'Los Albertos' no ir¨¢n a prisi¨®n hasta que el Gobierno resuelva sobre su petici¨®n de indulto

Alberto Cortina y Alberto Alcocer, condenados por el Tribunal Supremo a tres a?os y cuatro meses de c¨¢rcel por falsedad y estafa en el caso Urbanor, no ir¨¢n a prisi¨®n mientras se tramita su indulto. La Audiencia de Madrid ha accedido a suspender hasta entonces la ejecuci¨®n de la sentencia, ya que entiende que la duraci¨®n de la pena no es elevada y la medida de gracia podr¨ªa llegar cuando hayan cumplido la sentencia. El tribunal agrega que los Albertos no tienen antecedentes, han pagado las indemnizaciones y en 24 casos anteriores se ha aplicado el mismo criterio.

La Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia de Madrid, tribunal encargado de ejecutar la sentencia, justifica su decisi¨®n en que el tiempo que tarda en resolverse un indulto por el Ministerio de Justicia "se aproxima, con car¨¢cter general, al a?o de duraci¨®n o incluso lo supera, siendo excepcionales aquellos casos en que se resuelve acerca de dicha petici¨®n en un plazo de dos o tres meses".

El tribunal recuerda que el art¨ªculo 4.4.2. del C¨®digo Penal le faculta para "suspender la ejecuci¨®n de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto, cuando de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de ¨¦ste pudiera resultar ilusoria".

En la condena a los Albertos se aplic¨® el C¨®digo Penal de 1973, vigente cuando cometieron la estafa, que admite los beneficios de redenci¨®n de penas por el trabajo. La redenci¨®n por el trabajo y el tiempo de libertad condicional dejan reducida una condena a poco m¨¢s de un tercio de su cuant¨ªa, lo que en la pr¨¢ctica supone que la condena a los Albertos quedar¨ªa reducida a algo m¨¢s de un a?o de prisi¨®n efectiva, precisamente el tiempo que puede durar el tr¨¢mite del indulto.

Seg¨²n el tribunal la suspensi¨®n de una pena mientras se tramita el indulto no implica que la misma "no se cumpla en ning¨²n caso, sino que se est¨¢ aplazando su cumplimiento ante la posibilidad de que dicha pena sea indultada". Pero si se deniega el indulto, "la pena que se hab¨ªa dejado en suspenso habr¨¢ de cumplirse en todo caso".

La Secci¨®n S¨¦ptima a?ade que ha emitido numerosos pronunciamientos sobre suspensi¨®n de penas por mediar petici¨®n de indulto, y por ello ha fijado unas pautas o criterios a seguir con car¨¢cter general, para el supuesto de penados que no hayan iniciado el cumplimiento de la pena.

Seg¨²n el tribunal, dichas pautas se refieren a que la petici¨®n de suspensi¨®n sea para penas superiores a dos a?os -para penas inferiores no se ingresa bajo condici¨®n de que el reo no delinca en un periodo determinado-; que el penado carezca de antecedentes y que, si no es insolvente, satisfaga las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia. "Cumplidos esos requisitos, este tribunal ha optado en todas las ocasiones por la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la pena", agrega.

A continuaci¨®n, enumera hasta 24 casos en que accedi¨® a la suspensi¨®n mediando petici¨®n de indulto; de ¨¦stas, la mitad son condenas a penas de prisi¨®n superiores a la de los Albertos y otros siete casos son de condenas a tres a?os de prisi¨®n.

El tribunal puntualiza que en el supuesto actual "no existe raz¨®n alguna para dejar de aplicar los criterios que siempre ha seguido para tratar de garantizar una igualdad de trato ante situaciones sustancialmente id¨¦nticas". Concluye que los Albertos carecen de antecedentes y han consignado el importe de las indemnizaciones fijadas en la sentencia (24,5 millones de euros, 4.085 millones de pesetas) pr¨¢cticamente en su totalidad, sin perjuicio de la liquidaci¨®n de intereses "que habr¨¢ de resolverse en su momento".

El abogado de los perjudicados de Construcciones San Mart¨ªn, Miguel Bajo, dijo ayer que recurrir¨¢ para que se ejecute los intereses que quedan pendientes.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifest¨® ayer que el indulto de los Albertos se tramitar¨¢ "como cualquier otro".

Javier Barrero, del PSOE, y Felipe Alcaraz, de IU, coincidieron en que la decisi¨®n de la Audiencia supone una discriminaci¨®n entre los delincuentes de cuello blanco y la peque?a delincuencia, lo que contribuye, a su juicio, a generar "alarma social".