?Quieren acabar con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n?

El narcotraficante gallego Laureano Oubi?a ignoraba en 1993 que la Fiscal¨ªa Especial Antidroga hab¨ªa puesto su lupa en el gigantesco y decadente pazo Bay¨®n en el que resid¨ªa junto a su familia. No sab¨ªa que se hab¨ªan abierto unas diligencias de investigaci¨®n sobre sus actividades delictivas. Cuando la polic¨ªa registr¨® la casa-pazo encontr¨® las acciones paname?as que acreditaban la propiedad de este edificio, luego embargado por la justicia y ahora dedicado a la elaboraci¨®n de vino. Gracias a esas pesquisas prejudiciales se incaut¨® en Ginebra (Suiza) dinero de Sito Mi?anco, otro traficante de drogas gallego.

?Se puede luchar contra el crimen organizado si el fiscal tiene la obligaci¨®n de informar al sospechoso sobre la apertura de una investigacion prejudicial? ?Se puede limitar a seis meses la investigaci¨®n de los complejos y enrevesados delitos econ¨®micos? Los que han impulsado la ley que recoge el nuevo Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, publicado en el BOE del pasado martes y aprobado en las Cortes con los votos del PP, CIU, PNV y CC, aseguran que estas modificaciones ofrecen garant¨ªas que hasta ahora no ten¨ªan los investigados.

El nuevo estatuto del ministerio fiscal ha ca¨ªdo como una bomba en los despachos de los 11 fiscales que integran la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n

"Hay un antes y un despu¨¦s desde el nacimiento de esta fiscal¨ªa especial. Antes, las absoluciones eran estrepitosas porque no hab¨ªa fiscal"

"?Por qu¨¦ cuando arrancamos nos asignaron Banesto y se quedaron con la causa del Santander? Supongo que fueron razones extrajur¨ªdicas"

Reparos y preocupaci¨®n

En la madrile?a sede de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n estos cambios han ca¨ªdo como una bomba cuyos da?os son dif¨ªciles de medir en un ¨®rgano especial como ¨¦ste que ha sentado en el banquillo a los principales protagonistas de los casos de corrupci¨®n y delincuencia econ¨®mica de la ¨²ltima d¨¦cada, tanto a los ocurridos durante la etapa socialista como los que ahora afloran bajo el mandato del PP.

La mayor¨ªa de los 11 fiscales que forman el equipo de Carlos Jim¨¦nez Villarejo no oculta sus reparos y preocupaci¨®n ante una ley que puede atarles de pies y manos y que ha sido impulsada por el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, el pol¨ªtico que cuando estaba en la oposici¨®n y estallaron los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n socialista propuso la creaci¨®n de esta fiscal¨ªa. Un ¨®rgano que en sus siete a?os y medio de vida ha logrado 29 sentencias condenatorias en los 33 casos que ha investigado y que ya han sido juzgados por los tribunales.

Joan Miguel Nadal, alcalde de CiU en Tarragona, al que se abrieron unas diligencias de investigaci¨®n que luego archiv¨® el TSJ de Catalu?a, nunca imagin¨® que el da?o que le caus¨® la filtraci¨®n a la prensa de aquellas pesquisas servir¨ªa de bandera para que su partido impulsara una reforma que, a juicio de algunos, blindar¨¢ al crimen organizado y arruinar¨¢ las investigaciones de los fiscales, en especial las de los ¨®rganos especiales, como la Fiscal¨ªa Antidroga o Anticorrupci¨®n. Manuel Silva, 42 a?os, diputado de CiU, lo reconoce: " S¨ª, ha sido por este caso, un poco m¨¢s y le cuesta la alcald¨ªa, y por otros que aparec¨ªan en la memoria de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Ten¨ªamos que regular esto".

Carlos Castresana, 45 a?os, un fiscal que ha dedicado varios a?os a investigar a Jes¨²s Gil, ex alcalde de Marbella y ex presidente del Atl¨¦tico de Madrid, no oculta su escepticismo y se pregunta por qu¨¦ esta medida ha sido acogida con tanto entusiasmo. "Es imposible terminar ninguna de nuestras investigaciones en seis meses. Cuando pides informes a la polic¨ªa o a otros organismos, tardan meses en contestar. Si, adem¨¢s, las diligencias de investigaci¨®n se comunican a los sospechosos, no va a haber denunciantes. Nuestras investigaciones tienen que ser confidenciales por necesidad. Un ¨®rgano no puede estar sometido a otros plazos que los de la prescripci¨®n".

El fiscal Alejandro Luz¨®n, 38 a?os, que dirigi¨® la investigaci¨®n del caso Rold¨¢n, asegura que en ese plazo "tan excesivamente breve" es imposible culminar una investigaci¨®n seria. "La presencia del investigado impide que nuestro trabajo sea secreto. No se se corresponde con la naturaleza de las diligencias de investigaci¨®n, que no tienen valor probatorio. No tiene sentido que se d¨¦ audiencia al investigado. Sus derechos se le dan con todas las garant¨ªas en la fase de instrucci¨®n. Que se le informe de la apertura de diligencias no me parece mal, pero que se pueda personar es excesivo e impropio".

Vicente Gonz¨¢lez Mota, 40 a?os, el fiscal encargado de la acusaci¨®n en el el fraude de Gescartera, plantea otras pegas: "Si tengo que notificar al investigado que le estoy investigando y no me dan m¨¢s medios, ?c¨®mo lo voy a hacer? El investigado va a pedir pruebas de gran complejidad para agotar el plazo de los seis meses". Y sugiere otro problema: "Si la investigaci¨®n es veros¨ªmil y la fiscal¨ªa no llega, habr¨¢ que remitirlo al juzgado y que lo investigue el juez. Eso supone la foto del investigado en las escalerillas del juzgado y se consigue el efecto contrario que dicen quieren evitar. Ahora se pod¨ªa investigar en secreto sin que se enterara nadie. Yo he archivado muchas diligencias de investigaci¨®n". ?Y el caso del alcalde de CiU? Los fiscales destinados en Anticorrupci¨®n coinciden en que en esta fase son m¨¢s casos los que no trascienden a la opini¨®n p¨²blica.

Sobre la exigencia de pedir la pr¨®rroga al fiscal general del Estado para que contin¨²en las pesquisas, Gonz¨¢lez Mota es taxativo: "?C¨®mo voy a pedir la pr¨®rroga de forma sistem¨¢tica en todos los casos? Los mandar¨¦ al juez para que sean investigados".

En la Fiscal¨ªa Antidroga, la primera fiscal¨ªa especial creada en 1988, la nueva ley preocupa a sus nueve titulares y a los 15 fiscales que tienen repartidos por todo el pa¨ªs. Javier Zaragoza, 47 a?os, teniente fiscal, no oculta su frustraci¨®n: "Es un paso atr¨¢s en el futuro de la investigaci¨®n del ministerio fiscal. Carece de sentido, obstaculiza y ciega nuestro trabajo. ?Y las investigaciones policiales que duran a?os? ?Obligar¨¢n tambi¨¦n a la polic¨ªa a informar al sospechoso", se pregunta.

La facultad que el nuevo estatuto otorga a Jes¨²s Cardenal, fiscal general del Estado, para prorrogar en casos excepcionales el plazo de las diligencias de investigaci¨®n supone que una sola persona podr¨¢ decidir sobre el futuro de miles de investigaciones abiertas en todas las fiscal¨ªas del pa¨ªs. El a?o pasado fueron 7.350. ?Qu¨¦ ocurrir¨¢ ahora? "Nunca tenemos dificultades cuando investigamos el contrabando de tabaco y siempre hay problemas cuando se trata de corrupci¨®n pol¨ªtica", asegura Castresana, uno de los fundadores de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. "?Por qu¨¦ cuando arranc¨® esta fiscal¨ªa nos asignaron Banesto y se quedaron con la causa de las cesiones de cr¨¦dito del Banco de Santander? Habr¨¢ que suponer que fueron razones extrajur¨ªdicas. Esa es una caracter¨ªstica que se ha venido repitiendo en los siete a?os de esta fiscal¨ªa", a?ade este fiscal.

Los roces con Cardenal y las voces de los sectores m¨¢s conservadores de la judicatura y la prensa, que han cuestionado la necesidad de esta fiscal¨ªa, planean como una sombra por los despachos de un equipo que, pese a sus diferencias de afiliaci¨®n -cinco de sus fiscales no est¨¢n asociados, tres pertenecen a la Uni¨®n Progresista de Fiscales y dos a la Asociaci¨®n de Fiscales-, trabajan unidos como una pi?a. Algunos sospechan que las medidas del nuevo estatuto fiscal se han dise?ado pensando en amordazar a esta fiscal¨ªa.

"Cuestionar las fiscal¨ªas especiales es ir contra el devenir de los tiempos. La especializaci¨®n es clave para combatir los nuevos fen¨®menos criminales", se?ala Zaragoza. Jos¨¦ Ricardo de Prada, 45 a?os, uno de los magistrados m¨¢s antiguos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha juzgado numerosas causas investigadas por estos fiscales, se pronuncia as¨ª: "No soy partidario de nada especial, pero reconozco su utilidad y hay que admitirlas. Hay un antes y un despu¨¦s desde el nacimiento de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Antes no se persegu¨ªan los delitos econ¨®micos y las absoluciones eran estrepitosas porque no hab¨ªa fiscal". La especializaci¨®n en delitos econ¨®micos y fraude fiscal es la marca de esta casa, cuyo modelo ha recibido elogios del Consejo de Europa y se ha exportado a varios pa¨ªses.

Cr¨ªticas

Luis Mart¨ªn Mingarro, 65 a?os, decano del Colegio de Abogados de Madrid, aplaude la nueva ley; no cuestiona a esta fiscal¨ªa, pero dice que desde fuera se ve "como un reino de taifas", algo que niegan los fiscales. "La pol¨ªtica criminol¨®gica necesita de una cierta armon¨ªa general que no puede perderse en un ¨®rgano que se distancia mucho del tronco general", dice. Luis Jordana de Pozas, abogado en Cuatrecasas y ex fiscal de delitos econ¨®micos, apoya la especializaci¨®n, pero se pregunta a qu¨¦ obedece una fiscal¨ªa especial. "Prefiero que se especialicen en las distintas fiscal¨ªas". Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Caro y Antonio Camacho, portavoces de las dos principales asociaciones de fiscales, coinciden en la necesidad de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Camacho, de la UPF, es pesimista: "Han conseguido maniatar a la instituci¨®n. La nueva ley defiende a la clase pol¨ªtica y al poder econ¨®mico".