Econom¨ªa propone multar a todo el anterior consejo de L'Alian?a por irregularidades econ¨®micas en su gesti¨®n

Todos culpables. La instructora del expediente abierto por la Generalitat contra el anterior Consejo de Administraci¨®n de la mutualidad de previsi¨®n social L'Alian?a propone que se multe a los 10 miembros de este organismo con cantidades de entre 2.000 y 6.000 euros por irregularidades econ¨®micas cometidas en su gesti¨®n. En el caso Ramon Carranza, ex director general de la entidad, y de Susanna Mart¨ªn, ex presidenta del consejo, la instructora sugiere, adem¨¢s, que se les inhabilite por dos a?os para dirigir o administrar una aseguradora.

El Gobierno de la Generalitat acord¨® la intervenci¨®n de L'Alian?a el 12 de marzo de 2002 y dos d¨ªas despu¨¦s fue destituido de manera fulminante todo el Consejo de Administraci¨®n, del que tambi¨¦n formaban parte un representante de UGT y otro de CC OO. A finales de noviembre de ese mismo a?o fueron despedidos los responsables de personal, finanzas y mercadotecnia, y en esas fechas el director general de Pol¨ªtica Financiera de la Generalitat orden¨® la apertura de un expediente sancionador contra todo el Consejo de Administraci¨®n.

Ese expediente ocupa 8.000 folios y concluye con la propuesta de sanci¨®n a los integrantes del consejo. Los afectados tienen ahora 15 d¨ªas para presentar alegaciones y finalmente ser¨¢ el consejero de Econom¨ªa y Finanzas, Francesc Homs, quien dicte una resoluci¨®n definitiva.

Ramon Carranza anunci¨® ayer que recurrir¨¢ contra la propuesta de sanci¨®n y explic¨® que esa decisi¨®n forma parte de una maniobra de la Generalitat para colocar en la mutua a personas de su plena confianza antes de la celebraci¨®n de los pr¨®ximos comicios auton¨®micos. En t¨¦rminos parecidos se expres¨® Ciriaco Hidalgo, el representante de UGT en el anterior consejo, quien considera que despu¨¦s de la resoluci¨®n que dicte el consejero Homs es muy probable que la Generalitat levante la intervenci¨®n y convoque elecciones, de las que saldr¨¢n los nuevos gestores de la mutua, que agrupa a m¨¢s de 200.000 socios. Carranza anunci¨® ayer su deseo de comparecer a esas elecciones, lo que ser¨ªa imposible si se confirmara su inhabilitaci¨®n.

En el caso de Carranza y Susanna Mart¨ªn, la propuesta de sanci¨®n es de 6.000 euros de multa e inhabilitaci¨®n de dos a?os para ejercer cargos de administraci¨®n o direcci¨®n de aseguradoras; para los consejeros Miguel D¨ªaz S¨¢nchez, Christiane Hubner-Decalf, Albert Ballesteros, Francisco ?vila, Rosa Gelida y Francisco Fabregat se propone una multa de 4.000 euros, y de 2.000 euros en el caso de Ciriaco Hidalgo y Antoni Tu¨¤, este ¨²ltimo representante de Comisiones Obreras en el Consejo de Administraci¨®n. En todos los casos, la cuant¨ªa de la multa impuesta es la m¨ªnima que prev¨¦ la vigente ley de seguros privados.

D¨¦ficit excesivo

En s¨ªntesis, las acusaciones por las que se imponen las multas son: retrasar la entrega de documentaci¨®n para facilitar la inspecci¨®n, generar un d¨¦ficit superior a lo previsto por la ley y no comunicarlo a la Administraci¨®n, llevar la contabilidad con anomal¨ªas sustanciales y trasladar el domicilio social de manera irregular. En concreto la Generalitat reclama a la mutua la devoluci¨®n de 9,42 millones de euros entregados a cuenta de las liquidaciones de los a?os 1997 y 1998 y como ayuda otorgada tras la crisis que sufri¨® la entidad a mediados de la d¨¦cada de 1990.

Las ayudas estaban condicionadas a que se demostrara que el mayor centro hospitalario de la mutua, el Sagrat Cor de Barcelona, estaba en p¨¦rdidas. La Generalitat considera que nunca pudo justificarse esa situaci¨®n. Ramon Carranza, por el contrario, recuerda que, un mes despu¨¦s de ser destituido todo el consejo, la Generalitat dio marcha atr¨¢s en la exigencia de la devoluci¨®n del dinero que hab¨ªa formulado un mes antes. Es decir, lo que era exigible a unos gestores no lo fue a los nuevos. La administradora provisional de la mutualidad es ahora Rosa Maluquer.

El segundo gran motivo de discordia es la anotaci¨®n contable de 25,4 millones de euros por las plusval¨ªas generadas al separarse en la entidad las actividades aseguradoras de las de prestaci¨®n sanitaria, en cumplimiento de una ley que entr¨® en vigor en 1998. Es lo que se conoce en t¨¦rminos econ¨®micos como filializaci¨®n. La Generalitat sostiene que no se le pidi¨® autorizaci¨®n para realizar ese apunte y Carranza asegura: "Fueron ellos quienes nos obligaron a hacerlo".

El ex director general explic¨® ayer que esas dos supuestas irregularidades han sido llevadas a la jurisdicci¨®n de lo contencioso administrativo y que ser¨¢ la justicia la que tendr¨¢ la ¨²ltima palabra y se pronunciar¨¢ en su d¨ªa. Ciriaco Hidalgo, por su parte, record¨® que los dos representantes sindicales en el Consejo de Administraci¨®n no ten¨ªan ninguna responsabilidad ejecutiva ni de gesti¨®n en ese organismo.