El Supremo condena al Gobierno a pagar 26 millones a Canal Sat¨¦lite

La Sala Tercera del Tribunal Supremo conden¨® ayer a la Administraci¨®n a indemnizar con 26,4 millones de euros, m¨¢s de 4.400 millones de pesetas, a Canal Sat¨¦lite Digital por los clientes perdidos y el retraso en las contrataciones causados por un real decreto promulgado para obstaculizar el funcionamiento de la plataforma. El Supremo recoge el dictamen de la Comisi¨®n Europea y el Tribunal de Estrasburgo sobre el asunto y concluye que el decreto cre¨® "una situaci¨®n de incertidumbre jur¨ªdica que influy¨® en la actitud de los grandes centros comerciales", que interrumpieron su comercializaci¨®n.

Las medidas establecidas en el real decreto 1/97 en el marco de una operaci¨®n auspiciada desde el primer Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y dirigida por el entonces vicepresidente Francisco ?lvarez Cascos y el portavoz, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, para obstaculizar el funcionamiento de Canal Sat¨¦lite mientras se potenciaba a su competidora, V¨ªa Digital, han tenido como consecuencia la obligaci¨®n de la Administraci¨®n de indemnizar con m¨¢s de 4.400 millones de pesetas a Canal Sat¨¦lite Digital participada por PRISA, empresa editora de EL PA?S) por los perjuicios producidos.

La plataforma reclamaba una cifra cuatro veces superior, m¨¢s de 16.641 millones de pesetas (100 millones de euros), tanto por los da?os causados (1.400 millones de pesetas) al tener que emitir desde Luxemburgo, como por las ganancias dejadas de percibir: 13.000 millones de pesetas por p¨¦rdida definitiva de abonados y 1.700 millones por retrasos en su captaci¨®n.

En s¨ªntesis, el decreto del Gobierno Aznar, -ya anulado por una sentencia anterior del Supremo- oblig¨® a los operadores a inscribirse en un registro y condicion¨® la comercializaci¨®n, distribuci¨®n, alquiler de aparatos y descodificadores a una certificaci¨®n de una Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones creada al efecto. Al amparo de dicho decreto se establec¨ªa que si los operadores no se pon¨ªan de acuerdo en el descodificador, ¨¦ste deber¨ªa ser del sistema multicrypt, el sistema de V¨ªa Digital, en tanto que Canal Sat¨¦lite operaba en simulcrypt.

Inspecci¨®n en supermercados

Como colof¨®n, la inscripci¨®n de Canal Sat¨¦lite fue denegada inicialmente y se levant¨® un acta de inspecci¨®n a la cadena de supermercados Continente, por comercializar los descodificadores de Canal Sat¨¦lite. Lo sucedido provoc¨® que otros grandes centros comerciales como El Corte Ingl¨¦s, Pryca, Hipercor y Alcampo se negaron o retrasaron la comercializaci¨®n "por no estar seguros de que el descodificador estuviera homologado".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jos¨¦ Manuel Sieira, considera que el decreto 1/97 del Gobierno vulner¨® el ordenamiento comunitario europeo, concretamente la libertad de circulaci¨®n de mercanc¨ªas y la libertad de prestaci¨®n de servicios. La sentencia sigue la doctrina contenida en una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, reca¨ªda en una cuesti¨®n prejudicial elevada por el Supremo a Luxemburgo, y el contenido de un informe y un dictamen de la Comisi¨®n Europea sobre el mismo asunto.

Del examen de la sentencia de Luxemburgo, el Supremo concluye que "sin lugar a dudas", el real decreto 1/97 es contrario al derecho comunitario y vulner¨® la libertad de circulaci¨®n de mercanc¨ªas y la libre prestaci¨®n de servicios. Por eso, el real decreto tuvo que ser modificado por otro posterior, el 16/97, de modo que quedaron derogados los preceptos que impon¨ªan un determinado sistema de acceso condicional y obligaban a dejar "inoperantes" los descodificadores ya instalados.

El Supremo tambi¨¦n coincide con la Comisi¨®n Europea en que el Gobierno estableci¨® "una clara preferencia favorable a la configuraci¨®n t¨¦cnica multicrypt", lo que "constituye un obst¨¢culo a la innovaci¨®n tecnol¨®gica, erigi¨¦ndose en un obst¨¢culo potencial al comercio entre Estados miembros". Adem¨¢s, considera que esa medida obstaculiz¨® directamente la puesta en el mercado en Espa?a de descodificadores legalmente fabricados y comercializados en otros Estados miembros, lo que constituye una medida de efecto equivalente prohibida por el Tratado de Roma.

El Supremo analiza despu¨¦s los requisitos para que una infracci¨®n de Derecho Comunitario genere la responsabilidad patrimonial de la Administraci¨®n. El primero de ellos es que la norma jur¨ªdica vulnerada "tenga por objeto conferir derechos a los particulares", como as¨ª lo reconoce el Supremo, ya que la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas y de prestaci¨®n de servicios redunda en beneficio de ¨¦stos.

Un segundo requisito es el de que la violaci¨®n del Derecho comunitario sea "suficientemente caracterizada". La sentencia esgrime un dictamen de la Comisi¨®n que aseguraba que la mera tolerancia ante el no respeto a ciertas disposiciones de la ley "no elimina el caos legislativo en el que se est¨¢ desarrollando esta actividad econ¨®mica en Espa?a". La conclusi¨®n es que ante la "gravedad" y el "car¨¢cter consciente de la infracci¨®n" y la "ausencia de justificaci¨®n de las autoridades espa?olas", se cumple tambi¨¦n este requisito.

El Supremo tambi¨¦n aprecia un tercer requisito, el nexo de causalidad directa entre la actuaci¨®n del Estado miembro, la infracci¨®n al derecho comunitario y el resultado da?ino producido. Canal Sat¨¦lite, bajo la direcci¨®n jur¨ªdica del bufete Mart¨ªnez Lage y Asociados adujo en su recurso el da?o emergente por los costes que tuvo que afrontar y el lucro cesante por la p¨¦rdida de clientes motivada por la preferencia otorgada a los descodificadores multicrypt.