?Es la sociedad, est¨²pidos!

Desde que Bill Clinton lanzara a Bush padre aquel eslogan electoral (?Es la econom¨ªa, est¨²pido!), para cambiar el plano del debate de la campa?a del 92, despu¨¦s de la primera guerra del Golfo, la pol¨ªtica no ha dejado de girar sobre estos dos ejes: econom¨ªa y pol¨ªtica internacional. La organizaci¨®n social, su cohesi¨®n, los equilibrios humanos, los valores de convivencia, parecen ausentes del debate pol¨ªtico, desde que Margaret Thatcher y otros precursores del neoliberalismo pronosticaran la inexistencia de la sociedad y la desaparici¨®n de la pol¨ªtica y de la historia misma ("la sociedad es un fantasma, s¨®lo existe la familia, el mercado y el Estado", dec¨ªa la prime minister).

Y, sin embargo, es la sociedad la que se ha movilizado contra la guerra, en una esperanzadora muestra de que hay opini¨®n p¨²blica (y no s¨®lo publicada), capaz de condicionar a medios de comunicaci¨®n y a Gobiernos y de restablecer las bases de nuestras convicciones democr¨¢ticas y de nuestra confianza en una revitalizaci¨®n de los mecanismos de participaci¨®n, que nos ofrece la nueva sociedad de la informaci¨®n.

Es una sociedad que est¨¢ expresando, desde hace a?os, en Seattle o en Porto Alegre, en foros universitarios o en miles de ONG, que otro mundo debe ser posible. Que si podemos conquistar el espacio, tambi¨¦n debemos salvar el planeta de un desarrollo econ¨®mico insostenible. Que si podemos alargar la vida en el mundo occidental, debemos acabar con el sida en ?frica. Que si la globalizaci¨®n es una formidable oportunidad para el mundo, ¨¦ste no puede construirse sobre un reparto insoportable que mantiene en el hambre a m¨¢s de mil millones de personas, mientras el 80% de la poblaci¨®n no accede a m¨¢s all¨¢ del 16% de la riqueza.

Hay una sociedad detr¨¢s de todos estos debates que se revisten de sesudos an¨¢lisis econ¨®micos y acaban determinando siempre inexorables recetas para reducir la protecci¨®n social, aligerar cargas fiscales y restringir derechos laborales.

Son evidentes, todos lo sabemos, las razones que avalan las medidas de saneamiento macroecon¨®mico y las reformas estructurales del mercado de trabajo, como base del crecimiento y de la creaci¨®n de empleo. Nadie cuestiona que son necesarias reformas en nuestro modelo de bienestar, para salvarlo, como dice Schr?der agobiado en su propia crisis. Pero lo que se echa en falta es el debate sobre los efectos sociales y sobre el modelo de sociedad laboral que estamos configurando en la sociedad postindustrial. Como dice Andre Gorz, estamos dejando atr¨¢s una sociedad, sin construir otra nueva.

Aqu¨ª en Espa?a, por ejemplo, tras el triunfalismo del Gobierno se oculta una radiograf¨ªa social que, todos los a?os, el Consejo Econ¨®mico y Social y algunos otros estudios como los que realiza la Fundaci¨®n Encuentro, nos muestran tercamente.

Un 55% de los hogares espa?oles -7,5 millones en total- encuentran dificultades econ¨®micas para acabar el mes. Lo cual no es de extra?ar si tenemos en cuenta algunos datos de renta que conviene recordar. Casi cinco millones y medio de nuestros ocho millones de pensionistas -el 71%- cobran una pensi¨®n inferior a los 600 euros (las antiguas cien mil pesetas) y de ellos, cuatro millones largos, cobran por debajo de los 450 euros mensuales. Tambi¨¦n conviene saber que m¨¢s de medio mill¨®n de hogares tiene a todos sus miembros en paro. Y entre los que disponen de un empleo, las estimaciones sindicales sit¨²an en un mill¨®n y medio, los trabajadores que perciben un salario pr¨®ximo al salario m¨ªnimo (entre 450 y 600 euros al mes). No es extra?o por tanto que la UE haya confirmado estas cifras al se?alar que el 19% de la poblaci¨®n espa?ola, es decir, 7,6 millones de personas, viven por debajo de lo que en Europa se considera el umbral de pobreza, es decir, "personas que viven en hogares cuya renta disponible est¨¢ por debajo del 60% de la media nacional" (Eurostat, abril de 2003).

Nuestra mirada al mercado de trabajo nos ofrece claroscuros. El crecimiento de la poblaci¨®n ocupada y cotizante a la Seguridad Social en estos ¨²ltimos nueve a?os, es incuestionable. La econom¨ªa espa?ola, que ha aprovechado el saneamiento macroecon¨®mico de los primeros noventa, los ajustes en gasto p¨²blico y las reformas laborales que hicimos los socialistas en plena crisis de 1993, ha encontrado en las ayudas de la UE y en la expansi¨®n inmobiliaria y tur¨ªstica sus factores de ventaja sobre el resto de las econom¨ªas europeas. Pero que hayamos sobrepasado los 16 millones de cotizantes a la Seguridad Social, no oculta una progresiva depauperaci¨®n de nuestra realidad laboral.

Cerca de cinco millones de trabajadores rotan sin cesar sobre empleos temporales. Es un empleo barato, con fraudes laborales generalizados y renuncias obligadas a derechos y condiciones laborales largamente asentados. Una muestra inequ¨ªvoca de la precariedad y de los bajos salarios, es la estad¨ªstica que nos mantiene por encima del 30% de eventualidad de nuestra poblaci¨®n laboral (triplicando a Francia y duplicando, con creces, la tasa europea) y la que nos se?ala que los nuevos cotizantes a la Seguridad Social lo hacen sobre unas bases salariales aproximadamente un 40% menores que la media de los cotizantes anteriores.

Otra gran anomal¨ªa de nuestro mercado laboral es la siniestralidad. Cinco trabajadores mueren cada d¨ªa laborable en accidentes laborales. Cada a?o aumentan esas cifras, ya de por s¨ª escalofriantes, que nos sit¨²an a la cabeza del ranking en inseguridad laboral. La inserci¨®n laboral de los discapacitados es otra gran cuesti¨®n pendiente. En Espa?a s¨®lo trabaja una de cada cuatro de las personas con discapacidad que se consideran activas, es decir, en edad de trabajar y con capacidad y potencial de poder hacerlo. En cifras absolutas, trabajan unos 350.000 discapacitados de una poblaci¨®n activa de m¨¢s de un mill¨®n y medio.

La poblaci¨®n inmigrante se hace cada vez m¨¢s presente en nuestro mercado laboral y en nuestra sociedad. Sus efectos en las condiciones de trabajo de los sectores econ¨®micos en los que aumenta su presencia, son conocidos. La poblaci¨®n nacional acaba desplazada de un mercado laboralmente inaceptable y se instala progresivamente un dualismo sociolaboral lastrado a la baja. A su vez, la enorme presencia de inmigrantes irregulares acent¨²a estos efectos y generaliza la econom¨ªa en negro de los sin papeles. En Espa?a tenemos aproximadamente un mill¨®n cien mil inmigrantes, de los que 500.000 son de la UE y 600.000 del resto del mundo regularizados. Pero el censo de empadronados ya nos muestra unos 500.000 m¨¢s irregulares, generados en menos de dos a?os cuya mayor¨ªa trabaja clandestinamente en nuestro pa¨ªs. ?Qu¨¦ pol¨ªtica estamos llevando a cabo en esta delicada y fundamental cuesti¨®n? La ineficiencia en la contrataci¨®n en origen y en la persecuci¨®n del fraude con los inmigrantes en el mercado laboral, es flagrante. ?Qu¨¦ estamos haciendo para favorecer la integraci¨®n social y cultural de esta poblaci¨®n que pronto llegar¨¢ al 5% de la sociedad espa?ola y queen muchos lugares ya supera el 10% o el 20%?

Estamos orgullosos del formidable cambio social que ha experimentado la mujer en los ¨²ltimos veinte a?os en Espa?a. Alcanzaremos en unos a?os el 50% de poblaci¨®n activa femenina. Pero su presencia en el mercado laboral se sostiene en un esfuerzo exagerado de las mujeres (atrapadas por la doble jornada) y en un abandono preocupante de nuestras familias y de la educaci¨®n de nuestros hijos. En esto, como en otras muchas cosas, los espa?oles caminamos veinte a?os atr¨¢s que los europeos. La incorporaci¨®n de la mujer al mercado laboral (que no al trabajo) lleva aparejadas nuevas necesidades sociales e importantes reformas estructurales y culturales. Nos quejamos de la baja natalidad espa?ola, y como soluci¨®n nos bombardean de propaganda con una m¨ªsera ayuda fiscal (?100 euros para las madres trabajadoras!), sin afrontar la complejidad de las razones que explican por qu¨¦ las parejas espa?olas tienen tan pocos hijos y a edad tan avanzada.

No se trata s¨®lo del precio de la vivienda, la precariedad laboral o los bajos salarios. Es que en Espa?a no hay pol¨ªtica para la atenci¨®n de los ni?os de 0 a 3 a?os porque el nivel de escolaridad en esas edades no llega al 10% de los ni?os espa?oles. En Espa?a no hay pol¨ªtica para la dependencia de nuestros mayores, a pesar de que la demograf¨ªa nos acecha y de que ya hoy tenemos casi siete millones mayores de 65. De los cuales 1,4 millones de mayores de 80 a?os y m¨¢s de dos millones de mayores necesitan alg¨²n tipo de ayuda y de ellos casi un mill¨®n necesitan una ayuda importante en tiempo de dedicaci¨®n. Pues bien, a nuestros mayores les cuidan sus mujeres o sus hijas, o personas contratadas (casi siempre inmigrantes), sin ayuda p¨²blica ninguna. Cuatro de cada cinco cuidadores de mayores, son mujeres.

Las cuestiones pendientes en el cap¨ªtulo de la mujer en el empleo y de la conciliaci¨®n entre familia y trabajo son muchas e importantes. El Gobierno conservador en Francia ha anunciado todo un plan de medidas de apoyo a la familia, desde las guarder¨ªas hasta el permiso de paternidad, en un pa¨ªs en el que las pol¨ªticas p¨²blicas de apoyo a la familia han sido siempre intensas e integrales, lo que les ha permitido recuperar la cabeza de Europa en los ¨ªndices de natalidad. En nuestro pa¨ªs todo est¨¢ pendiente: la igualdad salarial de hombres y mujeres en el salario (30% menos de media), o en el acceso al empleo o en la subrepresentaci¨®n de la mujer en sectores, profesiones y escalas; las hipotecas de la maternidad en la carrera profesional; la doble jornada laboral de la mayor¨ªa de las mujeres casadas; la jornada laboral prolongada de la mayor¨ªa de los empleados, que descuidan la educaci¨®n de los hijos y abandonan las tareas dom¨¦sticas. Las pol¨ªticas de conciliaci¨®n trabajo-familia son incipientes, insuficientes e ineficientes.

El Gobierno se escuda en el debate social aludiendo a comparaciones con los gobiernos del PSOE, sin asumir que llevan siete a?os gobernando sin reconocer que sus pol¨ªticas han estancado el gasto social, acentuando la regresividad de su orientaci¨®n y sin comprender que hay una nueva sociedad que demanda una nueva pol¨ªtica social. En un documentado trabajo de Alberto Infante publicado por la Fundaci¨®n Alternativas, Repensando los servicios p¨²blicos en Espa?a, se ponen de manifiesto algunos datos que corroboran intuiciones generalizadas. Que hemos pasado del noveno al puesto 21? del ?ndice de Desarrollo Humano del PNUD. Que entre 1999 y 2002 han aumentado las diferencias entre ricos y pobres y que un 10% de la poblaci¨®n est¨¢ por debajo de la l¨ªnea de pobreza porque ingresa menos de la mitad del salario m¨ªnimo. Que el gasto social (pensiones, salud, ayuda familiar y desempleo) en relaci¨®n con el PIB no ha dejado de caer desde 1996 hasta el 2000 (¨²ltima estad¨ªstica conocida). Seg¨²n datos del Eurostat, en esos cinco a?os, nuestro gasto social ha ca¨ªdo dos puntos porcentuales, hasta el 20,1% increment¨¢ndose nuestro diferencial con la media de la UE, hasta 7,6 puntos porcentuales. Es cierto que Francia y Alemania est¨¢n retocando su modelo social, pero se olvida, al hacer estas comparaciones, que estos dos pa¨ªses de la "vieja Europa" gastan el 30,3% y el 29,6% de su gasto p¨²blico, en gasto social, es decir, 10 puntos porcentuales m¨¢s, sobre su PIB, que los espa?oles.

Se alardea de recortes fiscales, pero se oculta su consecuencia: que los servicios p¨²blicos de nuestro pa¨ªs se han quedado cortos. En seguridad ciudadana la tasa de criminalidad super¨® por primera vez en la historia contempor¨¢nea de Espa?a las cincuenta infracciones por cada mil habitantes (10 puntos m¨¢s que en 1995). Unas plantillas deficitarias hasta en un 20% explican que en ciudades como Madrid, se concentre el 25% de las infracciones penales de toda Espa?a. La inversi¨®n en justicia deber¨ªa duplicarse para modernizar un servicio b¨¢sico en un Estado moderno. La problem¨¢tica de la vivienda es conocida: el esfuerzo medio para comprar una vivienda se sit¨²a en el 45% del salario bruto frente al 30% de media europea. S¨®lo un 7% de las viviendas construidas en el 2000 han tenido subvenci¨®n p¨²blica. S¨®lo el 13% del parque de viviendas salen al mercado del alquiler frente a la cultura europea del Estado de bienestar que dedica del 30% al 57% del parque total a esa modalidad de acceso a la vivienda, tan necesaria para los j¨®venes espa?oles.

No hace falta seguir. La necesidad de aumentar el gasto p¨²blico en Educaci¨®n y en Investigaci¨®n es un clamor, de toda la comunidad educativa, universitaria y econ¨®mica. No es s¨®lo cuesti¨®n de equilibrio social. Tambi¨¦n est¨¢ en juego la capacitaci¨®n humana de nuestro pa¨ªs y nuestra futura competitividad, hoy seriamente cuestionada.

Hay una sociedad detr¨¢s de la pol¨ªtica. Delante de la pol¨ªtica dir¨ªamos mejor. Delante de la pol¨ªtica econ¨®mica especialmente, a?ado. Un economicismo exagerado y absorbente, determina la pol¨ªtica y desordena la sociedad. En un reciente encuentro con dirigentes de la patronal francesa, el representante del MEDEF, nos dec¨ªa, a una delegaci¨®n de parlamentarios espa?oles: "Dejen que el mercado equilibre las diferencias entre nuestros pa¨ªses europeos. No hagan leyes. No intervengan desde el poder pol¨ªtico". Sus extraordinarias esperanzas en el mercado se contradicen con la realidad. Un mundo globalizado orientado hacia los valores que predica el neoliberalismo econ¨®mico, regido por Bush y sometido a los grandes oligopolios econ¨®micos, deconstruye la sociedad, la dualiza, la hace fr¨¢gil e insegura, abandona millones de seres ante sus infortunios, acent¨²a las diferencias entre pa¨ªses y entre sus ciudadanos, individualiza la vida haci¨¦ndonos ajenos a nuestros semejantes.

No podemos elegir ni cu¨¢ndo ni c¨®mo morimos, pero podemos y queremos elegir nuestro modo de vida, nuestro modelo social. Los par¨¢metros del debate econ¨®mico no pueden ser ajenos a las consecuencias sociales porque el ¨¦xito econ¨®mico es un instrumento, debe ser un medio de atender y resolver la organizaci¨®n social y sus problemas. La econom¨ªa al servicio de la sociedad y no al rev¨¦s. Unas palabras de Ortega y Gasset, son apropiadas para explicar esta idea elemental: "El r¨ªo se abre un cauce y luego el cauce esclaviza al r¨ªo". No dejemos que la econom¨ªa esclavice la sociedad.

Ram¨®n J¨¢uregui es portavoz del PSOE en la Comisi¨®n de Pol¨ªtica Social y Empleo.