Una mara?a de competencias

El Observatorio de Procesos de Exclusi¨®n y de Incorporaci¨®n Social es una excelente atalaya para ver la realidad, sobre todo la vinculada a la pobreza, pero tambi¨¦n la de los servicios sociales en general. El responsable de este observatorio gestionado por la ONG Sartu, Nando Consuegra, enumera los retos de este ¨¢mbito. Uno de los mayores, explica, es que el sistema de servicios sociales "madure", puesto que hoy es a¨²n una mara?a de competencias gubernamentales, forales y municipales. Tambi¨¦n cree necesario establecer un sistema de convenios regulado con las organizaciones sin ¨¢nimo de lucro que trabajan en este ¨¢mbito.

Consuegra alerta igualmente sobre el hecho de que, si bi¨¦n la renta b¨¢sica es igual en toda la comunidad, los suplementos que una familia percibe ante las mismas necesidades var¨ªan en funci¨®n de la provincia, o lo que es lo mismo, seg¨²n la voluntad pol¨ªtica de sus responsables. El coordinador de esta atalaya advierte asimismo sobre el incremento de los llamados trabajadores pobres, personas que con su formaci¨®n s¨®lo podr¨¢n acceder a salarios que superan por poco la renta b¨¢sica.

La situaci¨®n de las personas mayores difiere mucho de una provincia a otra

El 3,52% de los hogares vascos est¨¢ por debajo del umbral de la pobreza, un porcentaje muy alejado del 15,5% de la media espa?ola, seg¨²n datos del INE facilitados por el Gobierno vasco. La renta b¨¢sica, que en Euskadi es un derecho regulado por ley, supera ya el salario m¨ªnimo interprofesional. Este a?o oscila entre los 426 euros mensuales que recibe una persona y los 658 euros para una familia de cinco personas. El Gobierno paga el grueso de esta ayuda, que las diputaciones completan. Adem¨¢s, ahora se puede compatibilizar la renta b¨¢sica con la realizaci¨®n de ciertos trabajos. El a?o pasado 21.464 personas percibieron este salario social (algunas cobraron un solo mes y otras, varios). La partida gubernamental para renta b¨¢sica es de 104 millones de euros. Paralelamente, se pagaron 16.500 ayudas de emergencia para necesidades puntuales.

El ciclo educativo para ni?os de 0 a 3 a?os ha generado uno de los mayores debates sobre asuntos sociales en Euskadi, donde cada mujer tiene 1,1 hijos. El decreto gubernamental para regular esta etapa no gusta a nadie, salvo a sus promotores, el Gobierno tripartito. La oposici¨®n parlamentaria vasca y todos los sectores de la educaci¨®n p¨²blica lo han criticado: reclaman a Educaci¨®n que cree una red p¨²blica ¨²nica y potente que cubra la demanda. Hoy existen 10.190 plazas p¨²blicas (incluidas municipales) y otras 11.560 privadas. Pero la cobertura de 0 a 2 a?os es escasa. Educaci¨®n pretende crear mil nuevas plazas p¨²blicas municipales para ese tramo de edad antes de fin de a?o. Los padres pagar¨¢n entre 105 y 165 euros como m¨¢ximo. La cr¨ªtica desde la escuela p¨²blica es que, en igualdad de condiciones de financiaci¨®n, los padres elegir¨¢n las guarder¨ªas privadas.

Mientras, la atenci¨®n a las personas mayores (el 17,9% de los vascos tiene m¨¢s de 65 a?os) es uno de los ¨¢mbitos en los que las diputaciones han hecho mayores esfuerzos. Las tres diputaciones han creado nuevas plazas subvencionadas en residencias para ancianos, pero la situaci¨®n difiere mucho de una provincia a otra. En Guip¨²zcoa hay 3.839 plazas p¨²blicas; en ?lava, 1.125, y en Vizcaya, s¨®lo unas 350. Ahora existen unas 940 personas en lista de espera: unos 450 son guipuzcoanos, 390 alaveses y un centenar vizca¨ªnos. Las telealarmas tambi¨¦n se han incrementado: ?lava es donde menos hay (509 usuarios), aunque la atenci¨®n es all¨ª universal. En Guip¨²zcoa hay 3.425 y en Vizcaya 2.534. Y la atenci¨®n domiciliaria llega a 171 hogares de Vizcaya, a 1.500 de ?lava y a 2.280 de Guip¨²zcoa.

La iniciativa m¨¢s novedosa hacia los inmigrantes ha sido la creaci¨®n de un servicio oficial de atenci¨®n jur¨ªdica y social gratuito para irregulares. Unos 700 sin papeles han sido atendidos desde noviembre pasado, cuando se abri¨® este servicio, desde el que se les deriva a toda la red de atenci¨®n sociosanitaria. El servicio, a trav¨¦s del cual 600 extranjeros han solicitado su regularizaci¨®n, es fruto de un acuerdo entre los tres colegios de abogados provinciales y la Direcci¨®n de Inmigraci¨®n del Gobierno vasco.

En Euskadi viven unos 22.000 inmigrantes regulares y se estima que hay unos 7.000 irregulares.