Inseguridad ciudadana y justicia r¨¢pida

El d¨ªa 28 de abril entra en vigor la ley que pone en marcha los juicios r¨¢pidos, una vieja demanda social que ya ha conocido entre nosotros varios intentos fallidos. Las objeciones planteadas por quienes deben aplicarla, y especialmente los fiscales, parecen razonables, pero el fiscal general ha reaccionado a ellas con medidas disciplinarias que han soliviantado al sector. Lo que se critica es la falta de medios materiales y personales para alcanzar el objetivo de una justicia m¨¢s eficaz sin quiebra para las garant¨ªas.

Este nuevo ensayo aparece muy ligado al intento del Gobierno por dar una respuesta a la alarma social suscitada por el aumento de la peque?a delincuencia, la que m¨¢s incide en la inseguridad ciudadana, que se ha convertido en tema destacado de confrontaci¨®n electoral. Muchos profesionales del derecho alertan del riesgo de que esa vinculaci¨®n con un objetivo pol¨ªtico inmediato favorezca una aplicaci¨®n efectista de la ley, buscando resultados r¨¢pidos que permitan presentar estad¨ªsticas brillantes a cualquier precio; al de la falta de garant¨ªas, por ejemplo.

De esas preocupaciones se hizo eco la Junta de Fiscales de Madrid en un razonado escrito que inclu¨ªa una menci¨®n a la supuesta "inconstitucionalidad" de una parte de la nueva ley. Criticaban en particular la facultad atribuida a los jueces en relaci¨®n a las medidas cautelares, y tambi¨¦n la regulaci¨®n de los casos de conformidad del reo con la pena. El texto fue avalado por el fiscal jefe, quien defendi¨® en declaraciones p¨²blicas que para aplicar la ley con garant¨ªas hac¨ªa falta un n¨²mero considerable de nuevos fiscales. La respuesta del fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, fue abrirle un expediente disciplinario. Ello ha provocado, a su vez, que los fiscales de la capital, reunidos el viernes en junta, asumieran por unanimidad los pronunciamiento anteriores, retando a Cardenal a que expediente a toda la plantilla.

No es, desde luego, el mejor clima para la entrada en vigor de una ley cuya eficacia depende en gran medida de la actuaci¨®n de los fiscales, a los que exige un papel m¨¢s activo en los nuevos procesos para garantizar su validez y evitar una cadena de juicios nulos que d¨¦ al traste con el objetivo de la norma.

Para que el intento no acabe en otra frustraci¨®n se requiere una actuaci¨®n policial capaz de obtener pruebas v¨¢lidas en el escaso tiempo que media entre la detenci¨®n y la comparecencia a juicio. Pero tambi¨¦n es imprescindible reforzar la infraestructura judicial, en especial los juzgados de guardia y sus fiscal¨ªas, encargados de instruir sobre la marcha los procesos y de preparalos adecuadamente con vistas al juicio oral. En el caso de Madrid, el Ministerio de Justicia ha prometido duplicar los juzgados de guardia y aumentar de 11 a 25 el n¨²mero de fiscales adscritos a estos juzgados. A partir del 28 de abril se comprobar¨¢ si esa promesa se ha cumplido y si bastar¨¢ para evitar que el tercer o cuarto intento de justicia r¨¢pida en Espa?a corra la misma suerte que los anteriores.