Dignidad y derechos sociales para los mayores

Hablemos claro, desde la llegada del PP al Gobierno, la protecci¨®n social en Espa?a se ha empeque?ecido, somos el ¨²ltimo pa¨ªs de la UE en gasto social por habitante, mientras que el sector privado ampl¨ªa, en la misma proporci¨®n, nuevas ¨¢reas de negocio en un ¨¢mbito que deber¨ªa ser cubierto por el Estado.

Porque el gasto p¨²blico por habitante en cuanto a pensiones y servicios sociales para personas mayores de 65 a?os en Espa?a se sit¨²a en el 59% de la media europea, es m¨¢s, por cada nueva plaza geri¨¢trica puesta en marcha por las administraciones p¨²blicas, el sector privado ha puesto en marcha cinco, con un precio que asciende en torno a los 1.200 euros al mes, un importe fuera del alcance de cualquier pensionista que no disponga de otro tipo de rentas.

La mejora relativa de la situaci¨®n de los pensionistas no es fruto como nos ha dicho el ministro Zaplana del buen hacer de su administraci¨®n, sino de un largo proceso de reivindicaciones sindicales, que, sin embargo, no han podido frenar un claro retroceso en el bienestar de los pensionistas en relaci¨®n con la renta media del pa¨ªs.

Existen amplios colectivos de pensionistas en una situaci¨®n de gran precariedad, muy especialmente, mujeres de edad avanzada con pensiones m¨ªnimas de car¨¢cter asistencial o no contributivo, pero el bienestar no depende ¨²nicamente de unas pensiones dignas, sino tambi¨¦n de otros servicios esenciales como los cuidados de larga duraci¨®n, que en Espa?a, a diferencia de otros pa¨ªses, han de ser pagados a unos precios inalcanzables, debido fundamentalmente a la enorme escasez de servicios p¨²blicos.

La derecha econ¨®mica y la derecha pol¨ªtica llevan a?os dici¨¦ndonos que nuestras reivindicaciones ponen en peligro el sistema p¨²blico de pensiones, pero la verdad es que el grueso de nuestras demandas se sit¨²an en la esfera de lo no contributivo, es decir que se financiar¨ªan preferentemente mediante recursos fiscales que nada tienen que ver con la caja de la Seguridad Social.

Es evidente que, en la UGT, estamos preocupados por el futuro de las pensiones a 20 o incluso 50 a?os, pero esto no debe servir de excusa para obviar los problemas que tienen hoy nuestros pensionistas. La protecci¨®n social p¨²blica en Espa?a puede y debe mejorar pero, para ello es preciso cambiar el orden de prioridades y situar la mejora de la protecci¨®n social por encima de una reducci¨®n de impuestos que est¨¢ beneficiando a las rentas m¨¢s altas.

Resulta inmoral que se escatimen recursos para mejorar las pensiones de menor cuant¨ªa y, sin embargo, se derrochen recursos de la Seguridad Social para limpiar la imagen del Gobierno que lejos de mejorar las pensiones pretende ahora considerar toda la vida laboral para el c¨¢lculo de las mismas, lo que supondr¨¢ una reducci¨®n considerable de las pensiones p¨²blicas y un favor enorme al negocio de los fondos privados de pensiones.

Por ello, la UGT reclama una nueva pol¨ªtica para que todas las pensiones m¨ªnimas, individualmente consideradas, alcancen un importe de 450 euros para el 2003, mientras que las pensiones con c¨®nyuge a cargo deben incrementarse para que permitan vivir dignamente a dos personas. Adem¨¢s, estamos convencidos de que todo pensionista con discapacidad que necesite de los cuidados de una tercera persona tiene derecho a servicios sociales de atenci¨®n o, en su defecto, a un complemento de pensi¨®n que le permita remunerar al cuidador de su elecci¨®n.

Tambi¨¦n las pensiones de viudedad deben ser incrementadas, especialmente las m¨¢s bajas y ¨¦stas se deben reconocer para las uniones de hecho, como tambi¨¦n deben ser reconocidos los periodos dedicados al cuidado de ascendientes o descendientes con discapacidad como cotizados a los efectos de los derechos futuros en pensiones de la Seguridad Social.

Por otra parte, reclamamos acciones concretas para que la protecci¨®n de personas dependientes sea considerada como un derecho universal y exigible dentro del ¨¢mbito de la SS, mediante una red p¨²blica cuya oferta de plazas en Centros de D¨ªa y Residencias Geri¨¢tricas debe ser incrementada, adem¨¢s de potenciar especialmente la Ayuda a Domicilio de calidad.

Respecto a la prejubilaci¨®n demandamos que, as¨ª como se bonifica la contrataci¨®n y permanencia de un trabajador de cierta edad, se penalice al empresario por el despido de estos trabajadores, entre otros medios encareciendo el coste del despido. Porque se debe reconocer y proteger la prejubilaci¨®n de todos los trabajadores y trabajadoras.

Adem¨¢s se deben aplicar los coeficientes reductores aprobados por Ley 16/2001 a las jubilaciones anticipadas, por causas ajenas a la voluntad del trabajador, y con car¨¢cter general se deben rebajar los coeficientes reductores por anticipaci¨®n de la edad de jubilaci¨®n.

Estas reivindicaciones son necesarias para dignificar a nuestros pensionistas, que necesitan de unos servicios sociales p¨²blicos y asistenciales suficientes, sin olvidar los problemas de los prejubilados. Como primer paso, ayer 12 de marzo, la UGT realiz¨® una serie de concentraciones en las delegaciones del Gobierno de toda Espa?a, donde se entreg¨® un manifiesto que exige a la administraci¨®n un trato digno de las personas mayores, porque la dignidad no es una cuesti¨®n de edad sino de decencia.

Rafael Recuenco Montero es secretario General de la UGT-PV.