A medida del Gobierno
La reforma del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, que hoy aprueba el Congreso -la primera de importancia de una norma que data de 1981- aborda aspectos sin duda revisables, pero se olvida del principal: la relaci¨®n de dependencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno que lo nombra y destituye libremente. De todos los problemas que han afectado desde aquella fecha al ministerio fiscal, el m¨¢s grave ha sido la sospecha de parcialidad que proyecta sobre el actuaci¨®n del fiscal del Estado el hecho de que puede ser destituido por el Gobierno que lo nombr¨®.
Esa sospecha se acrecienta con el nuevo Estatuto. El poder del fiscal del Estado se refuerza, al tiempo que se limita el de la instituci¨®n en un aspecto crucial: su facultad investigadora del delito. La reforma reduce a seis meses el plazo para que los fiscales investiguen los hechos delictivos antes de denunciarlos ante el juez, salvo que el fiscal del Estado autorice una pr¨®rroga. Hacer depender del criterio del fiscal general la investigaci¨®n de delitos en ocasiones de gran complejidad, para los que un plazo de seis meses es insuficiente (corrupci¨®n y econ¨®mico-financieros, entre otros) alimenta las sospechas sobre el inter¨¦s del Gobierno en el control del ¨®rgano competente en estos asuntos: la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
La hegemon¨ªa del fiscal del Estado en el nuevo dise?o del ministerio p¨²blico resalta todav¨ªa m¨¢s al limitarse a cinco a?os el mandato de los fiscales jefes, incluidos los actuales, a los que se aplicar¨¢ la nueva norma con car¨¢cter retroactivo. Nada hay que oponer, desde criterios democr¨¢ticos, a la renovaci¨®n de mandatos en la funci¨®n p¨²blica, pero extra?a que esa medicina democr¨¢tica no se administre al fiscal general del Estado. S¨®lo estableciendo un mandato predeterminado con causas tasadas de cese podr¨ªa acabarse con la sospecha de parcialidad. Pero no es un objetivo que encaje en un ministerio fiscal hecho a la medida del Ejecutivo. M¨¢s bien se trata de una f¨®rmula dise?ada para deshacerse de algunos fiscales inc¨®modos y reforzar todav¨ªa m¨¢s la influencia gubernamental sobre una instituci¨®n fuertemente jerarquizada. El Gobierno tendr¨¢ ahora ocasi¨®n de cambiar a los fiscales que se le antoje, para lo que cuenta con la colaboraci¨®n de un fiscal del Estado cuya continuidad en el cargo depende de su voluntad.
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