Obligaci¨®n constitucional

No creo que nadie debidamente informado discuta que el Gobierno de Espa?a ha decidido que hab¨ªa que poner fin a las inspecciones acordadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la finalidad de conseguir el desarme de Irak y que se deb¨ªa proceder al uso de la fuerza para conseguir tal desarme. No creo que nadie debidamente formado, adem¨¢s de informado, discuta que esa decisi¨®n del Gobierno espa?ol ha sido una decisi¨®n unilateral, aunque acompa?ada de las decisiones unilaterales de los Gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido de la Gran Breta?a. Los Gobiernos de estos tres pa¨ªses renunciaron expresamente a someter a la votaci¨®n del Consejo de Seguridad una resoluci¨®n que hubiera autorizado el uso de la fuerza y, en consecuencia, al no haberse aprobado ninguna resoluci¨®n en ese sentido por el Consejo, la decisi¨®n de atacar Irak es una decisi¨®n unilateral de cada uno de ellos. Jur¨ªdicamente, no hay una decisi¨®n conjunta, sino la suma de tres decisiones individuales, aunque el contenido de cada una de ellas sea el mismo.

El Gobierno no puede hacer uso de la fuerza sin que lo hayan autorizado las Cortes

Quiere decirse, pues, que el Gobierno espa?ol, al ordenar a su embajador ante las Naciones Unidas que retirara la propuesta de resoluci¨®n que iba a ser sometida a la consideraci¨®n del Consejo de Seguridad para que autorizara el uso de la fuerza, hizo nacer para el Estado espa?ol la obligaci¨®n de declarar la guerra en los t¨¦rminos constitucionalmente previstos.

No es en las Azores donde nace la obligaci¨®n. En ese momento todav¨ªa se contemplaba, al menos formalmente, someter a votaci¨®n del Consejo de Seguridad la propuesta de resoluci¨®n y, en consecuencia, no se hab¨ªa renunciado a obtener la autorizaci¨®n de Naciones Unidas para el uso de la fuerza con la finalidad de conseguir el desarme de Irak. Es el lunes siguiente, cuando se produce la retirada de la propuesta por los embajadores, cuando se renuncia expresamente a la autorizaci¨®n del Consejo y se decide unilateralmente el uso de la fuerza.

Eso es una declaraci¨®n de guerra del Estado espa?ol al Estado iraqu¨ª, independientemente del n¨²mero de efectivos que se env¨ªen. Tan en guerra con Irak est¨¢ Espa?a como Estados Unidos y el Reino Unido. Lo est¨¢, porque lo decisivo jur¨ªdicamente es la manifestaci¨®n de voluntad. Y la manifestaci¨®n de voluntad del Estado espa?ol ha sido exactamente la misma que la de los otros dos pa¨ªses. No lo est¨¢ Bulgaria, aunque est¨¦ de acuerdo con el uso de la fuerza, porque no ha tomado la decisi¨®n de formular o de retirar la propuesta de resoluci¨®n ante el Consejo de Seguridad.

En el mismo momento en que se orden¨® al embajador de Espa?a ante las Naciones Unidas que retirara la propuesta de resoluci¨®n para que el Consejo de Seguridad autorizara el uso de la fuerza, el Gobierno tendr¨ªa que haber convocado a las C¨¢maras en sesi¨®n conjunta, como exige el art¨ªculo 74.1 de la Constituci¨®n, para que ejercieran la competencia prevista en el art¨ªculo 63.3 de autorizar la declaraci¨®n de guerra por el Rey.

El Gobierno no puede tomar la decisi¨®n de hacer uso de la fuerza contra otro pa¨ªs, sin que previamente lo hayan autorizado las Cortes Generales y sin que la decisi¨®n lleve la firma del Rey, que no puede negarse a hacerlo. Y ello es as¨ª, independientemente del n¨²mero de efectivos que se env¨ªen. Pol¨ªticamente, el mayor o menor n¨²mero de efectivos que se comprometan es relevante, pero jur¨ªdicamente no lo es. Una vez decidido el uso de la fuerza contra Irak, la participaci¨®n de las Cortes Generales es inexcusable.

No estamos ¨²nicamente ante un incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, sino tambi¨¦n ante una violaci¨®n de la Constituci¨®n espa?ola.