Guatemala: nuevo alarde de impunidad

Una vez m¨¢s, la incre¨ªble, indescriptible, recalcitrante impunidad todav¨ªa reinante en Guatemala vuelve a ofender a la humanidad con otra de sus repugnantes exhibiciones de aniquilamiento de la justicia. Una vez m¨¢s vuelve a erizar nuestros cabellos el espect¨¢culo ¨¦pico de un poder judicial que se debate entre, por una parte, el hero¨ªsmo de unos pocos jueces y fiscales, ejemplares hombres y mujeres que arriesgan su vida en medio de terribles amenazas y coacciones, y, por otra parte, la actitud claudicante de otros jueces y funcionarios, corruptos o servilmente sometidos a la presi¨®n de unos poderes f¨¢cticos que, hist¨®ricamente, han sido siempre capaces de garantizar la impunidad de sus cr¨ªmenes. Y el ¨²ltimo pronunciamiento judicial sobre los militares implicados en el caso Mack constituye uno de esos ejemplos paradigm¨¢ticos, demostrativos de hasta qu¨¦ punto puede llegar la desverg¨¹enza alcanzada por una arraigada impunidad estamental. Una impunidad estamental que, desde hace d¨¦cadas, viene despreciando y desafiando todas las exigencias de la justicia y todos los pronunciamientos de la comunidad internacional.

El d¨ªa 11 de septiembre (?qu¨¦ tendr¨¢ esta fecha, escogida para materializar sus fechor¨ªas por grupos e individuos tan heterog¨¦neos como Pinochet, Al Qaeda y los asesinos del caso que hoy nos ocupa?), esta vez del a?o 1990, la prestigiosa antrop¨®loga guatemalteca Myrna Mack fue atacada a la salida de su trabajo y muerta de 27 pu?aladas en una calle c¨¦ntrica de Guatemala. Fundadora de la Asociaci¨®n para el Avance de las Ciencias Sociales (Avancso), hab¨ªa publicado en 1989 un informe en el que demostraba que el desplazamiento masivo de los ind¨ªgenas guatemaltecos y los grandes sufrimientos causados a las comunidades desplazadas hab¨ªan sido consecuencia directa de la pol¨ªtica contrainsurgente del Ej¨¦rcito.

Tras las primeras investigaciones, se redact¨® un informe que trataba de presentar el crimen como un caso de delincuencia com¨²n. Pero un polic¨ªa ejemplar, el agente Jos¨¦ Manuel M¨¦rida Escobar, resistiendo todo tipo de amenazas, mantuvo y firm¨® su propio informe, que se?alaba la existencia de un crimen pol¨ªtico ejecutado por un potente servicio secreto militar. El heroico polic¨ªa pag¨® con su vida, pues muri¨® asesinado poco despu¨¦s. Su m¨¢s directo colaborador en la investigaci¨®n tuvo que huir del pa¨ªs. Pero su informe orient¨® las pesquisas en la verdadera direcci¨®n.

Como resultado de ello, pudo ser identificado, detenido, juzgado y condenado a 30 a?os de prisi¨®n, en 1993, el autor material del apu?alamiento, el sargento Noel Beteta ?lvarez, miembro operativo del servicio extra?amente denominado EMP (Estado Mayor Presidencial). Nombre bajo cuyo inocuo aspecto se oculta, desde hace d¨¦cadas, un poderoso organismo militar dotado de grandes medios de informaci¨®n, seguimiento y desarrollo de operaciones clandestinas para la ejecuci¨®n extrajudicial de importantes personalidades, y as¨ª fue constatado, de forma minuciosa y largamente detallada, por la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico de la ONU y por otros informes de los organismos defensores de derechos humanos. (Ya en los a?os setenta, el que fue alcalde de la ciudad de Guatemala Manuel Colom Argueta proclam¨® que el llamado EMP era un verdadero escuadr¨®n de la muerte. Tambi¨¦n lo pag¨® con su vida, pues fue asesinado en 1979).

En 1994, tras una larga y penosa secuencia en la que testigos, polic¨ªas y jueces denunciaron amenazas y todo tipo de hostigamientos, que obligaron a algunos de ellos a abandonar el pa¨ªs, se consigui¨® confirmar el fallo contra el sargento Beteta, y, a la vez, dejar abierto proceso contra los m¨¢s evidentes responsables, los entonces jefes del EMP: el general Augusto Godoy y dos coroneles, Juan Valencia Osorio y Juan Oliva Carrera, que mandaban dicho servicio secreto en el momento en que se orden¨® y ejecut¨® el crimen en cuesti¨®n.

En 1999, ya nueve a?os despu¨¦s del crimen, tras otra larga secuencia de amenazas, entorpecimientos y recursos, el juez Henry Monroy hall¨® elementos suficientes para abrir juicio contra dichos tres jefes, acusados de haber ordenado el crimen. En el a?o 2000, tras varios traslados del expediente de un tribunal a otro en medio de nuevos entorpecimientos y retrasos, el Tribunal Tercero de Sentencia asumi¨® finalmente el caso y fij¨® fecha para la celebraci¨®n del juicio. Nuevos aplazamientos, recursos y recusaciones lo retrasaron nuevamente.

Por fin, en 2002, tras una tit¨¢nica lucha de 12 a?os de calvario procesal para la familia de la v¨ªctima, especialmente para su infatigable hermana Helen Mack, creadora y presidenta de la Fundaci¨®n Myrna Mack, dedicada a defender la memoria y los derechos atropellados de la fallecida, lleg¨® la merecida recompensa por un esfuerzo tan tenaz. El d¨ªa 3 de septiembre de 2002 se abr¨ªa el juicio oral contra los tres mandos (ya retirados), que, al cabo de 12 a?os, por primera vez ingresaban en prisi¨®n. Justo un mes despu¨¦s, el 3 de octubre de 2002, se emit¨ªa la sentencia. El coronel Juan Valencia Osorio, autor directo de la orden criminal, resultaba condenado a 30 a?os de prisi¨®n como responsable intelectual del asesinato de Myrna Mack. En cambio, los otros dos jefes tambi¨¦n imputados quedaron absueltos por -seg¨²n la sentencia- falta de evidencias suficientes.

Los elementos de prueba m¨¢s decisivos para esta sentencia fueron dos: la confesi¨®n del autor material, el ya citado sargento, de haber cometido el crimen obedeciendo la orden directa y personal del coronel Valencia, y la confesi¨®n de ¨¦ste, admitiendo haber dado aquella orden, aunque alegando que ¨¦l se limit¨® a transmitir ¨®rdenes superiores. Pero la directa actuaci¨®n del coronel Valencia Osorio dictando la orden a su ejecutor material, dentro de la obediencia jer¨¢rquica propia de la estructura militar, le convert¨ªan irremisiblemente en autor intelectual del crimen, sin posible eximente de obediencia debida, ya que la Constituci¨®n de Guatemala establece en su art¨ªculo 156 que "Ning¨²n funcionario, civil o militar, est¨¢ obligado a cumplir ¨®rdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisi¨®n de un delito". Ninguno de los dos, ni el coronel ni el sargento, pod¨ªa alegar el deber de obediencia, pues ninguno de ellos estaba obligado a obedecer una orden tan absolutamente criminal.

Sin embargo, siete meses despu¨¦s de aquella sentencia, la Sala Cuarta de Apelaci¨®n, en resoluci¨®n del pasado 7 de mayo, acaba de anular aquella sentencia, alegando un ¨²nico motivo, tan imp¨²dicamente falso como el siguiente: que "el fallo (de primera instancia) adolece de manifiesta contradicci¨®n, pues por un lado se atribuye al EMP la planificaci¨®n y ejecuci¨®n del asesinato a que se contrae este asunto, y, por otro lado, se asienta que no se ha evidenciado que dicho plan se generara en la referida instituci¨®n". Miserable argumento para una miserable decisi¨®n judicial, puesto que tal contradicci¨®n no existe en absoluto. Resulta perfectamente compatible, y nada contradictorio, que el plan criminal pudiera generarse originariamente fuera del EMP -cosa no evidenciada-, y que su planificaci¨®n concreta y su ejecuci¨®n f¨¢ctica -cosa plenamente probada- fuera ejecutada por la maquinaria operativa, personas y medios del EMP, como as¨ª fue. Tanto si el plan criminal se gest¨® inicialmente en el EMP o en otro lugar, ello no suprime en absoluto las responsabilidades individuales de sus jefes y ejecutores, pues lo que s¨ª ha quedado probado, de forma indudable, es que la operaci¨®n criminal fue preparada, desarrollada, ordenada y ejecutada por mandos y subordinados pertenecientes a la maquinaria militar de dicho EMP.

Si el autor material se?ala a quien le dio la orden criminal, y si el propio coronel Valencia, as¨ª como su defensa, reconoce que ¨¦l dio dicha orden, ?c¨®mo pudo ser todo este bloque probatorio desvergonzadamente ignorado por el Tribunal de Apelaci¨®n que anul¨® la sentencia, poniendo en libertad inmediata a los tres jefes procesados, en un pa¨ªs cuya Constituci¨®n niega expresamente a sus militares la posibilidad de obedecer ¨®rdenes delictivas? La respuesta -siniestra pero contundente- nos la proporciona el reciente informe de Amnist¨ªa Internacional sobre Guatemala al precisar el siguiente dato: "Los miembros de la judicatura han sido objeto de graves abusos. Entre enero de 2002 y febrero de 2003, 103 jueces y magistrados han sufrido amenazas y varios han sido v¨ªctimas de homicidio".

Recu¨¦rdese, por ejemplo, el caso de la admirable juez Yasm¨ªn Barrios, miembro del tribunal que dict¨® sentencia condenatoria en el caso Mack. Esta juez, aparte de numerosas amenazas recibidas por diversas v¨ªas a lo largo de otro importante caso juzgado en 2001, el del asesinato del obispo, monse?or Juan Gerardi, cometido tambi¨¦n por militares del EMP (de cuyo tribunal sentenciador tambi¨¦n esta juez formaba parte), recibi¨® en la fachada de su domicilio el impacto de dos bombas de mano, a modo de ligera advertencia, en la v¨ªspera de la apertura de aquel juicio oral. Este acto de directa amenaza e intimidaci¨®n no le impidi¨® dictar, tambi¨¦n en aquel caso, sentencia condenatoria. Pero no todos los jueces alcanzan este nivel de entereza y dignidad.

He aqu¨ª, pues, la clave de esta resoluci¨®n judicial, de este nuevo e inmundo triunfo de la impunidad. Primero, una sentencia honesta venciendo al miedo, la amenaza y la permanente coacci¨®n. Y segundo, una sentencia claudicante dictada por otros jueces en otro tribunal, cediendo, de forma no precisamente heroica, aunque s¨ª comprensible en t¨¦rminos de debilidad humana, a las presiones de un marco estamental y social de tan tremenda capacidad agresiva y coactiva. Un marco de amenaza e intimidaci¨®n radicalmente incompatible con el funcionamiento leg¨ªtimo y ordinario de la justicia.

Si resulta imposible que estos notorios cr¨ªmenes de la d¨¦cada de los noventa sean debidamente juzgados y sentenciados, resulta a¨²n m¨¢s evidente la absoluta imposibilidad de que lo sean los atroces cr¨ªmenes masivos perpetrados durante el genocidio de las comunidades mayas entre 1978 y 1983. Por desgracia, Guatemala sigue siendo el punto m¨¢s negro de toda Am¨¦rica en materia de impunidad criminal. De la m¨¢s infame y obscena impunidad.

Prudencio Garc¨ªa es consultor internacional del INACS y ex miembro del equipo de expertos internacionales de la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico de la ONU sobre Guatemala (CEH).