La Audiencia Nacional falla que Arag¨®n carece de legitimidad para recurrir el trasvase

A s¨®lo cuatro d¨ªas de los comicios auton¨®micos, la Audiencia Nacional ha dejado caer un regalo al Gobierno y a las comunidades aut¨®nomas dirigidas por el PP en el litoral mediterr¨¢neo. El tribunal desestima un recurso del Ejecutivo aragon¨¦s contra el concurso para contratar el estudio de impacto ambiental del trasvase del Ebro. El fallo afirma que Arag¨®n carece de legitimidad para recurrirlo porque los estudios se ci?en a los corredores desde el bajo Ebro (Tarragona) a La Abrera (Barcelona) y hasta el l¨ªmite de la provincia de Castell¨®n, un espacio situado fuera de Arag¨®n.

La Audiencia estima en su sentencia -votada y fallada el pasado 7 de mayo y divulgada ayer- que Arag¨®n no ostenta ning¨²n inter¨¦s leg¨ªtimo para impugnar los estudios o las obras que se realicen fuera de los t¨¦rminos territoriales de su comunidad. "Su inter¨¦s obviamente est¨¢ en si se realizan o no transferencias de recursos h¨ªdricos [desde Arag¨®n] y en qu¨¦ cantidad a otras Comunidades Aut¨®nomas", dice el fallo.

Aun en caso de que la procedencia del agua se sit¨²e en Arag¨®n, la Audiencia Nacional afirma que no comporta legitimidad para oponerse a un trasvase, porque est¨¢ acordado por la ley del Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN), recurrida, eso s¨ª, ante el Tribunal Constitucional.

La sentencia ratifica un auto, dictado por un juez central de lo contencioso administrativo, que declar¨® inadmisible en diciembre pasado un recurso previo contra el pliego de bases elaborado por la sociedad estatal Trasagua para contratar el estudio de impacto ambiental del trasvase, de 1.050 hect¨®metros c¨²bicos, desde el bajo Ebro a Barcelona y el litoral mediterr¨¢neo.

En uno de sus fundamentos, la sentencia sostiene que, aprobado el PHN, la contrataci¨®n de estudios y obras necesarias para hacer efectiva "esa transferencia de recursos que se va a realizar fuera de Arag¨®n no afecta a dicha comunidad aut¨®noma, siendo indiferente que el estudio se realice por una u otra empresa". Por tanto, concluye: "La anulaci¨®n del acto recurrido no ocasiona a la apelante ning¨²n beneficio, ni su desestimaci¨®n le perjudica, pues el montante de los recursos transferidos es el mismo y est¨¢ fijado por ley. No se trata, en definitiva de distinguir entre titularidad de un derecho y ostentar un inter¨¦s leg¨ªtimo, sino de la ausencia de ¨¦ste a¨²n en sus formas m¨¢s difusas".

Para la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodr¨ªguez, el fallo demuestra que el Gobierno est¨¢ haciendo la cosas bien y que el PHN sigue adelante porque no perjudica a nadie: "Ahora el Ejecutivo aragon¨¦s tendr¨¢ que explicar en qu¨¦ est¨¢ empleando sus recursos, porque la sentencia le obliga al pago de costas". El Gobierno regional entiende que la sentencia no sienta jurisprudencia respecto al resto de recursos contra el trasvase y conf¨ªa en el que ha planteado ante el Constitucional contra una ley (el PHN) aprobada en las Cortes.