El poder de la discordia

La reforma que la pasada semana aprob¨® el Parlament sobre el sistema de elecci¨®n de los consejos comarcales amenaza con dinamitar uno de los puntales de la implantaci¨®n territorial de Converg¨¨ncia i Uni¨®, firmemente anclado desde 1987. De ah¨ª la beligerancia con la que los dirigentes de CiU han reaccionado al pacto entre la izquierda y el PP para aplicar una nueva f¨®rmula, a partir de las municipales del 25 de mayo, que acabe con la actual distorsi¨®n representativa y prime el voto de los ciudadano sobre el n¨²mero de concejales de cada formaci¨®n pol¨ªtica.

La Ley de Organizaci¨®n Territorial de 1987, impuesta sin consenso por la mayor¨ªa absoluta de CiU, supuso una revoluci¨®n en la Administraci¨®n catalana (implantaci¨®n de los consejos comarcales, supresi¨®n de la Corporaci¨®n Metropolitana, creaci¨®n de nuevas comarcas) pero esquiv¨® los puntos m¨¢s conflictivos y sensibles, como por ejemplo la hist¨®ricamente cuestionada divisi¨®n provincial de Catalu?a o la posible agrupaci¨®n de peque?os municipios.

En 1999, Josep Antoni Duran Lleida se convirti¨® en el primer consejero de Gobernaci¨®n dispuesto a abordar con detenimiento una reestructuraci¨®n territorial de Catalu?a. Ten¨ªa toda una legislatura por delante. Como primer paso, encarg¨® una propuesta a un grupo de expertos dirigidos por el ex dirigente de Converg¨¨ncia, Miquel Roca. La dif¨ªcil empresa, a la que Duran volc¨® todo su empe?o, fue torpeada de inmediato no por la oposici¨®n, sino sorprendentemente por parte del propio grupo de CiU, receloso de cualquier cambio que implicara una merma de su poder comarcal. El 80% de los peque?os municipios est¨¢ en manos de la federaci¨®n nacionalista, que adem¨¢s preside 32 de los 40 consejos.

El conocido como informe Roca propon¨ªa reducir el n¨²mero de poblaciones -mediante un proceso de integraci¨®n voluntaria- de 946 a 758, la creaci¨®n de seis nuevas comarcas y la sustituci¨®n de las actuales provincias por seis veguer¨ªas: Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Girona, Terres de l'Ebre y Ponent (Lleida).

Duran no esperaba una reacci¨®n en contra tan virulenta. Las dos asociaciones municipalistas expresaron su negativa al informe Roca. Pero la mayores andanadas llegaron desde las propias filas de CiU, en especial, de Artur Mas y el entonces consejero de Pol¨ªtica Territorial, Pere Macias.

Duran se march¨® con cajas destempladas de Gobernaci¨®n tras el nombramiento de Artur Mas como conseller en cap. Su sustituta, N¨²ria de Gispert -democristiana como Duran-, enterr¨® el informe Roca en el Parlament tan s¨®lo cuatro meses despu¨¦s de su presentaci¨®n. Fue el inicio de los titubeos y escaramuzas legales de CiU para frenar la reforma de las leyes en el marco de la ponencia constituida en la C¨¢mara catalana.

Entonces CiU todav¨ªa trampeaba las embestidas de la izquierda gracias a los impagables votos del Partido Popular. Hasta que Josep Piqu¨¦, presidente del PP catal¨¢n, cay¨® en la cuenta de que su partido tambi¨¦n pod¨ªa hacerse con una porci¨®n del pastel de los apetitosos consejos comarcales. CiU le facilit¨® el camino al anunciar la ruptura de sus relaciones con el PP. El grupo popular present¨® una enmienda al proyecto de ley surgido de la ponencia, que propon¨ªa la modificaci¨®n del sistema electoral de los consejos y abogaba por aplicar directamente la Ley de Hondt. Socialistas e Iniciativa per Catalunya la secundaron con ciertas variaciones. ERC, en cambio, planteaba invertir la f¨®rmula vigente para que dos tercios de los consejeros fueran escogidos seg¨²n los votos de cada formaci¨®n pol¨ªtica y el tercio restante seg¨²n el n¨²mero de concejales.

Los nacionalistas intentaron con mil y una triqui?uelas torpedear el acuerdo de la oposici¨®n, que con cierta sorna califican de cuatro contra uno. Todos los esfuerzos resultaron infructuosos e incluso recibieron alg¨²n que otro rev¨¦s, como la resoluci¨®n del Consejo Consultivo, que aval¨® cualquier reforma aun despu¨¦s de convocadas las elecciones municipales.

Hasta el mismo d¨ªa del pleno del Parlament -el pasado d¨ªa 29-, CiU no se avino a negociar una f¨®rmula. El cuatro contra uno se consum¨® para desespero de los nacionalistas que, de inmediato, encargaron a la Asociaci¨®n Catalana de Municipios -de signo convergente- inundar los juzgados con recursos contencioso administrativos contra esta reforma.

Frente a las acusaciones lanzadas por CiU de que el nuevo sistema de elecci¨®n quiebra el actual modelo de equilibrio territorial y liquida la representaci¨®n de los peque?os municipios, la izquierda y el PP sostienen que, de una vez por todas, los consejos comarcales dejar¨¢n de ser unos organismos clientelares al servicio de la federaci¨®n nacionalista. Y que, por fin, todos los ayuntamientos estar¨¢n representados en el Consejo de Alcaldes.