Los excesos de Ashcroft

Ha sido el propio ¨®rgano de vigilancia del Ministerio de Justicia estadounidense el que ha oficializado en un informe reciente un secreto a voces: la violaci¨®n de los derechos b¨¢sicos de cientos de inmigrantes ilegales detenidos en EE UU tras el 11 de septiembre de 2001. Casi un millar de personas que no ten¨ªan v¨ªnculo alguno con el terrorismo, y cuyo delito en la mayor¨ªa de los casos era su aspecto o procedencia, fueron encarceladas o deportadas. Los sospechosos, la mayor¨ªa musulmanes originarios de Oriente Pr¨®ximo o el sur de Asia, estuvieron en prisi¨®n durante meses sin acusaci¨®n alguna, privados de defensa legal y a veces maltratados por sus guardianes. El fiscal general, John Ashcroft, hab¨ªa dado instrucciones de mantenerlos en la c¨¢rcel en tanto no se comprobara que carec¨ªan de v¨ªnculos terroristas.

El fiscal general es un cruzado de la mano dura, con amplio apoyo popular y pol¨ªtico por su agresivo esfuerzo despu¨¦s del 11-S. Su reacci¨®n ante el informe de su propio departamento ha sido de arrogancia: nada hay que lamentar, acaba de decir ante el Comit¨¦ Judicial de la C¨¢mara de Representantes, a la que ha pedido nuevos poderes contra el terrorismo; ni nada de que disculparse por haber aplicado todos los medios legales posibles para proteger a los ciudadanos. Presumiblemente incluye entre ellos el secretismo de los procedimientos, la desidia del FBI por discernir entre sospechosos genuinos y v¨ªctimas accidentales o el hecho de que los detenidos pasaran de media casi tres meses entre rejas.

Nadie va a descubrir a estas alturas que desde el 11-S el Gobierno de George Bush ha pasado, dentro y fuera de su pa¨ªs, por encima de derechos b¨¢sicos en nombre de la seguridad nacional. Todav¨ªa ahora permanecen sin acusaci¨®n formal en el infamante centro de Guant¨¢namo muchos de los supuestos terroristas detenidos en Afganist¨¢n, en violaci¨®n de todas las convenciones de Ginebra que Washington ha invocado tan enf¨¢ticamente para sus soldados en Irak. Precisamente por ello, lo que otorga su gran valor al informe divulgado esta semana es que provenga no del oportunismo pol¨ªtico o de organizaciones humanitarias, sino de la misma Administraci¨®n estadounidense.

Si el derecho de EE UU a protegerse del terror es incuestionable, igualmente lo es para un pa¨ªs que se considera abanderado de la democracia que esa defensa se haga sin menoscabar derechos elementales. La investigaci¨®n del Departamento de Justicia debe servir para que Ashcroft abandone inmediatamente algunas de las pr¨¢cticas que ha convalidado durante estos 21 meses. Pero tambi¨¦n para que el Congreso de EE UU, te¨®ricamente el m¨¢s celoso guardi¨¢n de las libertades individuales, retome la tarea inexcusable de velar por la constitucionalidad de la lucha antiterrorista.