Las empresas de telecomunicaciones podr¨¢n ser multadas hasta con 20 millones

El Gobierno ha alzado la espada de Damocles de las sanciones sobre las empresas de telecomunicaciones que hagan juego sucio con la competencia. Los operadores que se salten las instrucciones del ¨®rgano regulador del sector se arriesgan a tener que pagar hasta 20 millones de euros, seg¨²n el Proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones, al que el Gobierno dio ayer luz verde. El proyecto de ley, que persigue consolidar un mercado liberalizado a finales de 1998, elimina la obligaci¨®n de contar con una licencia para poder operar y recoge derechos nuevos para los usuarios.

El robustecimiento del r¨¦gimen de sanciones pretende compensar que ya no vaya a ser necesario tener una autorizaci¨®n administrativa, con la correspondiente licencia, para poder ofrecer servicios en este mercado. Es decir, para compensar una rebaja en el papel de la Administraci¨®n.

As¨ª, el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros y que empieza su recorrido parlamentario inventa una nueva multa econ¨®mica, de 60.000 euros, para los representantes legales y los directivos de una empresa culpable de infracci¨®n. Y amenaza hasta con inhabilitar a los operadores d¨ªscolos con las normas y con expulsar del mercado los equipos y aparatos que no cumplan los requisitos esenciales. En el nuevo r¨¦gimen sancionador tambi¨¦n se introducen infracciones por incumplir los l¨ªmites de emisiones en las antenas.

Las supermultas de hasta 20 millones se acotar¨¢n, sin embargo, a las infracciones muy graves que tengan que ver con mercados de referencia y con operadores con un poder significativo en un mercado. El resto de las infracciones muy graves tendr¨¢ una sanci¨®n tope de dos millones de euros, mientras las graves se pagar¨¢n con 500.000 euros.

Adem¨¢s de este cap¨ªtulo sancionador, el proyecto de Ley aspira a zanjar el hasta ahora enmara?ado reparto de competencias de que son objeto las telecomunicaciones entre los ministerios de Ciencia y Tecnolog¨ªa y de Econom¨ªa y, sobre todo, con la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), aunque el Consejo Econ¨®mico y Social (CES) advirti¨® recientemente en su dictamen sobre la ley que se mantiene cierta "descoordinaci¨®n" e "inseguridad jur¨ªdica" al respecto, adem¨¢s de pedir tambi¨¦n que el Estado sufragase una parte de lo que cuesta asegurar que todos los ciudadanos, tambi¨¦n los que viven en zonas poco rentables, puedan tener acceso telef¨®nico a un precio asequible (el llamado "servicio universal", ahora extensible al acceso a Internet).

El Gobierno asegura que la nueva ley reforzar¨¢ el papel de la CMT, el ¨¢rbitro de este mercado, porque le atribuye tareas como supervisar los distintos mercados mediante an¨¢lisis peri¨®dicos, una tarea que de facto ya realiza y que ahora se sistematiza. El regulador tendr¨¢ poder para definir los mercados regulables, que Bruselas manda aumentar de cuatro a 18. Pero no todo el mundo cree que la CMT sale tan reforzada. Fuentes del sector han criticado por lo bajo "el recorte de algunas atribuciones" que se esconde tras el pesado redactado jur¨ªdico de la futura nueva ley. Y es que ¨¦sta modifica la Ley 12/1997, de 24 de abril, que dejaba en manos de la CMT "salvaguarda" las condiciones de competencia. Ahora, se limitar¨¢ a "fomentarla".

Una patronal adscrita a la CEOE, que prefiere no ser citada, incluso expres¨® por escrito a la propia CMT su "sorpresa" y tambi¨¦n su "temor" de que este cambio "impida a las empresas acudir a la CMT" como garante de la competencia, "en beneficio de los Tribunales y Servicios de Defensa de la Competencia", en la ¨®rbita del Ministerio de Econom¨ªa. La no especializaci¨®n de este servicio corre el riesgo de retrasar los dossieres que pasen por su mesa.

Derechos del usuario

El proyecto de Ley (que no ha gustado al PSOE porque a su juicio falla en la liberalizaci¨®n real del sector y en lograr un marco transparente y que estudia presentar un texto alternativo), introduce derechos nuevos para los usuarios, como impedir gratis la identificaci¨®n de llamadas y como poder elegir que no se reciba publicidad mediante llamadas autom¨¢ticas, fax o correos electr¨®nicos.

El nuevo marco fija una serie de garant¨ªas de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones P¨²blicas con los operadores, empezando por los derechos de ¨¦stos a ocupar el dominio p¨²blico para desplegar sus redes. Las tasas econ¨®micas para las empresas seguir¨¢n criterios que fije la normativa comunitaria, para evitar que unas tasas demasiado altas desanimen la entrada en el mercado de nuevos rivales.

Pese al refuerzo del r¨¦gimen sancionador, fuentes pr¨®ximas a la CMT expresaron algunas "dudas" sobre la posibilidad de que, con la ley en la mano, hubiera sido posible imponer la ¨²ltima gran multa impuesta en julio pasado por la CMT a Telef¨®nica, que se elev¨® a 18 millones. Esta sanci¨®n, recurrida, atacaba las trabas a la competencia que suponen los descuentos abusivos del ex monopolio a asociaciones de empresas. "No est¨¢ claro que los llamados grupos cerrados de usuarios puedan meterse en este paquete de sanciones por infracci¨®n muy grave", subrayan los expertos consultados.