La gesti¨®n del PER, la principal renuncia del Ejecutivo andaluz

Las "dificultades t¨¦cnicas" han sido el escudo tras el que se ha parapetado el Gobierno central para explicar la falta de acuerdo con la Junta de Andaluc¨ªa sobre las pol¨ªticas activas de empleo. Pero en realidad, la negociaci¨®n entre ambas Administraciones ha sido menos compleja de lo que el tiempo transcurrido (seis a?os) parece indicar. Las diferencias se limitaron en principio al n¨²mero de funcionarios (El Gobierno estaba dispuesto a ceder s¨®lo 1.400, la Junta reclamaba 2.000 y el acuerdo ha quedado en 1.630) y, sobre todo, a la gesti¨®n del Plan de Empleo Rural (PER).

El PER (unos 120 millones de euros al a?o para Andaluc¨ªa) es un plan estatal que financia obras p¨²blicas en los municipios con el objetivo de proporcionar peonadas a los jornaleros andaluces y extreme?os en paro. La Junta reivindica que se trata de pol¨ªticas activas de empleo y pide desde 1997 la inclusi¨®n de estos fondos en el traspaso. En marzo de 2001, el Ejecutivo andaluz se mostr¨® dispuesto a compartir la gesti¨®n de estos fondos con el Gobierno. Un a?o despu¨¦s, la firme negativa del Ejecutivo central, que hab¨ªa acordado ya el traspaso a Extremadura sin incluir el PER, hizo desistir a la Junta, aunque el texto del decreto reconoce que es una pol¨ªtica activa y abre la puerta a futuras f¨®rmulas de colaboraci¨®n.