El juicio del 'caso Maeso' por el contagio masivo de hepatitis C se retrasa seis a?os, seg¨²n el fiscal
La incorporaci¨®n en junio del a?o pasado de nuevos pacientes ha obligado a repetir pruebas
El inicio del juicio por el contagio masivo de hepatitis C a 278 enfermos, en el que el ¨²nico imputado es el anestesista Juan Maeso, se retrasar¨¢ al menos 6 a?os si se mantienen los tr¨¢mites previstos por el procedimiento ordinario, seg¨²n el fiscal del caso, Javier Carceller. Este retraso se debe, entre otras cosas, a que el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Valencia incorpor¨® a la causa en junio del a?o pasado siete nuevos pacientes contagiados. Esta decisi¨®n de la juez ha obligado a repetir las pruebas que ya se practicaron para el resto de casos, con el consiguiente retraso.
El fiscal Carceller explic¨® que para que concluya la instrucci¨®n del caso cada una de las partes tiene 10 d¨ªas para pronunciarse. Dicho plazo es consecutivo, de tal modo que en primer lugar se da traslado de la nueva situaci¨®n a una de las partes que agota esos 10 d¨ªas y a continuaci¨®n a otra con id¨¦ntico plazo para informar y as¨ª hasta completar las 105 acusaciones personadas en la causa. El fiscal estima que s¨®lo en esa parte procedimental, que a¨²n no ha comenzado, se consumir¨¢n al menos tres a?os.
El siguiente tr¨¢mite es el de calificaci¨®n, cuyo mecanismo es id¨¦ntico al de conclusi¨®n de la instrucci¨®n. Otros tres a?os, sumados a los anteriores, elevan a 6 a?os como m¨ªnimo la materializaci¨®n de todo el proceso, si se sigue el procedimiento ordinario establecido por la actual legislaci¨®n. Y ello despu¨¦s de que la incorporaci¨®n en junio de 2002 de siete nuevos casos obligara a realizar las pruebas que se practicaron al resto, lo que supuso una demora de meses.
Sin embargo, fuentes de los abogados de la acusaci¨®n afirman que se est¨¢ intentado llegar a un acuerdo para fijar un plazo com¨²n en lo que a la conclusi¨®n de la instrucci¨®n, calificaci¨®n de los hechos y petici¨®n de pena se refiere. De tal modo que las acusaciones podr¨ªan disponer, de forma simult¨¢nea, de un m¨¢ximo de seis meses para cada tr¨¢mite. El problema, seg¨²n las mismas fuentes, es que esta propuesta no est¨¢ recogida en la ley, por lo que debe ser la juez quien acepte unos plazos y un m¨¦todo de funcionamiento que no est¨¢ reglado.
Carceller record¨® que a estos problemas hab¨ªa que a?adir las maniobras dilatorias del abogado defensor de Maeso que "ha utilizado todos los mecanismos, hasta el punto que la Audiencia le imput¨® el pago de las costas de su ¨²ltima apelaci¨®n y se?al¨® que provocaba un retraso innecesario". En estos momentos, a¨²n queda pendiente por resolver una apelaci¨®n presentada por el abogado de Maeso -sobre los nuevos casos admitidos-, lo que tambi¨¦n supone un retraso en la causa.
La tramitaci¨®n por el procedimiento ordinario y la lentitud que ello supone contrasta con el reiterado anuncio de la puesta en marcha de los juicios r¨¢pidos. En ese sentido, Carceller subray¨® el contraste existente entre la celeridad que supone esta iniciativa judicial y la realidad del procedimiento ordinario en el que "no se ha modificado nada. La justicia no est¨¢ preparada para responder con la diligencia y rapidez que le corresponde ante una causa como ¨¦sta".
El fiscal, que se ha mostrado ya cr¨ªtico con los juicios r¨¢pidos, insisti¨® en que: "Estamos hablando de una causa en la que hay 278 enfermos alguno de los cuales, o tal vez varios, pueden fallecer mientras esperamos estos 6 a?os que la ley establece".
Carceller anunci¨® en octubre del a?o pasado que el proceso ya llevaba una demora de tres a?os. En aquella fecha el fiscal se mostraba optimista en la conclusi¨®n del caso, cuya instrucci¨®n esperaba cerrar a principios de este a?o. Sin embargo, el fiscal era consciente de la dificultad que presentaba el caso porque la ley no contemplaba la celebraci¨®n de juicios con tantos representantes.
Adem¨¢s, el juicio se enfrenta al problema log¨ªstico que supone la ausencia de una sala para albergar a los 278 pacientes que han formulado las denuncias contra el anestesista Juan Maeso, el centenar de abogados que representan a las acusaciones particulares, el acusado y su abogado defensor m¨¢s los miembros de la sala. La Generalitat, a trav¨¦s de la Consejer¨ªa de Justicia, anunci¨® en su d¨ªa que estaba buscando un espacio adecuado para este macrojuicio, lleg¨¢ndose a barajar el Palacio de Congresos.
La investigaci¨®n del caso Maeso se inici¨® en abril de 1998 por los contagios detectados en el hospital La Fe, la cl¨ªnica Virgen del Consuelo, la cl¨ªnica Quir¨®n y la Casa de Salud de Valencia.
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