El Defensor del Pueblo denuncia la saturaci¨®n y hacinamiento de las c¨¢rceles

El Defensor del Pueblo denuncia la sobreocupaci¨®n de la pr¨¢ctica totalidad de las c¨¢rceles, que llega al hacinamiento en algunas de ellas, el d¨¦ficit de medios personales y las dificultades para la construcci¨®n de nuevos centros penitenciarios. As¨ª se refleja en el informe de la instituci¨®n correspondiente al a?o 2002. En ese a?o, la poblaci¨®n reclusa pas¨® de 47.521 a 51.863. El informe tambi¨¦n exige al Gobierno que acabe con los "guetos de inmigrantes" que se est¨¢n creando en Espa?a, y fuerce a los arrendatarios a alquilar pisos a los extranjeros.

En el informe se califica de "preocupante" el incremento de la poblaci¨®n reclusa. El problema fundamental de la situaci¨®n penitenciaria se "deriva del hacinamiento que sufren algunos centros y la generalizada sobreocupaci¨®n de la pr¨¢ctica totalidad de ellos", especialmente los de las comunidades de Madrid, Andaluc¨ªa, Valenciana, Murcia, Catalu?a y, sobre todo, Canarias.

Adem¨¢s, denuncia que los nuevos centros "ya se inauguran con literas en las celdas, contradiciendo el texto de la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria ya desde su propia concepci¨®n". Esta saturaci¨®n redunda en un incremento de la conflictividad entre internos, como demuestra que en el caso de la Comunidad de Madrid las agresiones entre presos han aumentado un 20%.

Tambi¨¦n se hace hincapi¨¦ en este informe en la "notable dificultad" para cumplir los programas de mejora de infraestructuras y se?ala que "no es previsible" que ninguna de las nuevas c¨¢rceles programadas puedan estar operativas "en el mejor de los casos" antes de 2006.

Resalta adem¨¢s que a pesar de tratarse de centros programados en 1992 y dotar con dotaci¨®n presupuestaria, no se han comenzado a construir las prisiones previstas en Canarias, Navarra y Pa¨ªs Vasco por "falta de cooperaci¨®n de las autoridades auton¨®micas y locales a la hora de facilitar los terrenos necesarios". Como tercer aspecto deficitario, el Defensor subraya el d¨¦ficit de medios personales y recuerda que a 25 de septiembre de 2002 se manten¨ªan 2.220 celdas vac¨ªas "por falta de funcionarios que pudieran encargarse del funcionamiento de estas infraestructuras".

La ratio actual de un funcionario de vigilancia por cada 2,2 reclusos resulta "excesiva", a juicio del Defensor, y afecta a la seguridad de los centros, ya que debido a su r¨¦gimen laboral y horario en "muchas ocasiones" un s¨®lo funcionario debe hacerse cargo de la seguridad y vigilancia de m¨¢s de cien internos.

Respecto a la reforma del C¨®digo Penal planteada por el Gobierno, y en particular a la sustituci¨®n de los arrestos de fin de semana por penas de extensi¨®n muy reducida, como tres meses, el Defensor considera que estas cortas condenas "carecen, en general, de cualquier efecto resocializador".

Respecto a los inmigrantes, el informe destaca la necesidad de que las Administraciones P¨²blicas "combatan con firmeza la generaci¨®n de guetos" de inmigrantes en Espa?a y se "empe?en en disminuir las reticencias de arrendatarios" de viviendas a inmigrantes. As¨ª lo recoge en el apartado Racismo y Xenofobia que el informe incluye en un amplio cap¨ªtulo, de 130 hojas, titulado Inmigraci¨®n y extranjer¨ªa.

Se?ala el informe que numerosos propietarios de viviendas se resisten a facilitar el acceso a ellas de inmigrantes, en r¨¦gimen de alquiler, y a?ade que "incluso en determinados puntos se ha creado de manera sutil una situaci¨®n a trav¨¦s de la cual se tiende a la concentraci¨®n de los inmigrantes en determinados barrios".