La reforma del Estatut

La presentaci¨®n a la opini¨®n p¨²blica y al electorado de cuatro proyectos de reforma estatutaria no debiera provocar confusiones. No son cuatro textos jur¨ªdicos, suceptibles de aprobaci¨®n, enmiendas o rechazo por parte del Parlament y las Cortes Generales, sino unas bases gen¨¦ricas, algunas coincidentes, que expresan opciones pol¨ªticas obligadas a un consenso si se pretende alcanzar la mayor¨ªa cualificada que ha de aprobar la reforma tanto en Barcelona como en Madrid. La comisi¨®n parlamentaria que emiti¨® un informe hace cinco meses sobre las posibilidades de profundizar en nuestro autogobierno, curiosamente, no recomendaba la reforma del Estatut porque "sin una reforma constitucional previa, es una v¨ªa de operatividad limitada". Tan s¨®lo suger¨ªa, para ampliar las competencias de la Generalitat, una hipot¨¦tica reivindicaci¨®n de la disposici¨®n adicional primera de la Constituci¨®n respecto a la actualizaci¨®n de los derechos hist¨®ricos de los territorios forales (el Pa¨ªs Vasco y Navarra), siempre en el marco constitucional y estatutario y en el supuesto de su aplicabilidad a Catalu?a. En cuanto a la reforma constitucional, la comisi¨®n la ve¨ªa necesaria en el caso del Senado para que, desde ¨¦l, las comunidades aut¨®nomas pudieran ver a¨²n m¨¢s reconocidos sus rasgos diferenciales y participar con mayor incidencia en la pol¨ªtica y en las instituciones del Estado y de la Uni¨®n Europea. Las otras v¨ªas recomendadas para mejorar el autogobierno consist¨ªan en modificaciones m¨²ltiples de la legislaci¨®n estatal y catalana vigentes y en la posible incorporaci¨®n de las mismas al Estatut.

Los partidos catalanes acogieron el informe de la citada comisi¨®n con variable acuerdo. CiU no apoy¨® los cambios legislativos catalanes ni la reforma constitucional y habl¨® de un nuevo Estatut, entendido como una "relectura" de la Constituci¨®n, pactada con quien gobierne en Espa?a. ERC acept¨® todas las propuestas, se apunt¨® a la reforma estatutaria y ampli¨® la constitucional al t¨ªtulo preliminar (forma de Estado), al sexto (justicia) y al octavo (sistema auton¨®mico), desde su proyecto de un Estado catal¨¢n independiente, asociado al Reino de Espa?a. Iniciativa per Catalunya Verds se sum¨® al informe, pero tambi¨¦n pidi¨® la reforma del citado t¨ªtulo preliminar, para que se admita el pluriling¨¹ismo oficial del Estado, y la del art¨ªculo 149.1, para ampliar las competencias de la Generalitat. El PSC propugn¨® claramente la reforma del Estatut, para renovar y mejorar el funcionamiento de las instituciones catalanas, y la constitucional que afecta al Senado, para dar cumplimiento a la participaci¨®n de Catalu?a en la pol¨ªtica estatal y europea. El PP se mostr¨® contrario a ambas reformas.

En los textos de bases que ahora han presentado todos los partidos, menos el PP, se destacan diversos aspectos que, sin duda, habr¨¢n de aclararse en aras del inevitable consenso. Por un lado, CiU proclama que su proyecto encaja plenamente en el texto constitucional vigente, pero la mitad de sus propuestas obligan a reformarlo. Por otro, el de ERC adopta la forma de un texto articulado cuyo t¨ªtulo es Constituci¨® de l'Estat Lliure de Catalunya y al mismo tiempo Projecte d'Estatut Nacional, lo cual lleva a incluir, mezclados, una serie de poderes de la naci¨®n catalana y de relaciones entre ¨¦sta y el Estado espa?ol que son propios, seg¨²n los casos, del sistema auton¨®mico actual, del federal o del confederal. En cuanto a Iniciativa y el PSC, sus bases no ofrecen contradicciones internas y son, con alguna excepci¨®n, suficientemente gen¨¦ricas como para servir de punto de encuentro a las formulaciones m¨¢s realistas de los dem¨¢s partidos.

El realismo obliga en primer lugar a reconocer que el consenso catal¨¢n est¨¢ condicionado por el espa?ol, y ambos por las normas que rigen la reforma tanto del Estatut como de la Constituci¨®n. Por ejemplo, para lograr la del t¨ªtulo preliminar, que afecta a la forma de Estado y al pluriling¨¹ismo oficial de ¨¦ste, se exige el acuerdo de dos tercios de cada C¨¢mara de las Cortes, la disoluci¨®n de ¨¦stas, su ratificaci¨®n con id¨¦ntico qu¨®rum por las electas y el refer¨¦ndum del electorado espa?ol. En cambio, para la del Senado o la del art¨ªculo 149.1, basta s¨®lo el primero de los requisitos citados, y para la del Estatut, la mayor¨ªa absoluta del Congreso, ¨²nicamente en el caso de que la reforma afecte a las relaciones entre la Generalitat y el Estado, ya que, para reformar las instituciones propias, basta con que las Cortes confirmen que el cambio no afecta a dichas relaciones. Por eso, tal vez fuera conveniente reformar por separado el Estatuto interno y el externo, asegurando as¨ª una parte nada desde?able de la reforma.

El realismo obliga en segundo t¨¦rmino a contar con el apoyo pol¨ªtico de los partidos estatales. El futuro estatuto y la reforma constitucional pueden merecer el de los partidos nacionalistas y regionalistas, pero no suman suficientes esca?os. Se necesita al PP, negado a ello, y a un PSOE que lleva tiempo exigiendo la reforma del Senado y que est¨¢ de acuerdo en apoyar una reforma del estatuto catal¨¢n, pues supondr¨ªa la voluntad de tres quintas partes del Parlament. Adem¨¢s, el PSOE podr¨ªa ser un importante apoyo electoral y de campa?a previa para el previsible caso de que, ante una reforma como la del Senado o del art¨ªculo 149.1, una d¨¦cima parte de los diputados o de los senadores contrarios a ella (muy probablemente del PP) solicitaran su refer¨¦ndum en m¨¦ritos del art¨ªculo 167.3 de la Constituci¨®n. El realismo, pues, habr¨¢ de conducir, antes o al tiempo que se consens¨²a en Catalu?a la reforma estatutaria, a pactar con los partidos nacionalistas y regionalistas y, despu¨¦s, con el PSOE el texto jur¨ªdico que habr¨¢n de discutir, enmendar y, con suerte, aprobar en las Cortes. La pr¨®xima legislatura debiera expresar la concurrencia mayoritaria de las fuerzas pol¨ªticas que hoy en Espa?a pretenden reaccionar eficazmente contra una concepci¨®n del Estado que la Constituci¨®n rechaza. Porque ¨¦sta no s¨®lo consagra ya el autogobierno de las nacionalidades y regiones, sino que admite su propia reforma para aumentarlo y para que unas y otras participen como se merecen en un Estado y en una Uni¨®n Europea comunes.

En consecuencia, la pugna electoral que se avecina este a?o para el cambio pol¨ªtico en Catalu?a har¨¢ jugar, sin duda, los diferentes proyectos de reforma y el que se niega a ella. En ese juego se repetir¨¢n las invectivas que siempre se han hecho mutuamente los partidos, exagerando las virtudes de cada propuesta propia y los defectos y vicios de las restantes. Pero, a la hora de la verdad, quien verdaderamente quiera un Estatut renovado en el marco de una Constituci¨®n m¨¢s abierta no tendr¨¢ m¨¢s remedio que ponerse de acuerdo con realismo y sinceridad alrededor de un proyecto viable y compartible con la mayor¨ªa de los dem¨®cratas espa?oles.

J. A. Gonz¨¢lez Casanova es profesor de Derecho Constitucional de la UB.