El Congreso no aclara el dep¨®sito del cifrado en la ley de telecomunicaciones

El Congreso ha aprobado la nueva Ley General de Telecomunicaciones, ante el estupor de la comunidad criptol¨®gica espa?ola. El Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa (MCyT) hab¨ªa asegurado, en abril, que eliminar¨ªa un art¨ªculo donde se obligaba a entregar las claves de cifrado a la Administraci¨®n. Al final, el texto s¨®lo ha sido modificado eliminando la referencia a las claves pero conservando la ambig¨¹edad que se le reprocha. La ley pasar¨¢ al Senado, donde no se esperan cambios.

El art¨ªculo en liza era el 36, que obligaba a los usuarios de comunicaciones cifradas a entregar sus claves a la Administraci¨®n, sin autorizaci¨®n judicial de por medio. Ante las quejas de las asociaciones de internautas, el MCyT prometi¨® eliminarlo, mediante una enmienda que nunca se hizo realidad.

Los grupos parlamentarios vasco, catal¨¢n, socialista y mixto s¨ª exigieron en el Congreso su supresi¨®n, pero el Partido Popular rechaz¨® todas las propuestas y opt¨® por dejar el texto tal como estaba en la antigua Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 1998, que ya provoc¨® una amplia campa?a de protesta.

Ambig¨¹edad total

As¨ª, el nuevo art¨ªculo 36 queda m¨¢s o menos igual que el viejo, el 52, que obligaba a notificar los algoritmos usados, pero sin referencia a las claves: "Se podr¨¢ imponer la obligaci¨®n de facilitar a un ¨®rgano de la Administraci¨®n General del Estado o a un organismo p¨²blico los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, as¨ª como la obligaci¨®n de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifrado, a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente".

Seg¨²n Arturo Quirantes, del grupo de ciberderechos CPSR-Spain, "aunque la cosa ya no es tan mala como al principio, sigue quedando cierta indefensi¨®n debido a la ambig¨¹edad de sus t¨¦rminos: ?Qu¨¦ es el "algoritmo o procedimiento de cifrado"? ?Cu¨¢l es la "normativa vigente" sobre control?".

Otros temas que quedan en el aire son la indefinici¨®n sobre qu¨¦ Administraci¨®n y en qu¨¦ condiciones podr¨¢ pedir los algoritmos, los posibles ataques que esto implique al derecho constitucional del secreto de las comunicaciones y que no se especifique la necesidad de autorizaci¨®n judicial para estas actuaciones, algo que exigen la mayor¨ªa de pa¨ªses del mundo, menos Corea del Sur y, ahora, Espa?a.