La crisis del 'Prestige' fuerza la destituci¨®n del presidente de la empresa p¨²blica Tragsa
La controvertida gesti¨®n de Roque Manresa al frente de la sociedad precipita su salida
La crisis desatada por el naufragio del Prestige ha provocado la destituci¨®n de Roque Manresa como presidente de la empresa p¨²blica Tragsa, que se encarg¨® de la limpieza de las costas por el vertido de chapapote. La decisi¨®n, que fue adoptada por el consejo de administraci¨®n de la sociedad en su ¨²ltima reuni¨®n, deber¨¢ ser ratificada el pr¨®ximo jueves en junta de accionistas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla la mayor¨ªa del capital. El Gobierno acaba de traspasar la propiedad Tragsa de Agricultura a la SEPI.
La Junta General de Tragsa deber¨¢ proceder al nombramiento de un nuevo presidente y consejeros del grupo como consecuencia del cambio de propiedad. Para ocupar el cargo que deja Roque Manresa se barajan los nombres de Juan Ignacio Barrero, ex presidente del Senado; Jaime Olmos, asesor del ministro de Agricultura, y Elena de Mingo, presidenta del Fondo Espa?ol de Garant¨ªa Agraria (FEGA). El ministro de Agricultura, Miguel Arias Ca?ete, quiere nombrarla, sin embargo, presidenta de la la Fundaci¨®n del Patrimonio Comunal Olivarero, en contra de las preferencias del sector.
Desde febrero, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene el control mayoritario de Tragsa con el 51%; el FEGA, con el 38%; el Patrimonio del Estado, el 10%, y las comunidades aut¨®nomas de Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria y Madrid, el 1%. Aunque la SEPI ostenta la mayor¨ªa, el estatuto de la sociedad contempla que para el nombramiento del presidente debe existir acuerdo con Agricultura.
Roque Manresa lleg¨® a Tragsa en 1995 de la mano del ministro Jes¨²s Posada. Anteriormente era delegado del Ministerio de Obras P¨²blicas en Cantabria. S¨®lo unas fechas antes de que se produjera su destituci¨®n nombr¨® adjunto al presidente a Luis Melguizo, antiguo asesor de Posada. En el caso del cese de su presidente, una de las inc¨®gnitas que no se ha resuelto es la posibilidad que pueda cobrar la elevada indemnizaci¨®n que tiene firmada.
Instrumento para todo
El relevo de Roque Manresa como presidente de Tragsa era algo que se barajaba ya hace unos meses al no contar con el apoyo de Agricultura ni de Econom¨ªa, sus dos accionistas. Las desavenencias crecieron por la controvertida actuaci¨®n de la empresa p¨²blica en las tareas de recogida del chapapote vertido en las costas tras el accidente del petrolero Prestige.
El principal problema de Tragsa, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n, es la gesti¨®n deficiente y la falta de coordinaci¨®n entre sus diferentes actividades, lo que hace que cada filial vaya por su lado. Tragsa se constituy¨® en 1977 y entre sus objetivos fundamentales se hallaban los trabajos de infraestructuras relacionados con la concentraci¨®n parcelaria y la reforestaci¨®n. Sin embargo, en los ¨²ltimos a?os ha ampliado el campo de sus actuaciones hasta convertirse en "un instrumento para todo", desde la compra de aviones a la matanza de vacas abandonadas en Le¨®n o la citada recogida de chapapote.
Tras el cambio en la c¨²pula, los nuevos propietarios de Tragsa esperan hacer una especie de refundaci¨®n de la empresa. Entre otras medidas, perseguir¨¢ mayor control y coordinaci¨®n de todas sus actividades. La SEPI se encuentra con una sociedad de unos 11.000 trabajadores y una facturaci¨®n superior a los 600 millones de euros que cuenta con varias filiales. Una de ellas es Tragsatec, para el desarrollo de tecnolog¨ªa y servicios agrarios. Entre sus actuaciones figura el Sistema de Informaci¨®n Geogr¨¢fica en el olivar. En la actualidad, desarrolla el mismo mecanismo de control para la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n. En la misma l¨ªnea se ha constituido Tragsega, para desarrollos ganaderos.
Tragsa, por su condici¨®n de empresa p¨²blica, accede a la adjudicaci¨®n de contratos de las Administraciones sin competencia. La imposibilidad de ejecutar directamente muchas de esas obras hace que una parte de las mismas, hasta un 50%, las subcontrate. Esta situaci¨®n ha provocado en los a?os precedentes las protestas y denuncias ante la UE. Ante las denuncias hechas desde el sector privado, el anterior subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela (jefe de gabinete del ministro de Econom¨ªa, Rodrigo rato, en la actualidad), encarg¨® en 2002 a la Intervenci¨®n General de Estado una auditor¨ªa sobre las actividades de Tragsa.
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