UGT plantea a la SEPI una f¨®rmula para hacerse con Babcock sin asumir su propiedad
Los sindicatos reclaman el control y apoyo publico pese a asumir que la reversi¨®n es imposible
Los sindicatos saben que el acuerdo de privatizaci¨®n de Babcock & Wilcox, hoy Babcock Borsig Espa?a (BBE), autorizado por la Comisi¨®n Europea, impide que el capital vuelva a manos de la Administraci¨®n y que entre m¨¢s dinero p¨²blico que el pactado en la venta. Ahora, pr¨¢cticamente un a?o y medio despu¨¦s de la venta a la firma alemana Babcock Borsig, la empresa se encuentra al borde de la liquidaci¨®n con el benepl¨¢ccito de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). UGT ha presentado dos f¨®rmulas jur¨ªdicas que permitir¨ªan a la sociedad p¨²blica controlar la empresa y sus acciones sin hacerse con la propiedad, algo que impide Bruselas, hasta que se encuentre un nuevo socio.
La SEPI ha abierto la puerta al cierre de la firma y se encuentra a la espera de las conclusiones definitivas de la consultora alemana Roland Berguer sobre el futuro de la planta vasca, que se conocer¨¢n el pr¨®ximo 16 de abril. Ante el determinismo de la SEPI, la UGT decidi¨® en la reuni¨®n del pasado jueves presentar dos propuestas jur¨ªdicas que no fueron bien recibidas. Babcock se ha convertido en un problema que dura ya demasiados a?os y la posibilidad de una venta a trozos y la salida de 400 trabajadores de los 672 actuales es una amenaza cada vez m¨¢s cercana.
Los sindicatos creen que tener un accionista en suspensi¨®n de pagos y sin capacidad financiera resta confianza a los mercados. En esa situaci¨®n, por mucho que la SEPI act¨²e como avalista de los contratos, las posibilidades de la firma son m¨¢s bien escasas. La privatizaci¨®n, a¨²n sin cerrar, dura ya cinco a?os como m¨ªnimo. Los trabajadores consideran que aguantar hasta el 16 de abril es una estrategia dilatoria, pues ya se conocen los planes de salida de Borsig y que esa fecha coincide con el comienzo de la Semana Santa. Los dos sindicatos representados en el Consejo de Administraci¨®n (UGT y CCOO), creen que la ¨²nica preocupaci¨®n que queda en la SEPI es la cercan¨ªa de las elecciones.
Las dos propuestas que hace UGT para devolver el control a la SEPI pasan por respetar la imposibilidad de reversi¨®n del capital a la Administraci¨®n, ya que ello ser¨ªa considerado ayudas de Estado por la UE, y por la imposibilidad de meter m¨¢s dinero que el que permite la propia privatizaci¨®n.
La primera idea es variar los estatutos sociales de BBE para que, en caso de prenda sobre las acciones (garant¨ªa legal que permite cobrar una deuda con las propias acciones), su titular ejerza los derechos del accionista.
UGT propone que Borsig reconozca en escritura p¨²blica su imposibilidad de cumplir los acuerdos de privatizaci¨®n y entrege las acciones a la SEPI en concepto de prenda sin perder su propiedad. As¨ª, con el truco de la modificaci¨®n estatutaria, el control de la sociedad ser¨ªa de la SEPI. Borsig se comprometer¨ªa tambi¨¦n a firmar la compraventa del capital con el socio industrial que encuentre la sociedad p¨²blica. Con esta f¨®rmula se evitar¨ªa el problema de la titularidad p¨²blica del capital.
Para salvar el problema de las aportaciones econ¨®micas extras, SEPI deber¨ªa alcanzar un acuerdo con una entidad financiera para hacer los ingresos previstos en el plan industrial. La entidad tendr¨ªa como garant¨ªa los t¨ªtulos y el comprador que encontrara la SEPI le reembolsar¨ªa los pagos.
La segunda f¨®rmula es un acuerdo a tres bandas (SEPI, Borsig y un tercero). Borsig tambi¨¦n debe reconocer su imposibilidad para cumplir el plan industrial. Las aportaciones previstas en el plan industrial ser¨ªan hechas por el tercero, que es el que toma las acciones en prenda mientras se busca nuevo socio.
Cuatro efectos
El primer efecto de las dos propuestas de la UGT ser¨ªa dejar a BBE fuera de la suspensi¨®n de pagos que atraviesa su matriz. El segundo es que la SEPI controlar¨ªa la sociedad y el Consejo de Administraci¨®n. El tercero, que al ser la empresa privada y los importes del plan industrial pagos privados no se incumplir¨ªa el plan de privatizaci¨®n. Y el cuarto efecto es que BBE podr¨ªa cambiar de nombre para acudir a las licitaciones sin la carga de estar dentro del grupo alem¨¢n.
La SEPI, seg¨²n UGT, no prest¨® atenci¨®n a sus propuestas de salvaci¨®n de la compa?¨ªa con apoyo p¨²blico. Los sindicatos creen que la SEPI es responsable del futuro de la firma al haber fallado en la privatizaci¨®n.
El acuerdo de privatizaci¨®n, por el que se mantuvieron 673 trabajadores en octubre de 2001, le cost¨® al Estado 1.274 millones de euros, incluyendo las p¨¦rdidas de los ¨²ltimos cinco a?os y las aportaciones directas al proceso.
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