Los invisibles de la informaci¨®n

Durante la primera parte de la ¨²ltima d¨¦cada, muchos gobiernos de todo el mundo han querido tener una presencia en la red. La estructura organizativa del correspondiente gobierno, las biograf¨ªas de los gobernantes, la poblaci¨®n y su ubicaci¨®n en el planeta, al lado de las conmemoraciones festivas y la oferta monumental, constitu¨ªan una tarjeta de presentaci¨®n internacional a trav¨¦s de Internet, pero cuyo inter¨¦s se circunscrib¨ªa, en el mejor de los casos, al ¨¢mbito local conciudadano y, a¨²n, al familiar.

Por limitados que fueran los logros inicialmente conseguidos, la falta de pericia con la que se dieron los titubeantes primeros pasos dio origen a un negocio lucrativo, pero poco c¨ªvico, cual ha sido el acaparamiento de la propiedad de los dominios representativos de los nombres de comunidades y ciudades por sagaces mercaderes de la propiedad hist¨®rica de los pueblos. Estos dominios pueden ser adquiridos en un mercado "secundario" mediante subastas electr¨®nicas.

La segunda parte de la precitada d¨¦cada marc¨® una inflexi¨®n en aras de la profesionalidad y de la consistencia de la presencia gubernamental en la web. Frente a una oferta anterior de informaci¨®n inerme y un¨ªvoca, raramente bien gestionada y actualizada, la ciudadan¨ªa demandaba servicios interactivos y ubicuos. La aparici¨®n de call centres, de smart cards, de portales de instituciones p¨²blicas, las pol¨ªticas de fomento del uso de Internet, etc... han sido pruebas evidentes de evoluci¨®n gubernativa en el seguimiento de la sociedad civil. Algunos gobiernos, incluso, han sentado en la mesa del Ejecutivo a un responsable encargado de la promoci¨®n de la llamada "sociedad de la informaci¨®n".

En el transcurso de esta metamorfosis, el sector p¨²blico y el privado han sido cuasi tangentes. La interacci¨®n transaccional se limitaba pr¨¢cticamente al pago de impuestos, tasas y multas. Pero, a¨²n as¨ª, para los sufridos ciudadanos que est¨¢n acostumbrados a mostrar f¨ªsicamente su DNI cada vez que entran en un edificio p¨²blico y que deben evidenciar fehacientemente su existencia ante cualquier tr¨¢mite burocr¨¢tico, se habr¨ªa un camino m¨¢s conveniente para cumplir sus obligaciones con la Administraci¨®n. Aunque el farragoso procedimiento de identificaci¨®n en cada proceso se manten¨ªa, al menos se pod¨ªa cumplir en zapatillas desde casa y, adem¨¢s, siempre se confiaba que la Administraci¨®n proveer¨ªa a la ciudadan¨ªa, en un futuro pr¨®ximo, un identificativo personal ¨²nico y v¨¢lido para comprobar nuestra existencia en una base de datos invisiblemente integrada.

A medida que el comercio electr¨®nico ha ganado importancia en el nuevo siglo, existe la certeza de la aparici¨®n de una creciente ¨¢rea secante entre lo p¨²blico y lo privado. Al fin y al cabo, el administrado es, sobre todo, demandante y oferente en el sistema econ¨®mico y, como consecuencia, contribuyente. Comprar un coche por Internet se realiza a trav¨¦s de un portal de una empresa privada, pero su matriculaci¨®n y el pago de los correspondientes impuestos terminar¨¢ haci¨¦ndose a trav¨¦s del mismo medio en otro portal de naturaleza p¨²blica. Dado que la red es utilizada crecientemente como canal de compra de bienes y servicios cada vez m¨¢s complejos, el argumento anterior es tambi¨¦n aplicable a la apertura de una empresa o a la compra de una casa. Todo ello sin obviar la irreversibilidad del voto electr¨®nico, cuyas primeras experiencias pr¨¢cticas han acontecido durante el pasado lustro.

Esta "promiscuidad" entre organizaciones con fines diversos, imposibilita la existencia de un ¨²nico sistema de identificaci¨®n del ciudadano establecido unilateralmente por un oferente individual. Los gobiernos no pueden, ni deben, recurrir al mercado para elegir en una estanter¨ªa de un comercio especializado los est¨¢ndares y requerimientos t¨¦cnicos del sistema de identificaci¨®n personal de moda, ni puede, por otra parte, dise?ar uno a su medida e imponerlo al resto de la sociedad.

Parece, pues, necesario un esfuerzo compartido entre los diferentes actores de la industria tecnol¨®gica y los gobiernos para convenir un sistema de identificaci¨®n universal, en la acepci¨®n planetaria del t¨¦rmino, que impida, tanto la aparici¨®n de un monopolio, como la partici¨®n microsc¨®pica de la comunidad internacional en sistemas de imposible intercomunicaci¨®n.

?sta no es una cuesti¨®n t¨¦cnica, sino pol¨ªtica, que puede afectar al pleno ejercicio democr¨¢tico de todos los ciudadanos del planeta y que, por tanto, debe ser tratada en el foro pol¨ªtico correspondiente. Se trata, en fin, de que los poderes p¨²blicos aseguren a la ciudadan¨ªa el ejercicio de la libertad de "circulaci¨®n electr¨®nica" en el marco de una sociedad global y abierta en la que no caben pasaportes ni, mucho menos, gestor¨ªas que los tramiten. Una soluci¨®n federada para un mundo crecientemente federado parece recomendable si queremos evitar errores irreversibles en un pr¨®ximo futuro.

En paralelo, y dada la enorme base inform¨¢tica instalada en la Administraci¨®n P¨²blica (funcionarios, sanitarios, profesores, etc...), los costes de utilizaci¨®n de licencias operativas b¨¢sicas pueden alcanzar niveles tremendamente onerosos. An¨¢logamente, la imposibilidad de conocer el c¨®digo fuente de los programas que las soportan impide aprender c¨®mo funcionan, c¨®mo repararlas en caso de necesidad o c¨®mo modificarlas para adecuarlas a nuestras necesidades espec¨ªficas.

As¨ª las cosas, ser¨ªa conveniente acelerar el tr¨¢nsito del arriesgado uso de sistemas propiedad de una sola empresa a un activo compartido universalmente mediante un "c¨®digo abierto" y que, adem¨¢s, es gratuito. Una decisi¨®n como ¨¦sta aporta una considerable dosis de responsabilidad pol¨ªtica en la gesti¨®n de lo p¨²blico. La pol¨ªtica debe ser en este caso un modelo de comportamiento para la sociedad.

Por otra parte es manifiesto que en el marco de los diferentes niveles constitucionales gubernativos coexisten diversos esfuerzos relativos a temas de seguridad en la transmisi¨®n de informaci¨®n a trav¨¦s de la red, a la privacidad de los participantes en la misma, a los sistemas de firma electr¨®nica, etc. Esta dispersi¨®n conduce a la falta de unos est¨¢ndares comunes de aplicaci¨®n en toda la Administraci¨®n, por lo que la capacidad de la ciudadan¨ªa de realizar transacciones efectivas con la misma queda reducida notablemente. En este proceso de falta de definici¨®n organizativa, es claro que las m¨¢s perjudicadas son, por razones obvias, las agencias gubernativas de ¨ªndole recaudatorio y prestatario, por lo que deber¨ªan tomar decididamente la iniciativa pol¨ªtica del proceso de "e-autentificaci¨®n".

Finalmente, la gravedad de las contingencias que amenazan al mundo en los albores del SXXI obligan a los gobiernos a utilizar instrumentos preventivos in¨¦ditos en el ¨¢mbito pol¨ªtico hasta el 11 de Septiembre de 2001. La construcci¨®n de un centro de back-up & disaster recovery supone un acto de responsabilidad gubernativa frente a cualquier tipo de atentado terrorista o desastre de tipo natural. Perder la informaci¨®n de la ciudadan¨ªa supone la ociosidad de la Administraci¨®n y el descalabro del Gobierno.

(jecervera@mixmail.com)

Jos¨¦ Emilio Cervera es economista y ex eurodiputado por el CDS.