Problema de Ibarretxe

Juan Mar¨ªa Atutxa ha hecho saber que, antes que dar cumplimiento a la decisi¨®n del Tribunal Supremo sobre la disoluci¨®n del Grupo Parlamentario Sozializta Abertzleak (SA), estar¨ªa dispuesto a presentar su dimisi¨®n como presidente del Parlamento vasco. No creo que nadie tenga la menor duda de que el presidente nacionalista vasco har¨¢ honor a su palabra.

El problema es que esa dimisi¨®n no resuelve nada. En el caso de que se produjera, tendr¨ªa que procederse a la elecci¨®n de un nuevo presidente, que ser¨ªa otro parlamentario del PNV-EA que se comportar¨ªa en esta materia exactamente igual que Atutxa.

Ning¨²n presidente del Parlamento vasco con un m¨ªnimo de dignidad personal y de respeto por la instituci¨®n que preside podr¨¢ dar cumplimiento a la decisi¨®n del Tribunal Supremo. Y no podr¨¢ d¨¢rselo porque el auto del Tribunal Supremo es un atropello, carente de fundamentaci¨®n jur¨ªdica alguna. El auto no menciona ni un solo precepto de la Constituci¨®n, del Estatuto de Autonom¨ªa o de alguna ley en el que fundamente su decisi¨®n de extender la disoluci¨®n de Batasuna al Grupo Parlamentario SA. Y no lo menciona porque no hay en todo el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol ni un solo precepto en que dicha decisi¨®n se pueda fundamentar. Los ¨²nicos preceptos que existen en todo el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol en los que hay un punto de vinculaci¨®n entre el partido y el grupo parlamentario son los art¨ªculos 2 y 9 de la LO 3/1987, de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, que disponen que las subvenciones a los grupos parlamentarios, en los t¨¦rminos establecidos por la normativa parlamentaria, constituyen recursos del partido (art. 2), de lo que se deriva la obligaci¨®n de que consten en la contabilidad partidista (art. 9). Y dichos preceptos, una vez disuelto el partido, el que sea, dejan de ser de aplicaci¨®n.

Siendo esto as¨ª, y no conozco a nadie con conocimientos de derecho constitucional en general y parlamentario en particular que opine de manera distinta, es evidente que cualquier presidente del Parlamento vasco no podr¨¢ tomar la decisi¨®n de ejecutar el auto del Tribunal Supremo, contraviniendo el Estatuto de Autonom¨ªa y el Reglamento de la C¨¢mara, que es el fundamento de su propia autoridad. Hacer lo contrario no s¨®lo supondr¨ªa faltarse el respeto a s¨ª mismo personalmente, sino que supondr¨ªa adem¨¢s aceptar el atropello de la instituci¨®n. Antes que eso, el presidente tiene dos opciones: o dimitir o comunicar al Tribunal Supremo que no puede dar ejecuci¨®n a lo que se le ordena, y enfrentarse al procesamiento correspondiente. La ¨²nica opci¨®n que no tiene, ni personal ni pol¨ªticamente, es ejecutar el auto del Tribunal Supremo.

Tal como est¨¢n las cosas es m¨¢s que probable que el problema deje de ser del presidente del Parlamento para pasar a ser un problema del lehendakari. Tal vez la ¨²nica soluci¨®n que se le pueda acabar encontrando a este enfrentamiento, que nunca se habr¨ªa producido si el Tribunal Supremo se hubiera mantenido dentro de los l¨ªmites de su funci¨®n jurisdiccional, sea la disoluci¨®n anticipada del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Pol¨ªticamente no es nada aconsejable que se celebren elecciones cuando ha transcurrido tan poco tiempo desde las ¨²ltimas, pero es posible que no haya otra salida. En todo caso, el problema est¨¢ adquiriendo una dimensi¨®n tal que va a dejar de ser un problema de Juan Mar¨ªa Atutxa para pasar a ser un problema de Juan Jos¨¦ Ibarretxe.