De Palacio y el abogado general de Luxemburgo, en entredicho
La contundente sentencia de ayer pone punto final a una dura y agria batalla que durante casi cinco a?os se ha desarrollado en los frentes de Bruselas, Madrid y Luxemburgo, entre otros. La comisaria de Transportes y Energ¨ªa y vicepresidenta de la Comisi¨®n, Loyola de Palacio, y el abogado general encargado del caso en el Tribunal de la UE, el tambi¨¦n espa?ol D¨¢maso Ruiz-Jarabo, son las dos personas que ayer quedaron m¨¢s en entredicho.
La primera, porque ha sido, frente a varios comisarios, la m¨¢s ferviente defensora de la acci¨®n de oro. El segundo, porque en marzo pasado defendi¨® la legalidad de la norma espa?ola y ahora el Tribunal sentencia lo contrario, algo que s¨®lo ocurre en dos de cada diez casos. En el lado opuesto, los comisarios Frits Bolkestein, de Mercado Interior, y Mario Monti, de Competencia, defendieron criterios m¨¢s restrictivos.
El inter¨¦s general
En cuanto al abogado general (una especie de fiscal) Ruiz-Jarabo, sus conclusiones fueron vistas con recelo por tratarse de un espa?ol y porque su hermano, Ignacio, preside la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Para ¨¦l, la acci¨®n de oro en Espa?a, es "compatible" con el Tratado de la UE y estaba justificada "por razones de inter¨¦s general" y era "proporcionada" con el fin que persegu¨ªa. Para m¨¢s casualidades, el magistrado que encabeza la firma de 14 jueces que han intervenido en la sentencia y presidente del Tribunal es el tambi¨¦n espa?ol Gil Carlos Rodr¨ªguez Iglesias.
La batalla hab¨ªa comenzado el 26 de octubre de 1998, cuando la Comisi¨®n comunic¨® a Espa?a que la legislaci¨®n pod¨ªa infringir la libre circulaci¨®n de capitales. Tras el correspondiente intercambio de pareceres, la Comisi¨®n denunci¨® a Espa?a al Tribunal en 2000 por entender que eran contrarias al derecho comunitario la ley de marzo de 1995 (bajo Gobierno socialista) sobre el r¨¦gimen jur¨ªdico de enajenaci¨®n de participaciones p¨²blicas y cinco decretos, aprobados ya con Gobiernos del PP, por los que se regulaba en Repsol (1996), Telef¨®nica (1997) y Argentaria, Tabacalera y Endesa (1998). La decisi¨®n de la Comisi¨®n de acudir al Tribunal cont¨® con el voto a favor de Loyola de Palacio, quien ayer prefiri¨® no pronunciarse. S¨ª lo hicieron fuentes pr¨®ximas al comisario Bolkestein, que mostraron su satisfacci¨®n.
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