros vecinos del mismo inmueble.

Esa situaci¨®n de grave peligro para la salud de las personas es la que, seg¨²n la sentencia, "ha superado el umbral que separa el il¨ªcito meramente administrativo del il¨ªcito penal".

El tribunal analiza los requisitos del delito contra el medio ambiente, en la modalidad de contaminaci¨®n ac¨²stica, previsto en el art¨ªculo 325 del C¨®digo Penal, que castiga con penas de prisi¨®n de seis meses a cuatro a?os, y multa al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente, entre otras conductas, ruidos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

El Supremo constata que el administrador de la sala de fiestas contravino el Decreto de la Junta de Castilla y Le¨®n que establece las condiciones a cumplir por los niveles sonoros y vibraciones as¨ª como la ordenanza municipal de Palencia para la Protecci¨®n del Medio Ambiente, con lo que puso en riesgo de grave perjuicio para la salud de esas personas. Y concluye que la Audiencia de Palencia aplic¨® correctamente el art¨ªculo 325 del C¨®digo Penal al condenar al acusado como autor de un delito contra el medio ambiente por contaminaci¨®n ac¨²stica, a las penas de dos a?os y tres meses de prisi¨®n.

Sin embargo, el Supremo ha reducido, por cuestiones t¨¦cnicas, la multa de 20 meses a raz¨®n de 7.000 pesetas diarias, a 16 meses-multa, pero ha a?adido al fallo la inhabilitaci¨®n de Garc¨ªa de Juan para el oficio que desempe?aba en relaci¨®n con la sala de fiestas por tiempo de dos a?os. El condenado deber¨¢ pagar en total una multa de 20.194 euros, as¨ª como varias indemnizaciones a algunos vecinos que se vieron forzados a cambiar de domicilio por el ruido.

La sentencia del Supremo mantiene tambi¨¦n el acuerdo de clausura de la sala Chap¨® durante tres a?os, decisi¨®n que ya es firme.

Para paliar la dureza de la sentencia, se hace uso de la facultad que tienen los tribunales de proponer al Gobierno de la naci¨®n un indulto parcial de la pena. En este caso se solicita una reducci¨®n de 15 meses de la pena de prisi¨®n impuesta a Garc¨ªa de Juan.