La Diputaci¨®n presenta 16 alegaciones a Rato contra los estatutos "injustos" de Cajasur

La Diputaci¨®n de C¨®rdoba present¨® el jueves sus alegaciones al proyecto de estatutos que Cajasur deposit¨® ante el Ministerio de Econom¨ªa tras su adscripci¨®n a la Ley Financiera, movimiento con el que la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo pretende escapar de la tutela de la Junta de Andaluc¨ªa. El ministerio dirigido por Rodrigo Rato ha tardado dos meses en dar a la Diputaci¨®n la posibilidad de alegar, celeridad dispar a los siete d¨ªas que bastaron para admitir a Cajasur bajo la tutela de la Ley Financiera. La instituci¨®n provincial entiende que hay 16 infracciones en unos estatutos "injustos y fuera de la ley" que fueron aprobados por el Consejo de Administraci¨®n de la entidad de ahorro a finales de 2002.

El presidente de la Diputaci¨®n, el socialista Francisco Pulido, interpret¨® la admisi¨®n de alegaciones como un paso atr¨¢s del Gobierno, que "zanja" a favor de la Diputaci¨®n "la pol¨¦mica sobre si es o no fundadora". Pulido critic¨® que los servicios jur¨ªdicos de la Diputaci¨®n no tuvieran acceso al expediente completo cuando fueron a depositar sus objeciones a Madrid el jueves pasado. Cajasur eludi¨® valorar las objeciones de la Diputaci¨®n.

Fuentes de la Diputaci¨®n aseguran que las alegaciones no hubieran cambiado en exceso en caso de haber nuevos documentos. No obstante, las mismas fuentes consideran que la negativa a mostrar el expediente completo se debe a que hay informes ministeriales que avalan las tesis de la Diputaci¨®n. De momento, la Diputaci¨®n ha recibido por correo el informe del Banco de Espa?a sobre los estatutos y los estatutos remitidos por Cajasur.

En su escrito, la Diputaci¨®n parte del hecho de que el proyecto de estatutos fue aprobado por un "¨®rgano incompetente", en referencia al Consejo de Administraci¨®n, "que s¨®lo tiene competencias sobre asuntos ordinarios de la empresa". As¨ª, el posterior acuerdo de la Asamblea sobre los estatutos no ser¨ªa v¨¢lido al proceder del Consejo de Administraci¨®n. Francisco Pulido abog¨® por volver la situaci¨®n anterior, rectificar los estatutos y someterlos a la Asamblea. Pulido tambi¨¦n destac¨® que los estatutos vulneran el pacto de la fusi¨®n entre la caja de la Iglesia y la de la Diputaci¨®n, un acuerdo que daba a esta instituci¨®n un vicepresidente ejecutivo en Cajasur que "ahora se suprime".

Vulneraci¨®n de normas

Las objeciones aducen la vulneraci¨®n del normas auton¨®micas, que disponen que deb¨ªa haber conformidad de los dos fundadores (Iglesia cat¨®lica y Diputaci¨®n) para que Cajasur pudiera acogerse a la tutela del Ministerio. La Diputaci¨®n cree que los estatutos lesionan los intereses de la entidad provincial, los municipios y los impositores, al no haber contado con ellos para la confecci¨®n de los estatutos.

Pulido lament¨® la "violaci¨®n" del pacto de fusi¨®n en cuanto se ignora la aportaci¨®n que hizo la caja fundada por la Diputaci¨®n, un patrimonio que ahora considera "expoliado". La Diputaci¨®n tambi¨¦n observa un recorte de representaci¨®n de las corporaciones municipales, lo que "incumple el objetivo fundacional de auxilio a los ayuntamientos".

?ste aludi¨® al incumplimiento del mandato democratizador de la LORCA, ya que la Iglesia eleva su representaci¨®n al 50% en el Consejo de Administraci¨®n y en la Comisi¨®n Ejecutiva, a lo que suma el voto de calidad del presidente de la caja "para que nadie pueda discutir sus decisiones". Las alegaciones contemplan que la elevaci¨®n del periodo de mandato de los consejeros contraviene lo dispuesto por los actuales estatutos, de aplicaci¨®n conforme a la Ley 44/2002.

El pliego de objeciones a los estatutos arguye otra infracci¨®n de la LORCA al no permitir a los empleados acceder al puesto de consejeros a trav¨¦s de los ayuntamientos.

La Diputaci¨®n cree que los estatutos tambi¨¦n violan el derecho de los consejeros a obtener certificaciones de los acuerdos del ¨®rgano, a los que podr¨¢n acceder s¨®lo "si les afecta personalmente", con lo que "se impide o dificulta su derecho a conocer la marcha de la entidad". Otra cuesti¨®n estatutaria censurada por la Diputaci¨®n es "impedir a la Comisi¨®n de Control" convocar Asamblea General. Asimismo, considera que va contra la LORCA y la Ley de Cajas andaluza la posibilidad de que haya m¨¢s de un director general en la caja.

El ¨²ltimo punto de las objeciones de la Diputaci¨®n alude al "expolio de los derechos patrimoniales" de esta instituci¨®n al eliminarse el art¨ªculo 74 del pacto de fusi¨®n. Este apartado otorgaba a la Diputaci¨®n la posibilidad de recuperar sus bienes en caso de una hipot¨¦tica extinci¨®n de Cajasur.