Obras P¨²blicas y promotores coinciden al proponer criterios objetivos para urbanizar suelo

La Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y los promotores de vivienda coinciden en una receta para paliar los problemas suscitados por la aplicaci¨®n de la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) en territorio valenciano. Ambos proponen establecer criterios objetivos que deba respetar cualquier procedimiento de urbanizaci¨®n de suelo para contrapesar la autonom¨ªa municipal y las arbitrariedades que conlleva. Pero difieren en la aplicaci¨®n del remedio. Obras P¨²blicas apuesta por un cambio en la ley. Los promotores apenas proponen un reglamento de gesti¨®n.

Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n, consejero de Obras P¨²blicas, tuvo que explicar recientemente a un grupo de alcaldes que si bien la LRAU abre la posibilidad de actuar en el ¨¢mbito municipal sobre el suelo incluso en contra de las prioridades de sus propietarios es bueno recordar que "no es obligatorio" enfrentarse a los vecinos.

El comentario ilustra los problemas derivados de una aplicaci¨®n arbitraria de la figura del urbanizador, un instrumento espec¨ªfico de la legislaci¨®n valenciana que permite proponer actuaciones sobre suelo considerado urbanizable al margen de su titularidad y, llegado el caso, actuar sobre el mismo con la autorizaci¨®n del ayuntamiento correspondiente.

Los problemas surgidos ante las denuncias formuladas por propietarios extranjeros han disparado la pol¨¦mica. Visitantes extranjeros que compraron fincas en segunda l¨ªnea de playa hace a?os se encuentran ahora con modificaciones obligadas por las autoridades municipales en suelo de su propiedad en aras de proyectos de urbanizaci¨®n planteados por promotores de nuevas viviendas.

Una alta fuente de Obras P¨²blicas confirma que la consejer¨ªa ha propuesto una reforma de la ley actual, "que no llegar¨¢ a las Cortes en la presente legislatura", basada en tres principios b¨¢sicos: criterios objetivos para ejecutar cualquier obra de urbanizaci¨®n; mayor transparencia en el procedimiento administrativo previo a la actuaci¨®n de un urbanizador; mayor protecci¨®n de los propietarios de suelo afectados por las propuestas de un urbanizador. "La reforma persigue impedir la naquerizaci¨®n del territorio", sintetiza la misma fuente en alusi¨®n directa a la decisi¨®n del alcalde de N¨¢quera de actuar sobre la pr¨¢ctica totalidad del suelo de su t¨¦rmino municipal.

Benjam¨ªn Mu?oz, secretario general de la asociaci¨®n de Promotores de Vivienda, defiende la LRAU a capa y espada y sostiene que "la f¨®rmula para contener la discrecionalidad de los ayuntamientos" a la hora de adjudicar nuevas urbanizaciones pasa por la redacci¨®n de "un reglamento de gesti¨®n", un arma prevista en la redacci¨®n original de la norma, que data de 1994. "Hace a?os que exigimos un reglamento de gesti¨®n", afirma Mu?oz.

Una fuente de Obras P¨²blicas recuerda que la redacci¨®n de un reglamento de planeamiento provoc¨® cierto malestar entre los promotores y asegura que cualquier esbozo de reglamento de gesti¨®n recibi¨®, hace a?os, todo tipo de objeciones del mismo sector.

Los propios constructores de obra civil se enfrentaron en su d¨ªa a los promotores de vivienda alegando que las obras de urbanizaci¨®n, que se ejecutan por delegaci¨®n municipal, s¨®lo deber¨ªan asumirlas los contratistas calificados por el Estado. Los pleitos se han decantado de parte de los promotores que, por si acaso, han a?adido al nombre de su asociaci¨®n los t¨¦rminos "agentes urbanizadores".

Al margen de pleitos entre constructores de obra p¨²blica y vivienda, Mu?oz comenta que los extranjeros afectados por la LRAU deben tener en consideraci¨®n que la funci¨®n social de la propiedad inmobiliaria, "reconocida por la Constituci¨®n, limita el derecho de propiedad".

Y anticipa toda una avalancha de problemas paralelos. Al igual que varios propietarios extranjeros han sufrido la intervenci¨®n de un agente urbanizador sobre suelo de su propiedad, una correcta aplicaci¨®n de la ley exigir¨ªa la construcci¨®n de colectores, el enterramiento de los tendidos el¨¦ctricos o la ampliaci¨®n de los viales en decenas de zonas residenciales de la costa que carecen de las m¨ªnimas infraestructuras.